Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
Desde 2008, los rescates bancarios han supuesto una transferencia significativa de pérdidas privadas a los contribuyentes de Europa y Estados Unidos. El último rescate bancario griego constituye una advertencia sobre cómo la política –en este caso, la europea– está orientada a maximizar las pérdidas públicas a cambio de beneficios privados cuestionables.
En 2012, el Estado griego insolvente tomó prestados 41.000 millones de euros (45.000 millones de dólares, o el 22 % de la renta nacional decreciente de Grecia) de los contribuyentes europeos para recapitalizar los bancos comerciales insolventes del país. Para una economía atrapada por una deuda insostenible y por la espiral de deflación de la deuda asociada, el nuevo préstamo y la severa austeridad a la que estaba condicionado eran un lastre. Al menos, se prometió a los griegos que este rescate aseguraría de una vez por todas los bancos del país.
En 2013, una vez que ese tramo de fondos fue transferido por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), el fondo de rescate de la eurozona, a su filial griega, el Fondo Helénico de Estabilidad Financiera (HFSF), este inyectó aproximadamente 40.000 millones de euros en los cuatro bancos «sistémicos» a cambio de acciones sin derecho a voto.
Unos meses después, en el otoño de 2013, se orquestó una segunda recapitalización, con una nueva emisión de acciones. Para que las nuevas acciones resultaran atractivas a los inversores privados, la «troika» de acreedores oficiales de Grecia (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) aprobó ofrecerlas con un notable descuento del 80 % sobre los precios que el HFSF, en nombre de los contribuyentes europeos, había pagado unos meses antes. Crucialmente, se impidió al HFSF participar, lo que impuso a los contribuyentes una enorme dilución de su participación accionarial.
Al percibir posibles ganancias a costa de los contribuyentes, los fondos de cobertura extranjeros se apresuraron a entrar para aprovecharse. Como si quisiera demostrar que comprendía la impropiedad implicada, la Troika obligó al Gobierno griego a inmunizar frente a procesos penales a los miembros del consejo del HFSF por no participar en la nueva oferta de acciones y por la desaparición resultante de la mitad de la inyección de capital de 41.000 millones de euros de los contribuyentes.
La Troika celebró el interés de los fondos de cobertura como prueba de que su rescate bancario había generado confianza en el sector privado. Pero la ausencia de inversores a largo plazo reveló que la entrada de capital era puramente especulativa. Los inversores serios entendían que los bancos seguían en grave dificultad, pese a la gran inyección de fondos públicos. Al fin y al cabo, la Gran Depresión griega había hecho subir la proporción de préstamos morosos (NPL) hasta el 40 %.
En febrero de 2014, meses después de la segunda recapitalización, la gestora de activos Blackrock informó de que el creciente volumen de préstamos morosos hacía necesaria una tercera recapitalización considerable. En junio de 2014, el FMI filtraba informes según los cuales se necesitaban más de 15.000 millones de euros para restablecer el capital de los bancos, una cantidad muy superior al dinero que quedaba en el segundo paquete de rescate de Grecia.
A finales de 2014, cuando el segundo rescate griego se agotaba en tiempo y en efectivo, y el Gobierno arrastraba otros 22.000 millones de euros de amortizaciones de deuda sin financiar para 2015, los funcionarios de la Troika no tenían dudas. Para mantener la pretensión de que el «programa» griego iba por buen camino, era necesario un tercer rescate.
El problema de sacar adelante un tercer rescate tenía dos caras. En primer lugar, el Gobierno griego, afín a la Troika, había apostado su supervivencia política a la promesa de que el segundo rescate del país se completaría en diciembre de 2014 y sería el último. Varios gobiernos de la eurozona habían obtenido el respaldo de sus parlamentos haciendo la misma promesa. La consecuencia fue que el Gobierno cayó y, en enero de 2015, fue elegido nuestro Gobierno de Syriza con un mandato para cuestionar la propia lógica de estos «rescates».
Como nuevo ministro de Finanzas del Gobierno, estaba decidido a que cualquier nueva recapitalización bancaria evitara las trampas de las dos primeras. Los nuevos préstamos solo debían asegurarse después de que la deuda griega se hubiera vuelto viable, y no debía inyectarse ningún nuevo fondo público en los bancos comerciales hasta que se creara una institución de propósito especial –un «banco malo»– encargada de gestionar sus préstamos morosos.
Por desgracia, a la Troika no le interesaba una solución racional. Su objetivo era doblegar a un gobierno que se atrevía a desafiarla. Y lo hizo, aplastándonos, al provocar una corrida bancaria de seis meses de duración, cerrar los bancos griegos en junio y forzar la capitulación del primer ministro Alexis Tsipras ante el tercer préstamo de rescate de la Troika en julio.
El primer movimiento significativo fue una tercera recapitalización de los bancos en noviembre. Los contribuyentes aportaron otros 6.000 millones de euros a través del HFSF, pero volvieron a verse impedidos de comprar las acciones ofrecidas a los inversores privados.
Como resultado, pese a inyecciones de capital de unos 47.000 millones de euros (41.000 millones en 2013 y otros 6.000 millones en 2015), la participación de los contribuyentes en el capital cayó de más del 65 % a menos del 26 %, mientras que los fondos de cobertura y los inversores extranjeros (por ejemplo, John Paulson, Brookfield, Fairfax, Wellington y Highfields) se hicieron con el 74 % del capital de los bancos por una inversión de apenas 5.100 millones de euros. Aunque los fondos de cobertura habían perdido dinero desde 2013, la oportunidad de hacerse con todo el sistema bancario griego por una suma tan irrisoria resultó irresistiblemente tentadora.
El resultado es un sistema bancario todavía inundado de préstamos morosos y azotado por una recesión continuada. Y con la última ronda de recapitalización, el coste de la determinación de la Troika de mantenerse en la práctica de los préstamos de rescate de «extender y fingir» se ha encarecido aún más. Nunca antes los contribuyentes habían aportado tanto a tan pocos por tan poco.
La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Yanis Varoufakis es catedrático de Economía en la Universidad de Atenas.
Imagen: Una bandera de la Unión Europea y una bandera nacional griega ondean a la entrada de la sede del Banco de Grecia en Atenas. REUTERS/Yannis Behrakis.
