Según la OCDE, la transferencia de beneficios por parte de las multinacionales cuesta a los países unos 240.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la organización ha atraído hasta la fecha a 138 miembros y ha devuelto 70.000 millones de dólares a sus arcas. Para septiembre del próximo año, habrá un intercambio automático de datos fiscales. «Las autoridades obtendrán la información», afirmó Angel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). «Caeremos con todo el peso sobre cualquier país que intente pasarse de listo, incluidas las grandes economías», añadió.
Sin embargo, las medidas de la OCDE no son suficientes, sostuvo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International. Señaló la dimensión de derechos humanos: Kenia, por ejemplo, pierde 1.100 millones de dólares al año en incentivos y exenciones fiscales. Esa cifra duplica el presupuesto sanitario de un país donde 1 de cada 40 niños muere al nacer. Se preguntó por qué los países en desarrollo no están en la mesa de negociación y pidió una ley global fundamental de reforma del impuesto de sociedades que aborde los paraísos fiscales, frene la «carrera a la baja» en la reducción de los tipos impositivos corporativos y limite la capacidad de las grandes empresas para presionar a los gobiernos en favor de tipos fiscales y exenciones especiales.
Gurría señaló que la OCDE trabajó con Enda Kenny, primer ministro de Irlanda, para desmantelar el sistema que había permitido a Apple prácticamente no pagar impuestos. Mientras tanto, la OCDE ha recibido garantías de Estados Unidos de que desmantelará el tristemente célebre paraíso fiscal de Delaware. Sin embargo, reconoció que la OCDE debe empezar a abordar la cuestión de la titularidad real, por la que las actividades financieras de una empresa quedan ocultas tras la fachada de otra entidad corporativa beneficiaria.
Mateusz Morawiecki, vice primer ministro y ministro de Desarrollo Económico y Finanzas de Polonia, afirmó que su país pierde unos 10.000 millones de dólares al año por evasión fiscal. Señaló que los tres países que más invierten en la UE —Estados Unidos, Suiza y Bermudas— son los mismos que reciben los mayores niveles de inversión de la UE. «Si esto no es una enorme evasión fiscal global, no sé qué lo es», afirmó. Polonia cuenta con un dinámico sector de pymes, que representa el 65 % del PIB; sin embargo, la evasión fiscal de las multinacionales priva a la gran mayoría de las pymes locales de condiciones equitativas. «Los países más ricos se están haciendo más ricos porque allí están la mayoría de las multinacionales», dijo Morawiecki. Instó a la UE a actuar con mayor rapidez para abordar el problema.
En respuesta, Valdis Dombrovskis, vicepresidente y comisario de la Comisión Europea responsable del Euro y el Diálogo Social, la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y la Unión de los Mercados de Capitales, sostuvo que la UE está a la vanguardia de las iniciativas contra la transferencia de beneficios y la evasión fiscal, y va más allá que la OCDE en materia de intercambio de información y de lucha contra el secreto bancario y las jurisdicciones fiscales no cooperativas. Su departamento ha propuesto que las multinacionales informen país por país de cuánto impuesto pagan, pero cualquier propuesta de la UE requiere el apoyo unánime de los Estados miembros para entrar en vigor. «Respaldamos el principio de que el impuesto de sociedades se pague donde se desarrolla la actividad», afirmó. Además, Dombrovskis señaló que la UE ha descubierto 600 «acuerdos ventajosos» de precios de transferencia y estudia crear una base imponible corporativa estándar única para eliminar las lagunas legales en todos los Estados miembros.
Al abordar la cuestión del poder de presión de las multinacionales, Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta de Panamá y ministra de Relaciones Exteriores, señaló la injusticia de que las multinacionales insistan en negociar ventajas fiscales en países en desarrollo de las que no disfrutan las empresas locales. «Tenemos que incorporar este análisis al debate», afirmó. Y esto no ocurre solo en el mundo en desarrollo, señaló Byanyima, de Oxfam: las grandes farmacéuticas gastan 250 millones de dólares al año en ejercer presión en el Capitolio, principalmente sobre cuestiones fiscales. Saint Malo pidió a todos los países que se sienten a la mesa y debatan acuerdos transitorios que conduzcan a la creación de un único organismo mundial rector de la fiscalidad. Por su parte, Byanyima instó a las grandes empresas «a hacer lo correcto y no limitarse a hacer lo legal».
