Acreedores y deudores han estado enfrentados desde que existe el intercambio de dinero. Pero rara vez las cuestiones se han planteado de forma tan tajante —y tan pública— como en el recién celebrado referéndum griego.
En una votación celebrada el 5 de julio, el electorado griego rechazó rotundamente las exigencias de sus acreedores extranjeros de aplicar más medidas de austeridad: el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los demás gobiernos de la eurozona, encabezados por Alemania. Sean cuales sean los méritos económicos de la decisión, la voz del pueblo griego resonó alto y claro: Ya no vamos a seguir soportándolo.
Sin embargo, sería un error considerar la votación en Grecia como una victoria sin más de la democracia, pese a lo que afirman el primer ministro del país, Alexis Tsipras, y sus partidarios. Lo que los griegos llaman democracia se percibe en muchos otros países —igualmente democráticos— como unilateralismo irresponsable. De hecho, en los demás países de la eurozona hay poca simpatía por la postura griega, donde referéndums similares mostrarían sin duda un apoyo público abrumador a la continuación de las políticas de austeridad impuestas a Grecia.
Y no son solo los ciudadanos de los grandes países acreedores, como Alemania, quienes tienen poca paciencia con Grecia. La exasperación está especialmente extendida entre los miembros más pobres de la eurozona. Si se pregunta a una persona cualquiera en la calle en Eslovaquia, Estonia o Lituania, es probable que se obtenga una respuesta no muy distinta de esta de una pensionista letona: «Aprendimos la lección; ¿por qué los griegos no pueden aprender la misma lección?»
Podría sostenerse que los europeos no están bien informados sobre la difícil situación de los griegos y el daño que la austeridad ha causado al país. Y, ciertamente, es posible que, con mejor información, muchos cambiaran de postura. Pero las fuerzas de la opinión pública sobre las que se sustentan las democracias rara vez toman forma en condiciones ideales. De hecho, no hace falta mirar más allá del propio voto griego para encontrar un ejemplo de emociones intensas e indignación imponiéndose a un cálculo racional de los costos y beneficios económicos.
Es importante recordar que los acreedores en este caso no son un grupo de oligarcas ni de banqueros privados adinerados, sino los gobiernos de los demás países de la eurozona, responsables ante sus propios electorados. (Si hicieron lo correcto en 2012 al prestar dinero a Grecia para que sus propios banqueros pudieran cobrar es una cuestión legítima, pero aparte.) No se trata tanto de un conflicto entre el demos — su pueblo — y los banqueros, como de un conflicto entre democracias europeas.
Cuando los griegos votaron «no», reafirmaron su democracia; pero, más aún, afirmaron la primacía de su democracia sobre las de los demás países de la eurozona. En otras palabras, afirmaron su soberanía nacional: su derecho como nación a determinar su propio rumbo económico, social y político. Si el referéndum griego es una victoria para algo, es una victoria para la soberanía nacional.
Eso es lo que lo hace tan ominoso para Europa. La Unión Europea, y más aún la eurozona, se construyó sobre la expectativa de que el ejercicio de la soberanía nacional se desvanecería con el tiempo. Esto rara vez se explicitó; al fin y al cabo, la soberanía es popular. Pero se esperaba que, a medida que la unificación económica redujera el margen de maniobra de cada país, se recurriera con menos frecuencia a la acción nacional. El referéndum griego quizá haya puesto el último clavo en el ataúd de esa idea.
No tenía por qué haber sido así. La élite política europea podría haber presentado la crisis financiera griega como una historia de interdependencia económica —al fin y al cabo, no puede haber prestatarios irresponsables sin prestamistas descuidados— en lugar de como una fábula moral que enfrenta a alemanes frugales y trabajadores con griegos derrochadores y despreocupados. Hacerlo podría haber facilitado el reparto de la carga entre deudores y acreedores y evitado la aparición de una actitud de nosotros contra ellos que envenenó la relación entre Grecia y las instituciones de la eurozona.
Más fundamentalmente, la integración económica podría haber ido acompañada de la expansión de un espacio político europeo. Compensar la reducción de la autonomía nacional creando espacio para la acción democrática a escala europea sí habría sido una victoria para la democracia.
Ya es demasiado tarde para debatir si la culpable fue la falta de voluntad del público europeo para emprender el camino hacia la unión política o la timidez de sus políticos nacionales a la hora de ejercer liderazgo. La consecuencia es que, en la Europa actual, la democracia solo puede reafirmarse afirmando la soberanía nacional. Y eso es lo que ha hecho el electorado griego.
El referéndum es profundamente importante, pero sobre todo como acto de simbolismo político. Queda por ver si el público griego también tiene estómago para las medidas económicas —en particular, salir de la eurozona e introducir una moneda nacional— que implicaría una soberanía real. Al fin y al cabo, es poco probable que cambien mucho las condiciones ofrecidas por los acreedores del país. Si los griegos votaron «no» con expectativas poco realistas de que otras democracias de la eurozona se vieran obligadas a ceder a sus deseos, quizá les espere otra profunda decepción y su propia lección de democracia.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
Para mantenerse al día con la Agenda, suscríbase a nuestro boletín semanal.
Autor: Dani Rodrik es profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Imagen: En una parada de autobús de Atenas, Grecia, se ve un cartel de campaña del referéndum que dice «Sí (Nai)» junto a un grafiti que dice «No (Oxi)». REUTERS/Christian Hartmann.
