Los efectos de la inmigración en los salarios y el empleo de los nativos del país de acogida han recibido mucha atención por parte de investigadores y responsables políticos (por ejemplo, Friedberg y Hunt 1995; Manacorda et al. 2012; Dustmann et al. 2013). Sin embargo, la mayoría de los estudios empíricos no han encontrado pruebas convincentes de un impacto negativo sustancial. Los datos sobre actitudes sociales muestran que la percepción de que la inmigración supone una carga para las finanzas públicas es una dimensión de la preocupación económica asociada a la hostilidad hacia la inmigración tanto como otras y quizá con mayor intensidad, no solo en el Reino Unido, sino también en muchos otros países (Card et al. 2012; Dustmann y Preston 2006, 2007).
Es posible que esta prioridad esté justificada desde el punto de vista económico: cabe considerar razonablemente que la carga o el superávit generados por los efectos de la inmigración en las finanzas públicas son una cuestión de máxima importancia. La cobertura de la prensa en el Reino Unido y otros lugares lo refleja: el uso de los servicios públicos por parte de los inmigrantes se convierte fácilmente en motivo de preocupación. Sin embargo, informes recientes —por ejemplo, los de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (2013) y la OCDE (2013)— también han llamado la atención sobre el importante papel positivo de la inmigración en la salud de las finanzas públicas a largo plazo.
Comprender adecuadamente estos efectos es un insumo importante para la toma de decisiones sobre política migratoria y un complemento necesario para planificar sus consecuencias.
Las investigaciones sugieren que no existe una respuesta sencilla y general, aplicable en todas las circunstancias, sobre la magnitud y la dirección del efecto de la inmigración en este ámbito (Preston 2014). Los inmigrantes contribuyen mediante el pago de impuestos y, al mismo tiempo, recurren a las finanzas públicas al consumir bienes y servicios de provisión pública. Los inmigrantes difieren de los residentes nacidos en el país en cuanto a su perfil demográfico, sus competencias y sus costumbres sociales; por consiguiente, ambos grupos pagan impuestos distintos y ejercen una presión diferente sobre los servicios públicos.
En particular, las contribuciones fiscales netas varían a lo largo de la vida de cada persona: las mayores cargas en las principales partidas de gasto público, como la salud y la educación, se producen al principio y al final de la vida, mientras que los principales años de pago de impuestos son los de la edad laboral, entre ambas etapas. La composición por edades de la población inmigrante suele diferir de la de la población nacida en el país.
Además, en la medida en que la migración obedece a motivos económicos y las recompensas económicas dependen de los tipos impositivos y de los derechos a prestaciones en efectivo o en especie financiadas mediante el gasto público, existe la posibilidad de que la propia composición de la población inmigrante se vea afectada por la naturaleza de las finanzas del sector público.
La única manera de responder si la inmigración afecta positiva o negativamente a las arcas públicas de un país concreto es llevar a cabo una contabilidad cuidadosa y exhaustiva. No es útil señalar cargas o contribuciones concretas y visibles mientras se ignoran los contrapesos menos visibles.
El pago de impuestos y la percepción de prestaciones sociales dependerán en gran medida de los ingresos y la situación laboral de los inmigrantes, así como de la naturaleza de su gasto. Los datos indican que los inmigrantes recién llegados al Reino Unido son más jóvenes y tienen mejores cualificaciones que el trabajador típico nacido en el país, aunque muchos inmigrantes tienden a trabajar inicialmente en empleos peor remunerados que los que tendrían trabajadores nacidos en el Reino Unido con cualificaciones similares (Dustmann et al. 2013). Con el tiempo, esta infrautilización de sus cualificaciones tiende a disminuir a medida que los inmigrantes se adaptan al mercado laboral del país de acogida. La trayectoria de sus pagos fiscales debería evolucionar en consecuencia.
