El fraude, el despilfarro y el abuso del dinero de los contribuyentes en la contratación pública gubernamental son, por desgracia, demasiado habituales en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, el gobierno gastó 4,11 billones de dólares en 2018, de los cuales 400 000 millones se destinaron directamente a contratos de bienes y servicios. Es imposible saber cuánto dinero de los contribuyentes se despilfarra, pero en un caso, la ciudad de Nueva York fue sobrefacturada en 500 millones de dólares por un proyecto municipal.
La corrupción se da en todo el mundo. En una encuesta de la OCDE, el 42 % de los encuestados de empresas públicas (EP) afirmó que, en los últimos tres años, se produjeron actos corruptos u otras prácticas irregulares en su empresa. Dado que las EP representan aproximadamente el 22 % de las mayores empresas del mundo, la importancia de este dato no puede subestimarse.
Con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, los gobiernos disponen ahora de nuevas e innovadoras herramientas que pueden avanzar significativamente en la protección del dinero de los contribuyentes y ahorrar millones de dólares en todos los niveles: federal, estatal, de ciudad y municipal.
La consideración primordial en esta batalla es la transparencia. Mediante el uso de plataformas tecnológicas innovadoras, la capacidad de los gobiernos para proteger el dinero de los contribuyentes a través de la transparencia puede convertirse en uno de sus mayores activos.
La transparencia permite a los gobiernos exigir responsabilidades a los contratistas, además de ofrecer a sus ciudadanos garantías de que su dinero se gasta de forma responsable y no se pierde por fraude, despilfarro o abuso.
Cuando una empresa acepta un contrato gubernamental para prestar servicios a sus ciudadanos, ya sea para construir un puente, crear un sistema de emergencia o prestar asesoramiento jurídico, es responsabilidad suya llevar a cabo ese trabajo de manera responsable y lícita. Y los contribuyentes dependen de sus gobiernos para asegurarse de que así sea, en lugar de robarles su dinero.
En la gran mayoría de los casos, eso es exactamente lo que ocurre. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que los contratistas gubernamentales se aprovechan de esta situación porque saben que, al final del día, es más probable que el gobierno que adjudicó el contrato no les exija responsabilidades. A menudo, esto ocurre porque conocen la tecnología mejor que los organismos gubernamentales y la aplican con mayor eficacia.
La buena noticia es que, con las soluciones avanzadas que ahora son posibles, esos días han terminado. Mediante programas informáticos sencillos y otras tecnologías, los organismos gubernamentales pueden verificar de forma independiente el trabajo realizado por computadora por sus contratistas y garantizar que los fondos públicos no se desperdicien ni se pierdan por fraude o abuso.
En realidad, la transparencia lograda mediante la tecnología puede aplicarse a todos los aspectos de la contratación pública gubernamental, garantizando la rendición de cuentas en todo el proceso. Este tipo de transformación digital en la contratación pública gubernamental impulsará buenas políticas de gobierno que protegerán el dinero de los contribuyentes simplemente mediante la verificación independiente de los servicios prestados.
Lo cierto es que existen múltiples oportunidades para que se cometa fraude a lo largo de todo el proceso de contratación. Al mismo tiempo, con los avances actuales, hay muchas maneras en que la tecnología puede aplicarse para prevenir este delito.
Por ejemplo, los modelos predictivos pueden utilizarse para identificar comportamientos potencialmente fraudulentos antes de que ocurran, y la IA y el aprendizaje automático pueden aprovecharse para el análisis estadístico con el fin de reducir el fraude. Según un informe de Forrester de marzo de 2018, Informe de Forrester, varios gobiernos ya están considerando el uso de redes de cadena de bloques como parte de sus esfuerzos para reforzar sus sistemas y sus medidas de prevención.
A medida que las personas que cometen fraude evolucionan y se vuelven más sofisticadas, los organismos gubernamentales también pueden hacerlo aprovechando la analítica avanzada, la IA, la cadena de bloques y otras tecnologías que pueden mantenerlos a la vanguardia y evitar la pérdida del dinero de los contribuyentes.
Estos programas no solo protegen a los contribuyentes, sino que también aumentan la eficiencia tanto para el gobierno como para los contratistas, ahorrando dinero que compensa con creces su coste. Además, pueden ofrecer una serie de otros servicios y recursos que favorecen la colaboración e identifican posibles problemas mucho antes de lo que es posible hoy.
Quizá el mayor beneficio de que los gobiernos hagan que sus contratistas utilicen este tipo de programas es que demostrará a sus ciudadanos que exigen responsabilidades a los contratistas, lo que, a su vez, solo contribuirá a ganar su confianza.
El Monitor Fiscal de abril de 2019 del FMI, titulado Curbing Corruption, aboga por una mayor transparencia como una de las formas más eficaces de combatir el fraude. “Invertir en altos niveles de transparencia y en un escrutinio externo independiente. Esto permite que las agencias de auditoría y el público en general ejerzan una supervisión eficaz. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Paraguay utilizan una plataforma en línea que permite a los ciudadanos seguir el avance físico y financiero de los proyectos de inversión. Noruega ha desarrollado un alto estándar de transparencia para gestionar sus recursos naturales."
Los contribuyentes no deberían esperar menos. Mediante la transparencia y la tecnología avanzada, los gobiernos pueden avanzar significativamente para garantizar que el electorado reciba el trabajo por el que pagó y, a su vez, comiencen a recuperar la confianza del público.
Silvia Moschini es innovadora de Tech for Integrity.
