El Premio Nobel de Economía de 2012 fue otorgado a Alvin E. Roth y Lloyd S. Shapley por su trabajo sobre problemas de emparejamiento. Los problemas de emparejamiento bilateral, como la asignación de empleos a trabajadores o de habitaciones de residencia a estudiantes, pueden ser lo bastante complejos. Pero a veces el problema de emparejamiento puede ser aún más difícil. Puede ocurrir que un bien que aporta Alice sea útil para Bob, pero que Bob no tenga nada de valor que ofrecer a Alice. Sin embargo, si el bien que aporta Bob es valioso para Charlie, existe la posibilidad de una cadena de emparejamiento. Charlie entrega algo a Alice, Alice entrega algo a Bob y Bob entrega algo a Charlie. Por sí solas, estas cadenas pueden ser muy complejas, y es necesario trabajar para identificar las cadenas que proporcionan el mayor beneficio. El primer galardonado con el Nobel mencionado anteriormente ha realizado un trabajo considerable en el diseño de mecanismos de emparejamiento utilizados en los intercambios de riñones. Pero ¿por qué es necesario todo esto? ¿Por qué no existe, sencillamente, un mercado con precios?
La respuesta, en el caso de los riñones, es bastante sencilla. En la mayoría de los países desarrollados, la venta de riñones y de otros órganos humanos es ilegal. Esto significa que Alice no puede pagar a Charlie por un riñón. Más bien, ambos deben encontrar una cadena de intercambios. En algunos casos existirá una cadena, pero en otros no habrá solución para el problema de emparejamiento. Aunque Charlie podría estar dispuesto a vender a Alice un riñón, la sociedad lo prohíbe.
La sociedad impide que se produzcan las transacciones que considera repugnantes, imponiendo sanciones o penas de prisión a quienes las infringen. Al Roth escribió un elegante ensayo sobre el tema titulado «Repugnance as a Constraint on Markets». En el ensayo, presenta numerosos ejemplos de actividades repugnantes que la sociedad prohíbe. Deja claro que las leyes que prohíben estas actividades no están diseñadas para proteger a los participantes. Por ejemplo, comer carne de caballo está prohibido en California, aunque matar caballos es legal. Las leyes sobre la repugnancia van más allá de las leyes existentes para hacer cumplir el deseo de los miembros de la sociedad de prohibir ciertos tipos de comportamiento que, de otro modo, serían legales. En síntesis, tales leyes se justifican porque permitir acciones repugnantes impone una externalidad negativa a todos (no solo a las partes implicadas) y reduce el bien público.
Pero ¿quién decide qué es repugnante? En las sociedades democráticas, estas decisiones las toman en última instancia los legisladores, quienes se ven influidos por sus electores. Por supuesto, es posible que una minoría influyente ejerza una influencia indebida en este proceso, pero supongamos, a efectos de argumentación, que el proceso es perfectamente democrático, de modo que los actos considerados repugnantes reflejan realmente los deseos de la mayoría. Básicamente, esto significa que, en una sociedad democrática, clasificar algo como repugnante, o dejar de clasificarlo así, requiere alguna forma de debate público y de formación de consenso.
¿O no? En lugar de depender de leyes que castigan el comportamiento repugnante, es concebible que individuos o instituciones intervengan directamente, impidiendo que los pagos se produzcan desde el principio. En su mayor parte, las plataformas de pago existentes no imponen restricciones a los tipos de transacciones que facilitan, más allá del requisito de que las transacciones sean legales. Sin embargo, cabe señalar que, además de exigir que las transacciones sean legales, las compañías de tarjetas de crédito también se reservan el derecho a limitar la actividad que, a su discreción, consideren potencialmente perjudicial para sus marcas (véanse los documentos de normas de Visa, sección 1.3.3.4 y MasterCard, sección 5.9.7).
En los últimos años ha surgido un nuevo tipo de sistema de pagos: el libro mayor público distribuido. Esta nueva tecnología facilita los pagos en monedas virtuales, en especial Bitcoin. El protocolo de Bitcoin utiliza un proceso «proof-of-work» que descentraliza la compensación y la liquidación. Los agentes, conocidos como mineros, compiten por obtener el derecho a validar transacciones. Sin entrar en detalles, los aspectos importantes son (1) que la probabilidad de un minero de ganar el derecho a procesar transacciones es proporcional a la potencia de cómputo que asigne a esa tarea y (2) que los mineros pueden elegir qué transacciones validar. Esto significa que un minero puede evitar validar transacciones que considera repugnantes y que, si la mayoría de los mineros estuviera de acuerdo, tales transacciones podrían retrasarse significativamente o incluso impedirse.
Las monedas virtuales como Bitcoin crean una nueva oportunidad para expresar opiniones sobre la repugnancia, que permite a las personas obstaculizar o incluso impedir las transacciones que consideran repugnantes. Se me ocurren varias formas en que esto podría manifestarse. Una vía son las contribuciones políticas. El año pasado, las campañas de dos candidatos políticos de Texas, Steve Stockman, que se postuló para el Senado de los EE. UU., y Greg Abbott, que fue elegido gobernador, aceptaron bitcoins. Un minero que se opusiera a cualquiera de los dos candidatos podría haber excluido las transacciones dirigidas a su dirección pública.
Existe al menos un ejemplo en el que algo similar ya ha ocurrido. Satoshi Dice es un sitio de juegos en línea que utiliza bitcoin como su principal forma de pago. En la primavera de 2013, miembros de la comunidad de Bitcoin empezaron a quejarse de estas transacciones y, según se informó, comenzaron a excluirlas de los bloques de transacciones que procesaban. La siguiente encuesta fue extraída de una sala de chat en línea sobre si debían permitirse los parches que excluyeran estas transacciones.
Aunque los resultados no eran en absoluto vinculantes, la respuesta ganadora fue permitir a los mineros excluir las transacciones. Afortunadamente, «golpear a la gente en la cara» era una opinión minoritaria.
Para ser justos, los comentarios en línea sugerían que la objeción a Satoshi Dice no era el juego de azar, sino que la actividad implica un gran número de pagos pequeños que saturan el sistema (existen límites al número de pagos que pueden procesarse por bloque). No obstante, el punto es que esto parece ser una nueva vía para restringir los mercados que no proviene de una autoridad central ni de un regulador. En esencia, es una versión distribuida de la repugnancia como restricción de los mercados.
Concluiré con una observación sobre Ripple. Ripple es un protocolo de pago distribuido que utiliza un procedimiento para validar transacciones distinto del de Bitcoin. Ripple utiliza un enfoque de consenso, en el que las transacciones solo se validan si un porcentaje suficiente de los participantes del sistema está de acuerdo. Ripple fija el umbral en un nivel alto (80 por ciento) para ofrecer una protección adecuada frente al doble gasto. Pero, al hacerlo, otorga a una submayoría la capacidad de bloquear las transacciones que perciben como repugnantes.
Esta entrada apareció por primera vez en el Federal Reserve Bank of New York’s Liberty Street Economics blog con el título «A Distributed Version of Repugnance as a Constraint on Markets» y se republica aquí con el permiso del Banco. Las opiniones expresadas en esta entrada son las de los autores y no reflejan necesariamente la posición del Federal Reserve Bank of New York ni del Federal Reserve System.
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Autor: Rodney Garratt es vicepresidente en el Research and Statistics Group del Federal Reserve Bank of New York.
Imagen: Se ven monedas de Bitcoin (moneda virtual). REUTERS/Benoit Tessier.