En muchos países se han dedicado numerosos estudios a determinar si los sistemas de bienestar generosos atraen la migración económica. Para ello, comparan la dependencia de las prestaciones sociales entre inmigrantes y nativos o buscan asociaciones entre la naturaleza de los flujos migratorios y los derechos a prestaciones en distintos países; los resultados son dispares. Los datos del Reino Unido muestran que, entre los inmigrantes recién llegados, los niveles de percepción de prestaciones y de uso de la vivienda social son inferiores a los de la población nacida en el país (Dustmann y Frattini 2014).
Es más difícil evaluar y calcular con precisión la recepción de prestaciones en especie. En el caso de servicios públicos de consumo colectivo, como la defensa o el medio ambiente, el aumento de población que acompaña a la inmigración permite repartir más ampliamente la carga de su financiación. Evaluar aquellos elementos del sector público que se proporcionan en especie, pero se consumen en gran medida o parcialmente de forma individual, resulta más complicado; aun así, la investigación pertinente ofrece datos útiles.
Las investigaciones realizadas en varios países indican que, por lo general, los inmigrantes llegan con mejor salud que los nativos (como cabría esperar si las ganancias económicas de migrar por trabajo son mayores para quienes gozan de mejor salud), pero con el tiempo convergen con los niveles de salud de los nativos. Por tanto, sería extraño que las cargas sobre el gasto sanitario fueran muy distintas de las correspondientes a personas nacidas en el Reino Unido con características comparables. Wadsworth (2013), por ejemplo, no observa ninguna diferencia, en consonancia con los resultados obtenidos en otros países.
A veces se menciona el posible impacto de la inmigración en las tasas de delincuencia como motivo de preocupación. Sin embargo, una vez más, los estudios empíricos realizados en varios países aportan pocas pruebas que confirmen esos temores. Bell et al. (2013) y Jaitman y Machin (2013), por ejemplo, muestran que la oleada más reciente de inmigración al Reino Unido no ha tenido un impacto evidente en las tasas de delincuencia.
En cuanto a la educación, los inmigrantes suelen llegar después de que su país de origen haya asumido los costes de la educación primaria y secundaria. Por supuesto, quizá haya que educar a sus hijos, pero, salvo que se prevea que estos se marchen antes de llegar a la edad adulta, ese gasto debe considerarse en el contexto de todo su ciclo de vida y, en especial, de sus futuros pagos fiscales.
Los datos comparativos entre países sobre los efectos en el rendimiento educativo de los niños de origen nativo son dispares. Sin embargo, investigaciones recientes en el Reino Unido sobre el efecto de la diversidad lingüística en los resultados de las escuelas primarias sugieren que pueden descartarse los efectos negativos (Geay et al. 2013). Las tasas que pagan los estudiantes extranjeros constituyen, por supuesto, una parte importante de los presupuestos universitarios, y Machin y Murphy (2014) no encuentran pruebas de que se desplace a los estudiantes nacionales.
En general, la sensibilidad del gasto público a la inmigración variará en función de la composición del gasto público y, en particular, de su carácter redistributivo y del grado de rivalidad en el consumo. La inmigración puede generar costes no solo por el consumo de servicios públicos por parte de los propios inmigrantes, sino también al afectar al coste de la prestación de esos servicios a los nativos. Desde una perspectiva dinámica, también puede alterar el cálculo de las finanzas del sector público por su impacto en la estructura por edades de la población y por el momento de la inmigración dentro de la vida de los inmigrantes.
Dado que el equilibrio entre estos efectos depende, entre otras cosas, de la naturaleza de las normas tributarias y de gasto, de las presiones de selección que influyen en la composición de la población inmigrante y de la fase del ciclo económico en que se evalúan los efectos, no hay conclusiones generales aplicables a todas las circunstancias y a todos los países sobre si la inmigración favorece las finanzas públicas. Aun así, cada vez surgen más datos sobre casos concretos gracias a estudios de la composición de la población inmigrante y del uso de los servicios, así como a estudios del efecto de la inmigración en los resultados de la población nativa.
Publicado en colaboración con VoxEU
Autor: Ian Preston es profesor de Economía en University College London
Imagen: Un agente de policía comprueba el pasaporte de un inmigrante chino en la fábrica textil Shen Wu de Prato, el 9 de diciembre de 2013. REUTERS/Stefano Rellandini
