El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, planteó recientemente una pregunta sencilla e importante: «¿Qué parte del ajuste debe hacer Grecia y qué parte sus acreedores oficiales?». Pero eso plantea otras dos preguntas: ¿Cuánto ajuste ha hecho ya Grecia? ¿Y sus acreedores han cedido algo en absoluto?
En mayo de 2010, el Gobierno griego acordó un ajuste fiscal equivalente al 16 % del PIB entre 2010 y 2013. Como resultado, Grecia pasó de un déficit presupuestario primario (que excluye los pagos de intereses de la deuda) superior al 10 % del PIB a un saldo primario el año pasado: con diferencia, la mayor reversión de este tipo en la Europa posterior a la crisis.
El FMI proyectó inicialmente que el PIB real de Grecia (ajustado por inflación) se contraería alrededor de un 5 % durante el período 2010-2011, se estabilizaría en 2012 y crecería después. En realidad, el PIB real cayó un 25 % y no se recuperó. Y, como el PIB nominal cayó en 2014 y sigue cayendo, la relación deuda/PIB, que debía estabilizarse hace tres años, continúa aumentando.
Blanchard señala que en 2012 Grecia acordó «generar un superávit primario suficiente para limitar su endeudamiento» y aplicar «una serie de reformas que deberían propiciar un mayor crecimiento». Esas llamadas reformas incluían una drástica reducción del gasto público, recortes del salario mínimo, privatizaciones a precio de saldo, el fin de la negociación colectiva y profundos recortes de las pensiones. Grecia cumplió, pero la depresión continuó.
El FMI y los demás acreedores de Grecia han supuesto que la enorme contracción fiscal solo tiene un efecto temporal en la actividad económica, el empleo y los impuestos, y que recortar salarios, pensiones y empleos públicos tiene un efecto mágico sobre el crecimiento. Esto ha resultado ser falso. De hecho, el ajuste de Grecia posterior a 2010 condujo a un desastre económico y al peor error de predicción de la historia del FMI.
Blanchard debería saber que no conviene perseverar en este fiasco. Una vez que se rompe el vínculo entre «reforma» y crecimiento —como ha ocurrido en Grecia—, su argumento se derrumba. Sin una vía hacia el crecimiento, la exigencia de los acreedores de un superávit primario eventual del 3,5 % del PIB es, en realidad, un llamamiento a una mayor contracción, que empezaría con otra profunda recesión este año.
Pero, en vez de reconocer esta realidad y adaptarse en consecuencia, Blanchard insiste aún más en las pensiones. Escribe:
«¿Por qué insistir en las pensiones? Las pensiones y los salarios representan alrededor del 75 % del gasto primario; el 25 % restante ya se ha recortado hasta el límite. El gasto en pensiones supera el 16 % del PIB, y las transferencias del presupuesto al sistema de pensiones se acercan al 10 % del PIB. Creemos que es necesario reducir el gasto en pensiones en un 1 % del PIB (de un total del 16 %), y que puede hacerse protegiendo a los pensionistas más pobres».
Obsérvese primero la condenatoria admisión: aparte de las pensiones y los salarios, el gasto ya se ha «recortado hasta el límite». Y recuerden: el efecto de este enfoque sobre el crecimiento fue negativo. Así que, desafiando las abrumadoras pruebas, el FMI quiere ahora apuntar al sector restante, las pensiones, donde ya se han aplicado enormes recortes —de más del 40 % en muchos casos—. Los nuevos recortes que se exigen golpearían muy duramente a los pobres.
Los pagos de pensiones representan ahora el 16 % del PIB griego precisamente porque la economía de Grecia es un 25 % más pequeña que en 2009. Sin cinco años de austeridad desastrosa, el PIB griego podría ser un 33 % mayor que ahora, y las pensiones representarían el 12 % del PIB en lugar del 16 %. Las cuentas son sencillas.
Blanchard pide al Gobierno griego que presente «medidas verdaderamente creíbles». ¿No debería hacer lo mismo el FMI? Para reducir las pensiones en un punto porcentual del PIB, bastaría con un crecimiento económico nominal de solo el 4 % anual durante dos años, sin más recortes. ¿Por qué no adoptar «medidas creíbles» para alcanzar ese objetivo?
Esto nos lleva a la deuda griega. Como todos en el FMI saben, un sobreendeudamiento es una enorme obligación tributaria sin financiación que les dice a los inversores: entren bajo su propia responsabilidad. En cualquier momento, sus inversiones, beneficios y arduo trabajo pueden quedar gravados para alimentar la mano muerta de los prestamistas del pasado. El sobreendeudamiento es un bloqueo al crecimiento. Por eso toda crisis de deuda acaba, tarde o temprano, en una reestructuración o en un impago.
Blanchard es pionero en la economía de la deuda pública. Sabe que la deuda de Grecia no ha sido sostenible en ningún momento de los últimos cinco años y que tampoco lo es ahora. En este punto, Grecia y el FMI están de acuerdo.
De hecho, Grecia tiene una propuesta de deuda creíble. Primero, que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) preste 27.000 millones de euros (30.000 millones de dólares), con vencimientos largos, para retirar los bonos griegos que el Banco Central Europeo compró imprudentemente en 2010. Segundo, usar los beneficios de esos bonos para pagar al FMI. Tercero, incluir a Grecia en el programa de flexibilización cuantitativa del BCE, lo que le permitiría volver a los mercados.
Grecia aceptaría condiciones justas para el préstamo del MEDE. No pide ni un céntimo de financiación oficial adicional para el Estado griego. Se compromete a vivir dentro de sus posibilidades para siempre y a depender del ahorro interno y la inversión externa para crecer, algo muy por debajo de lo que haría cualquier país grande que controlara su propia moneda ante un desastre comparable.
Blanchard insiste en que ahora es el momento de «tomar decisiones difíciles y asumir compromisos difíciles por ambas partes». Así es. Pero los griegos ya han tomado decisiones difíciles. Ahora le toca al FMI, empezando por admitir que las políticas que impuso durante cinco largos años provocaron un desastre. Para los demás acreedores, la decisión más difícil es admitir —como sabe el FMI— que sus deudas griegas deben reestructurarse. Para ellos, conceder nuevos préstamos para políticas fallidas —la propuesta conjunta actual de los acreedores— no es ningún ajuste.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: James K. Galbraith, autor de The End of Normal, es profesor en la Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas.
Imagen: Un cajero cuenta billetes de euro en una sucursal del Banco Nacional de Grecia en Atenas. REUTERS/John Kolesidis.




