Esta semana, el presidente de Estados Unidos anunció cambios de gran alcance en el sistema de inmigración mediante una acción ejecutiva para proteger de la deportación a 5 millones de trabajadores indocumentados, facilitar que los cónyuges de inmigrantes legales trabajen y aumentar la inmigración de personas altamente cualificadas.
La acción sobre la inmigración no autorizada
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca explica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):
Ampliará el programa existente de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que permite a jóvenes que llegaron al país antes de cumplir 16 años y que reúnen ciertos requisitos educativos, como graduarse de la secundaria o asistir a la universidad, solicitar un alivio temporal frente a la expulsión («acción diferida») y reunir los requisitos para obtener autorización de trabajo.
Establecerá un proceso similar para que los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales (LPR) que lleven cinco años o más en el país soliciten acción diferida.
Vox.com
La acción sobre la inmigración autorizada
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca señala que los anuncios del presidente también incluyeron:
Ampliar las opciones de inmigración para empresarios extranjeros que hayan creado empleos en Estados Unidos o atraído inversiones significativas.
Ampliar la formación en el puesto de trabajo para graduados de universidades estadounidenses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), mediante reformas al programa existente de Formación Práctica Opcional (OPT).
Proporcionar autorización de trabajo a los cónyuges de personas con estatus H-1B que estén en vías de obtener el estatus LPR.
Proporcionar autorización de trabajo transferible a trabajadores altamente cualificados que esperan la tramitación de sus solicitudes de estatus LPR.
Empresarios extranjeros y la autoridad de permiso de permanencia por «beneficio público significativo»
Matthew Yglesias escribe que la medida más agresiva que está tomando el Gobierno se refiere a algo relacionado con los empresarios extranjeros del sector tecnológico. Un memorando publicado hoy por el Departamento de Seguridad Nacional aclara que Obama planea aumentar el número de empresarios extranjeros a quienes se permite entrar. Un memorando del Consejo de Asesores Económicos sugiere que la escala de este programa implicará alrededor de 33,000-53,000 nuevos migrantes. La base jurídica de esta medida supone una ruptura con los precedentes mucho más drástica que la protección contra la deportación, más controvertida, que se concede a los inmigrantes no autorizados que ya están aquí.
El memorando del Departamento de Seguridad Nacional señala que los retrasos acumulados para obtener tarjetas de residencia impiden que los empleadores estadounidenses atraigan y retengan a trabajadores altamente cualificados, fundamentales para sus empresas. Históricamente, las empresas estadounidenses han dependido de visados temporales —como los H-1B, L-1B u O-1— para retener a personas con las aptitudes necesarias mientras avanzan en estos retrasos. Pero, a medida que se alargan las demoras para obtener tarjetas de residencia, cada vez más los visados temporales no logran cubrir la brecha. En virtud de la autoridad de permiso de permanencia por «beneficio público significativo», USCIS debería proponer un programa que permita al DHS conceder estatus de permiso de permanencia, caso por caso, a inventores, investigadores y fundadores de empresas emergentes que hayan recibido financiación sustancial de inversores estadounidenses o que, de otro modo, ofrezcan perspectivas de innovación y creación de empleo mediante el desarrollo de nuevas tecnologías o la realización de investigación de vanguardia.
Efectos macroeconómicos
Cardiff Garcia escribe que los cambios en las políticas de inmigración, o en cualquier política dirigida al mercado laboral, pueden influir en el crecimiento económico mediante alguna combinación de tres efectos: ampliar el tamaño potencial de la fuerza laboral estadounidense (con más inmigración), aumentar la tasa de participación laboral (al facilitar que los inmigrantes trabajen) y elevar el crecimiento de la productividad (gracias a una mayor especialización, que depende en parte del nivel de cualificación de los inmigrantes). Es probable que la orden de Obama impulse el crecimiento económico mediante los dos últimos efectos, mientras que el primero sería insignificante.
Matt O’Brien escribe que, mientras trabajan, estos trabajadores indocumentados no ocupan los empleos que mejor aprovecharían sus talentos. En otras palabras, están atrapados en trabajos improductivos porque no tienen los documentos para solicitar otros mejores. Adam Ozimek nos remite a un artículo de 2002 de Kossoudji y Cobb-Clark, que concluyó que, tras la amnistía para inmigrantes ilegales de 1986, los salarios de quienes recibieron la amnistía aumentaron un 6% entre 1989 y 1992. Los autores concluyeron que la mayor parte de la penalización salarial por estar en situación ilegal se debe a la imposibilidad de cambiar de ocupación.
Inmigración y desigualdad
Owen Zidar escribe que hay varias razones por las que la demanda de trabajo también puede desplazarse hacia afuera tras un aumento de la inmigración: 1/ Los inmigrantes consumen bienes y servicios y aumentan la demanda (y, por tanto, la demanda de trabajo) de esos productos. 2/ Las funciones de producción habituales predicen una relación constante entre capital y trabajo, lo que implica que un L más alto acabará significando más inversión y, por tanto, más demanda de trabajo. 3/ Los inmigrantes podrían ayudar a aumentar la productividad.
El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca escribe que la teoría sugiere que estos cambios de política no tendrían efecto en la tasa de empleo (o desempleo) a largo plazo de los trabajadores nativos, ya que la demanda adicional asociada a la expansión de la economía compensaría la oferta adicional de trabajadores. En consonancia con la teoría, gran parte de la literatura académica sugiere que los cambios en la política de inmigración no afectan a la probabilidad de empleo de los trabajadores nativos. Aunque planteamos la hipótesis de que la acción administrativa no tendrá efectos a largo plazo en la cantidad de empleos ocupados por trabajadores nativos, nuestro análisis de los cambios en la producción por trabajador implica que estas medidas aumentarán la calidad de los empleos de los trabajadores nativos y, por tanto, sus salarios.
Cardiff Garcia escribe que conviene saber que el informe de la CEA sí selecciona de forma sesgada estudios de la literatura existente sobre economía de la inmigración. Por ejemplo, menciona a Giovanni Peri treinta y tres veces, y todas ellas de forma favorable. Peri es el economista favorable a la inmigración por excelencia entre los economistas favorables a la inmigración. El informe solo menciona tres veces a George Borjas, conocido por su escepticismo respecto de los efectos de la inmigración sobre el empleo y los salarios, y lo hace para refutar sus conclusiones.
Publicado en colaboración con Bruegel
Autor: Jérémie Cohen-Setton es candidato a doctorado en Economía en U.C. Berkeley y becario asociado de verano en Goldman Sachs Global Economic Research.
Imagen: Una mujer sostiene un grupo de banderas estadounidenses durante una ceremonia de naturalización de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Oakland, California, el 13 de agosto de 2013. Un total de 1,225 nuevos ciudadanos, representantes de 96 países, prestaron juramento. REUTERS/Robert Galbraith.
