El Gobierno griego ha alcanzado un acuerdo con sus acreedores internacionales “en principio”. La Troika ampliada –el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea, con la incorporación adicional del Mecanismo Europeo de Estabilidad– ultimó “el cuerpo principal del acuerdo” con el ministro de Finanzas griego tras semanas de negociaciones y meses de incertidumbre.
El acuerdo proporcionará 86 000 millones de euros en fondos a lo largo de tres años, justo a tiempo para que Grecia reembolse un préstamo de 3200 millones de euros al BCE con vencimiento el 20 de agosto. Sin embargo, aunque ofrece un salvavidas a la economía griega en el futuro inmediato, no aborda varios problemas de fondo esenciales.
El avance se logró tras la creciente percepción de que el Gobierno griego finalmente está aceptando las reformas exigidas por sus acreedores antes de que se desembolsen los fondos.
Las metas fiscales revisadas se han reducido sustancialmente, con un déficit primario –es decir, el déficit presupuestario del Gobierno sin incluir los pagos de intereses de la deuda– del 0,5 % del PIB en 2015 y un superávit del 0,5 % durante los dos años siguientes. Esto contrasta marcadamente con las exigencias anteriores de superávits primarios del 1, 2, 3 y 3,5 % del PIB en los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Aunque esto puede parecer una concesión muy generosa por parte de los acreedores, refleja en gran medida el hecho de que la economía griega se ha contraído y de que el rechazo del Gobierno a un acuerdo de rescate anterior agravó la crisis de la economía griega. El objetivo del acuerdo es, por tanto, proporcionar cierta estabilidad, no solo para evitar otro impago griego, sino también para reducir la incertidumbre a corto plazo en la política económica y en la solvencia del Gobierno.
Persisten problemas importantes
A pesar de estas buenas noticias, la crisis de deuda griega está lejos de resolverse y cabe esperar que los problemas vuelvan a surgir en el futuro próximo. Persisten dos grandes desafíos: el actual acuerdo es solo para tres años y el problema persistente de la deuda griega.
Cuando este acuerdo de rescate expire dentro de tres años, será necesaria más financiación, lo que implicará otra ronda de negociaciones. Cualquier cambio de rumbo en las políticas del Gobierno griego durante el período intermedio podría dar lugar a una repetición de los hechos de julio, cuando se introdujeron controles de capital . Basándose en los precedentes históricos recientes y en la necesidad de garantizar la aprobación política, no sería sorprendente que los políticos griegos cuestionaran las condiciones de su rescate.
Por ejemplo, el acuerdo de rescate anterior que rechazó el Gobierno encabezado por Syriza tras su referéndum de julio exigía la sustitución gradual de la ayuda de solidaridad concedida a todos los pensionistas antes de finales de diciembre de 2018. Esta medida, junto con otras relacionadas con el deteriorado sistema de pensiones del país, ha sido un punto especialmente conflictivo en las negociaciones. Es improbable que desaparezca, dado que afecta a una proporción tan amplia del electorado.
Así pues, no es difícil imaginar una situación en la que el Gobierno se niegue a aceptar determinadas exigencias de sus acreedores en la próxima ronda de negociaciones. Sin embargo, los griegos recordarán que, en la última partida de «gallina», la Troika no cedió. Ahora que la eurozona se ha protegido de cualquier impago griego, el poder de negociación de Grecia será aún más limitado.
Incluso así, si la economía griega no muestra una mejora notable durante los próximos tres años, algunos atribuirán esto a las reformas exigidas por los acreedores. En tal escenario, no se tratará de determinar qué parte tiene más que perder, sino de si una mayoría de los griegos preferiría abandonar el euro.
Problema de la deuda
El segundo gran problema se refiere al problema sin resolver del nivel de deuda griega. Si bien la deuda soberana de Grecia asciende a alrededor del 180 % del PIB, las reestructuraciones anteriores han hecho que los pagos de intereses de la deuda del Gobierno sean actualmente inferiores a los de Irlanda y Portugal. Esto significa que, al menos a corto plazo, la deuda no supone una carga excesiva para las finanzas del Gobierno.
Pero a partir de 2023 habrá que hacer reembolsos mayores, y esta es la razón por la que el FMI ha declarado insostenible la deuda griega. En consecuencia, será necesario algún tipo de alivio de la deuda, a pesar de la reciente oposición alemana.
Así, el último acuerdo de rescate ofrece, como máximo, un salvavidas de tres años a la economía griega y no resuelve el problema de la sostenibilidad de la deuda. Si los acreedores de Grecia continúan negándose a conceder un alivio explícito de la deuda, entonces, para evitar el impago, la alternativa tendrá que ser algún tipo de alivio implícito, como volver a reducir la carga efectiva de intereses de la deuda soberana griega.
Este artículo se publica en colaboración con The Conversation. La publicación no implica el respaldo de los puntos de vista por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Juan Paez-Farrell es profesor de Economía en la Universidad de Sheffield.
Imagen: Monedas de euro frente a una bandera de Grecia expuesta en esta ilustración fotográfica tomada en Zenica, Bosnia y Herzegovina, el 29 de junio de 2015. REUTERS/Dado Ruvic.
