La comisaria europea Margrethe Vestager ha asumido el control de la herramienta más poderosa de la Comisión: la aplicación de la legislación de la Unión Europea en materia de competencia. Tiene potestad para bloquear fusiones o exigir la venta de activos de empresas para que las operaciones puedan llevarse a cabo. Puede multar a las empresas que infrinjan las normas antimonopolio con hasta el 10 por ciento de su facturación mundial. Puede obligar a los Estados miembros de la UE a recuperar las subvenciones concedidas a empresas si el dinero les otorga una ventaja injusta.
Este poder debe ejercerse con cuidado. Vestager hereda varios casos de gran repercusión y sensibilidad: la presunta autopreferencia de Google en las búsquedas por internet, los presuntos precios excesivos del gas de Gazprom y los casos de ventajas fiscales que involucran a Apple, Starbucks y Fiat. Además, podrían producirse nuevas oleadas de fusiones y reestructuraciones industriales, y siguen en curso casos de gran repercusión sobre cárteles en el sector financiero. Aunque la aplicación de la ley está estrictamente regulada, la Comisión conserva un margen de discrecionalidad en sus evaluaciones; los recursos son poco frecuentes (más de dos tercios de los casos de abuso antimonopolio se resuelven sin llegar a los tribunales), lo que significa que a menudo no existe una revisión independiente del análisis de la Comisión. Por tanto, el poder discrecional de Vestager desempeñará un papel crucial, especialmente en los principales casos pendientes, en los que las decisiones de la Comisión podrían tener un enorme impacto en las empresas y los mercados.
Pero la aparente ventaja de la discrecionalidad puede convertirse rápidamente en una carga para los comisarios de Competencia. Dado lo mucho que está en juego, los expone a presiones para tomar decisiones desacertadas. Por ejemplo, se podría pedir a la Comisión que actúe contra empresas extranjeras exitosas porque la industria nacional teme su competencia o porque se consideran excesivos sus precios y, por tanto, deberían limitarse para reducir los costes de los insumos. Los Estados miembros podrían luchar con ahínco para promover sus propias industrias. Por ejemplo, podrían alegar que las fusiones que implican precios más altos para los consumidores europeos son la única solución que permite a las empresas europeas invertir y recuperar protagonismo en los mercados mundiales.
La nueva comisaria solo podrá desenvolverse en el pantano político y proteger a sus servicios de críticas infundadas si transmite una señal clara y creíble de que sus evaluaciones se guiarán por criterios económicos y de que toda decisión que tome acabará beneficiando a los consumidores.
Un ejemplo son los casos de abuso de posición dominante. No debería considerarse culpable a una empresa por el mero hecho de tener un poder de mercado significativo; debe probarse que abusa de ese poder para perjudicar a sus competidores y que, en última instancia, los consumidores saldrían perjudicados. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos archivó un caso antimonopolio contra Google porque concluyó que, aunque el algoritmo de Google perjudicara a sus competidores, aun así podría mejorar la experiencia de los usuarios estadounidenses al responder con rapidez a sus consultas de búsqueda.
Del mismo modo, deberían aprobarse las fusiones que generen ahorros capaces de compensar las reducciones de la competencia, y deberían reconocerse debidamente esas ganancias de eficiencia. Al mismo tiempo, el vínculo causal entre una fusión y sus beneficios debe fundamentarse con cuidado y transparencia, porque un menor nivel de competencia en el mercado nunca hace evidente que vaya a aumentar la inversión. Por ejemplo, durante más de una década se permitió a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses disfrutar de un grado significativo de poder de mercado. En la clasificación por países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2003 sobre la penetración de la banda ancha fija, Estados Unidos ocupó el décimo puesto. En 2013, había caído al decimosexto. Los países que aplicaron políticas favorables a la competencia mostraron un mejor desempeño en materia de inversión.
Vestager puede conciliar los intereses de las empresas y de los consumidores si los operadores confían en que las futuras decisiones antimonopolio reflejarán correctamente la interacción entre los efectos a corto plazo (como posibles subidas de precios) y los efectos dinámicos o a largo plazo (como la posible oferta de productos nuevos o mejores). La legislación antimonopolio empodera a los consumidores, que pueden amenazar con cambiar de proveedor y obligar a las empresas a rendir e innovar. Pero también garantiza que las empresas innovadoras reciban una recompensa plena por sus esfuerzos. La aplicación de las normas antimonopolio puede ser un recurso para las empresas, no un problema.
Como escribió Adam Smith, padre del capitalismo: «el consumo es el único fin y propósito de toda producción; solo debe atenderse al interés del productor en la medida en que sea necesario para promover el del consumidor». Si atiende a la sabiduría de Smith, la señora Vestager sacará el máximo partido de su nuevo cargo en beneficio de la economía europea.
Publicado en colaboración con Bruegel
Autor: Mario Mariniello es investigador en Bruegel.
Imagen: Las banderas de los Estados miembros de la Unión Europea ondean frente al edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 15 de abril de 2014. REUTERS/Vincent Kessler.
