La infraestructura ocupa un lugar central en la relación entre los gobiernos y la ciudadanía, y cuando se presta un buen servicio, genera importantes dividendos sociales. Pensemos en una madre de Texas que lleva a sus hijos a la escuela y está dispuesta a tomar la carretera de peaje, más cara, por el tiempo que ahorra. El tiempo, la eficiencia y la conexión con las comunidades, junto con un mayor crecimiento económico para los países, figuran entre los beneficios prometidos de construir el futuro de la infraestructura sobre bases sólidas. En esta era de creciente escepticismo comercial, la infraestructura podría ser un motor clave del crecimiento de la economía mundial.
Sin embargo, como señaló Ren Hongbin, presidente de China National Machinery Industry Corp., existe una brecha de inversión en infraestructura de entre 15 y 20 billones de dólares —aproximadamente el tamaño del PIB anual de Estados Unidos— y los gobiernos recurren cada vez más a la inversión privada para cubrirla. Se ha avanzado mucho en la creación de una mayor cooperación público-privada en infraestructura, incluidos proyectos sólidos en los que participan empresas, instituciones financieras multilaterales y un firme liderazgo gubernamental.
Para impulsar el crecimiento mediante la inversión en infraestructura, los líderes gubernamentales deben poner el dinero a trabajar: trazar una cartera de inversiones a largo plazo y vincular la demanda de infraestructura con el capital. Si tradicionalmente los gobiernos se consideraban los financiadores de los proyectos de infraestructura, para liberar el potencial de las alianzas público-privadas se necesita un cambio de mentalidad que los lleve a actuar para mitigar los riesgos.
Liderar proyectos de infraestructura plantea desafíos específicos a los líderes gubernamentales, entre ellos propiciar el entorno legislativo adecuado, armonizar las regulaciones con las de otros gobiernos para los proyectos de infraestructura transfronterizos y definir las funciones de las instituciones públicas y privadas, además de generar confianza. Los casos de éxito demuestran que es posible.
Las oportunidades son propicias, pero requieren una actuación meditada, señaló Christian Mumenthaler, director ejecutivo del grupo Swiss Re Group. Estamos en una era de abundancia de capital y, en el entorno actual de tipos de interés bajos, el sector de los seguros tiene cada vez más interés en invertir sus considerables activos en proyectos de infraestructura. Sin embargo, evaluar con precisión los riesgos financieros más amplios es fundamental para garantizar que las perspectivas a largo plazo de las alianzas de inversión público-privadas generen más beneficios que inconvenientes. Todas las partes necesitarán capacidad para transferir riesgos y generar confianza entre los actores públicos y privados. Dada la diversidad de ciclos de financiación y gobernanza de las distintas partes interesadas, Mumenthaler afirmó que espera que unos buenos mecanismos de resolución de controversias sean clave para disipar los temores y movilizar capital privado.
No podemos olvidar a una última parte interesada: la ciudadanía. A lo largo de todo su ciclo de vida, desde su concepción hasta su finalización, los proyectos de infraestructura afrontan grandes dificultades para involucrar a la ciudadanía y comunicar sus objetivos. Es más difícil promocionar el mantenimiento, tan necesario, de la infraestructura existente que un puente nuevo, y justificar el cobro a la ciudadanía por el uso de nuevas infraestructuras resulta complicado. Algunos países, como Australia, han avanzado en este sentido y han dejado de lado la terminología compleja en favor de ideas más fáciles de comunicar: pensemos en el «reciclaje de activos».
Dos medidas clave pueden fortalecer esta relación en particular:
1. Indicar adónde van los dividendos (deberían volver a quienes asumen el coste)
2. Establecer un servicio de pago a un coste razonable, aunque no encaje a la perfección en el modelo financiero
Los líderes que se planteen estas opciones deberán adoptar una perspectiva a largo plazo y contar con suficiente pericia financiera para calcular los verdaderos costes y riesgos a corto y largo plazo de los posibles modelos de asociación. Puede resultar atractivo recurrir a garantías gubernamentales, al estatus de acreedor preferente o, de hecho, privatizar la infraestructura existente. El profesor de la Universidad de Harvard Lawrence Summers advirtió que, si se gestionan mal, algunos de los instrumentos que los gobiernos utilizan para impulsar las alianzas público-privadas —como las garantías— pueden provocar nuevas crisis financieras.
