Junio se perfila como un mes decisivo para la Unión Europea. El 21 de junio, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania se pronunciará sobre una impugnación de un programa de compra de bonos que es fundamental para la respuesta del Banco Central Europeo a la crisis de deuda del continente. Dos días después, los votantes del Reino Unido decidirán si el país debe salir de la UE. Ambas decisiones tendrán graves consecuencias para la estabilidad política y económica de la UE a largo plazo.
La sentencia del tribunal alemán es la menos espectacular de las dos, pero aborda el núcleo de la interpretación que hace el BCE del Tratado de Maastricht. Los demandantes, entre ellos miembros del Bundestag, han cuestionado si debería permitirse al Bundesbank participar en el programa de operaciones monetarias de compraventa (OMT) del BCE. Sostienen que infringe los artículos 123 y 125 del Tratado de la UE, que, según afirman, prohíben rescatar a los gobiernos mediante la impresión de dinero. En particular, han objetado el compromiso ilimitado del BCE («lo que haga falta», en palabras del presidente del BCE, Mario Draghi famosas) de comprar títulos de deuda pública de países afectados por la crisis.
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En el marco del programa OMT, los inversores que compran esos títulos ya no tienen que preocuparse por un posible impago. Antes de que surja el riesgo de quiebra, el BCE estará disponible para comprar a los inversores los títulos en peligro de sus carteras. Lo único que se requiere es una solicitud al Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo capaz de proporcionar asistencia financiera rápida a todos los miembros de la eurozona. Como resultado, el riesgo de quiebra se transfiere de los tenedores de bonos a los contribuyentes de los países económicamente sólidos de la eurozona, que perderían de forma permanente los ingresos por intereses de los bonos del Estado.
La cuestión que debe resolver el Tribunal Constitucional de Alemania es si ese mecanismo, que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es compatible con la Ley Fundamental del país; en concreto, si el OMT menoscaba la autoridad presupuestaria del Bundestag. Esta no es una cuestión que pueda decidir el TJUE.
Hay dos razones por las que es probable que el tribunal imponga condiciones a la participación del Bundesbank en el programa OMT. Se dice que el Bundesbank ya consultó al tribunal sobre el programa de expansión cuantitativa del BCE, y, según se informa, el tribunal pidió excluir de forma efectiva la responsabilidad conjunta de los bancos centrales por las compras de bonos del Estado en el marco de ese programa. Además, el dictamen preliminar del tribunal expresó sospechas de que el BCE podría estar excediéndose en su mandato.
Si el tribunal sigue esta línea de razonamiento y falla en contra de la participación del Bundesbank en el programa OMT, la decisión ampliaría el diferencial de tipos de interés entre las economías sólidas y las afectadas por la crisis, reflejando el verdadero riesgo para los inversores. Eso pondría fin a algunas quimeras, pero también supondría un paso hacia el fortalecimiento de la rendición de cuentas y devolvería a la eurozona al camino de la disciplina presupuestaria estricta, sin la cual ningún sistema económico puede sobrevivir.
La segunda decisión, sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE, podría tener consecuencias aún mayores. La votación es una convulsión más en una larga historia de relaciones turbulentasentre el Reino Unido y el resto de Europa. El Reino Unido se incorporó a la Comunidad Económica Europea, predecesora de la UE, en 1973, al tercer intento, después de que el presidente francés Charles de Gaulle vetara sus solicitudes en 1963 y 1967.
Pero la relación estuvo marcada por las tensiones desde el principio. La fuerte oposición en Gran Bretaña a las condiciones de adhesión llevó a celebrar un referéndum sobre la pertenencia en 1975. La mayoría de los votantes del Reino Unido optó por permanecer. Después de que la primera ministra Margaret Thatcher llegara al poder en 1979, aplacó a los escépticos negociando condiciones especiales para Gran Bretaña.
Pero la crisis del euro de los últimos años ha reavivado el escepticismo sobre Europa. Puede que el Reino Unido solo haya participado de forma marginal en la financiación de la respuesta de la UE a la crisis, pero crece en el país el temor a que algún día el país y sus contribuyentes tengan que rescatar a los países del sur de Europa y a los bancos de la UE.
Al mismo tiempo, la crisis de refugiados europea ha empezado a poner a prueba los nervios de los británicos. Bajo Thatcher y, antes que ella, el primer ministro Edward Heath, el Reino Unido frenó la inmigración sin restricciones procedente de la Commonwealth. Hoy, el temor es que el país corra el riesgo de afrontar una nueva ola de inmigración desde la UE.
Es probable que los votantes indecisos preocupados por los riesgos del «Brexit» aporten el margen necesario para evitar que el Reino Unido se marche. Sin embargo, el referéndum ha dejado al descubierto las graves deficiencias de la UE y la incapacidad de sus líderes para presentar una estrategia creíble y convincente que afronte los desafíos del continente.
Sea cual sea el resultado de las dos decisiones de junio, una cosa está clara: la era de la confianza incondicional en la UE y sus instituciones ha llegado a su fin.




