Pese a los titulares de prensa, el desafío fundamental que afronta Europa hoy va mucho más allá de Grecia. La verdadera pregunta es qué tipo de Unión Europea quieren los acreedores de Grecia: una «pequeña», integrada únicamente por los países dispuestos a cumplir sus exigentes normas, o una «grande» que atienda al llamamiento del Tratado de Roma a una «unión cada vez más estrecha».
El líder alemán Otto von Bismarck se enfrentó a un dilema similar cuando presidió la unificación alemana en el siglo XIX. Más conocido por su compromiso con la Realpolitik (la idea, como dijo Lord Palmerston, de que «las naciones no tienen amigos ni aliados permanentes, solo intereses permanentes»), Bismarck tuvo que abordar si la Alemania unificada debía ser grande o pequeña: con Austria o sin ella, y bajo el liderazgo conjunto o únicamente de Prusia. Fueron necesarias dos guerras, contra Austria y Francia, para que prevaleciera la solución de la «pequeña Alemania».
Algunos culpan a Bismarck del deslizamiento de Alemania hacia el fascismo en el siglo XX. Es una exageración. Lo que sí hizo fue demostrar cómo aprovechar las crisis para imponer el resultado que prefería, una práctica que los líderes de los países acreedores de Europa parecen estar emulando hoy. De hecho, al abogar por una Europa pequeña, han afirmado, con la sobria retórica de la Realpolitik, que la trayectoria de la integración europea está necesariamente determinada por las crisis que surgen en el camino.
Para los países acreedores de Europa, al igual que para Bismarck en el siglo XIX, las crisis son un precio aceptable que pagar por un futuro más estable. Parecen no reconocer que, con su enfoque actual, también acabarán sacrificando los principios fundamentales de la UE.
La integración europea se construyó sobre el ideal de una Europa unida que colaborara para preservar la paz, generar prosperidad y promover la democracia. Al principio, la cooperación se centró en crear un mercado común; los tecnócratas europeos, encabezados por el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, impulsaron una moneda común pese a las profundas diferencias estructurales. Se suponía que la integración política vendría después.
Eso no ocurrió. De hecho, el enfoque equivalía a poner el carro delante de los bueyes, con graves consecuencias, como ejemplifica la persistente crisis de la eurozona. Sin embargo, los tecnócratas han vuelto y ahora propugnan una unión fiscal que respalde la unión monetaria, sin que la unión política aparezca por ninguna parte.
Quizá los líderes europeos sigan creyendo que la necesaria integración política acabará produciéndose. Pero, incluso si llegara a ocurrir, algo poco probable, una unión política surgida de la desesperación por salvar la moneda común sería muy distinta de otra construida deliberadamente, como preveía el Tratado de Roma, sobre valores y objetivos compartidos. Y, mientras tanto, una unión fiscal sin unión política es una pesadilla antidemocrática.
El problema es que, en vez de trabajar juntos para construir un futuro compartido, los deudores y acreedores de Europa se han vuelto unos contra otros. Las negociaciones sobre la crisis que atraviesa Grecia parecen más propias de Estados Unidos y Argentina —países que no están en guerra, pero tienen pocos vínculos y ningún futuro común— que de miembros de la UE que afirman mantener una solidaridad duradera. Ambas partes realizan análisis de costos y beneficios basados exclusivamente en sus propios intereses, sin tratar de expresar lo que significa la crisis para el futuro compartido de Europa.
En lugar de seguir impulsando sus propios escenarios preferidos, los miembros de la UE, tanto acreedores como deudores, deberían aprovechar la oportunidad que ofrece la crisis griega para evaluar si el proceso de integración va por buen camino. Si lo hacen, lo más probable es que concluyan que no.
La creación prematura de una unión monetaria, sin la necesaria integración política, generó tensiones e inestabilidad, pues no tuvo en cuenta las enormes diferencias entre las estructuras y el desempeño económicos de los Estados miembros. En la práctica, los países miembros quedaron divididos entre «buenos» y «malos», y estos últimos se vieron obligados a aplicar programas de austeridad que han hecho prácticamente imposible su recuperación económica y, por tanto, su convergencia con los países «buenos».
En este contexto, quizá sea comprensible que los países acreedores promuevan cada vez más una UE «pequeña», integrada solo por quienes estén dispuestos y sean capaces de cumplir sus elevados estándares. Pero, aunque esto podría fortalecer el euro —e incluso la UE—, tendría un costo enorme, pues obligaría en la práctica a los miembros a abandonar sus ideales democráticos. Mientras tanto, los países excluidos se verían obligados a recurrir a devaluaciones competitivas de sus monedas y a otras políticas de empobrecer al vecino. El sueño de una prosperidad compartida en Europa habría muerto.
Este desenlace no es inevitable. Una moneda común es un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Si la unión monetaria europea no conduce al fin deseado, debe modificarse ella, no el objetivo de una unión cada vez más estrecha. Y, de hecho, la mayoría de los europeos prefiere otro medio, basado en una mayor flexibilidad para atender las preferencias nacionales y en un enfoque ascendente de la integración ulterior. En ese entorno, Grecia no solo podría sobrevivir, sino también prosperar.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autora: Katharina Pistor es profesora de Derecho en Columbia Law School.
Imagen: Una bandera griega y otra de la UE ondean frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Atenas. REUTERS/Yannis Behrakis.




