Dos nuevos estudios muestran, una vez más, la magnitud del problema de la desigualdad que azota a Estados Unidos. El primero, el informe anual sobre ingresos y pobreza de la Oficina del Censo de EE. UU., muestra que, a pesar de la supuesta recuperación de la economía tras la Gran Recesión, los ingresos de los estadounidenses de a pie siguen estancados. El ingreso mediano de los hogares, ajustado por inflación, se mantiene por debajo de su nivel de hace un cuarto de siglo.
Se solía pensar que la mayor fortaleza de Estados Unidos no era su poderío militar, sino un sistema económico que era la envidia del mundo. Pero ¿por qué otros países querrían emular un modelo económico en el que una gran proporción de la población —incluso una mayoría— ha visto estancarse sus ingresos mientras los de la cúspide se han disparado?
Un segundo estudio, el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, corrobora estos hallazgos. Cada año, el PNUD publica una clasificación de países según su Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora otras dimensiones del bienestar además de los ingresos, como la salud y la educación.
Estados Unidos ocupa el quinto puesto según el IDH, por detrás de Noruega, Australia, Suiza y los Países Bajos. Pero cuando su puntuación se ajusta por desigualdad, cae 23 posiciones, una de las mayores caídas de este tipo entre los países muy desarrollados. De hecho, Estados Unidos queda por debajo de Grecia y Eslovaquia, países que la gente no suele considerar modelos a seguir ni competidores de Estados Unidos en la cima de las clasificaciones.
El informe del PNUD subraya otro aspecto del desempeño social: la vulnerabilidad. Señala que, aunque muchos países lograron sacar a la gente de la pobreza, la vida de muchas personas sigue siendo precaria. Un hecho pequeño —por ejemplo, una enfermedad en la familia— puede hacerlas caer en la indigencia. La movilidad descendente es una amenaza real, mientras que la movilidad ascendente es limitada.
En Estados Unidos, la movilidad ascendente es más un mito que una realidad, mientras que la movilidad descendente y la vulnerabilidad son una experiencia ampliamente compartida. Esto se debe en parte al sistema sanitario estadounidense, que sigue dejando a los estadounidenses pobres en una posición precaria, a pesar de las reformas del presidente Barack Obama.
Quienes están en la parte inferior están a solo un paso de la bancarrota, con todo lo que ello conlleva. Una enfermedad, un divorcio o la pérdida de un empleo suele bastar para empujarlos al abismo.
La Ley de Protección al Paciente y Atención Asequible (u «Obamacare»), de 2010, tenía como objetivo atenuar estas amenazas, y existen fuertes indicios de que va camino de reducir significativamente el número de estadounidenses sin seguro. Pero, en parte debido a una decisión del Tribunal Supremo y a la obstinación de los gobernadores y legisladores republicanos, que en dos docenas de estados de EE. UU. se han negado a ampliar Medicaid (seguro para los pobres), aunque el gobierno federal paga casi la totalidad de la factura — 41 millones de estadounidenses siguen sin seguro. Cuando la desigualdad económica se traduce en desigualdad política, como ha ocurrido en amplias zonas de EE. UU., los gobiernos prestan poca atención a las necesidades de quienes están en la parte inferior.
Ni el PIB ni el IDH reflejan los cambios a lo largo del tiempo ni las diferencias entre países en cuanto a vulnerabilidad. Pero en Estados Unidos y en otros lugares, ha habido una marcada disminución de la seguridad. Quienes tienen empleo temen no poder conservarlo; quienes no lo tienen temen no conseguir uno.
La reciente recesión económica devastó la riqueza de muchos. En Estados Unidos, incluso después de la recuperación bursátil, la riqueza mediana cayó más de un 40 % entre 2007 y 2013. Eso significa que muchas personas mayores y quienes se acercan a la jubilación temen por su nivel de vida. Millones de estadounidenses han perdido sus casas; millones más viven con la inseguridad de saber que podrían perder la suya en el futuro.
Estas inseguridades se suman a las que desde hace tiempo afrontan los estadounidenses. En los barrios céntricos de las ciudades, millones de jóvenes hispanos y afroamericanos se enfrentan a la inseguridad de un sistema policial y judicial disfuncional e injusto; cruzarse con un policía que ha tenido una mala noche puede acarrear una condena de prisión injustificada, o algo peor.
Europa ha entendido tradicionalmente la importancia de abordar la vulnerabilidad mediante un sistema de protección social. Los europeos han reconocido que los buenos sistemas de protección social pueden incluso mejorar el desempeño económico general, ya que las personas están más dispuestas a asumir los riesgos que conducen a un mayor crecimiento económico.
Pero en muchas partes de Europa hoy, el desempleo elevado (12 % de media, 25 % en los países más afectados), combinado con recortes en la protección social inducidos por la austeridad, ha provocado aumentos sin precedentes de la vulnerabilidad. Esto implica que la disminución del bienestar social puede ser mucho mayor de lo que indican las medidas convencionales del PIB, cifras que ya son bastante sombrías, pues en la mayoría de los países se observa que el ingreso real (ajustado por inflación) per cápita se sitúa hoy por debajo del nivel anterior a la crisis, una media década perdida.
El informe de la Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (que presidí) subrayó que el PIB no es una buena medida de lo bien que funciona una economía. Los informes de la Oficina del Censo de EE. UU. y del PNUD nos recuerdan la importancia de esta idea. Demasiado se ha sacrificado ya en el altar del fetichismo del PIB.
Independientemente de la rapidez con la que crezca el PIB, un sistema económico que no logra generar beneficios para la mayoría de sus ciudadanos, y en el que una proporción creciente de la población se enfrenta a una inseguridad cada vez mayor, es, en un sentido fundamental, un sistema económico fallido. Y las políticas, como la austeridad, que aumentan la inseguridad y conducen a menores ingresos y niveles de vida para grandes proporciones de la población son, en un sentido fundamental, políticas erróneas.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia, presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y se desempeñó como vicepresidente sénior y economista jefe del Banco Mundial.
Imagen: Andrea Smith sostiene a su hija Norah en un parque infantil de Winthrop Harbor, Illinois, el 9 de mayo de 2014. REUTERS/Jim Young
