Han pasado diez años desde que golpeó la recesión mundial, y este es el momento perfecto para replantear y reevaluar la crisis con la perspectiva que da el tiempo. Hasta ahora, gran parte de la atención se ha centrado en los fallos económicos o de política pública, dejando fuera del debate la cuestión de la rendición de cuentas. En marcado contraste con los llamamientos populares a castigar a los responsables, los líderes políticos no se preocuparon demasiado por exigir responsabilidades y dejaron impunes a los banqueros. Fue un error. Por citar solo un ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido, esta impunidad tras la crisis —junto con otros factores políticos— ha tenido efectos perjudiciales en la política democrática y ha allanado el camino para que surjan demagogos y aprovechen una ola de descontento popular.
Nuestra investigación comparativa, realizada con Kieran McEvoy y Neophytos Loizides, revela que Islandia destaca entre los demás países. Islandia, una pequeña nación europea de 330.000 habitantes, ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de exigir responsabilidades y sugiere cómo abordar estas cuestiones si el mundo vuelve a sufrir una crisis financiera.
Días después de la quiebra del 97 % de su sector bancario, las autoridades islandesas diseñaron una política integral de rendición de cuentas basada en dos objetivos que se solapaban: establecer la verdad y castigar a los responsables. Se encomendó a una comisión independiente de la verdad comisión de la verdad la tarea de documentar las causas del colapso, y se encargó a la recién creada Fiscalía Especial investigar a fondo y procesar a los responsables de cualquier delito cometido antes de la crisis. Ambos mecanismos han tenido un éxito notable.
Publicado en 2010, el informe de 2.200 páginas de la comisión de la verdad informe de 2.200 páginas no solo documentó los numerosos fallos del sistema financiero islandés, sino que también formuló recomendaciones concretas para proteger las instituciones del Estado frente a una crisis futura. El informe se convirtió de inmediato en un éxito de ventas, y se vendieron ejemplares en supermercados. Fue un regalo popular: algunos padres incluso se lo dieron a sus hijos para ayudarlos a evitar que cometieran los mismos errores.
La Fiscalía Especial logró procesar a 40 ejecutivos bancarios. Esto es notable, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa población de la isla y la experiencia comparada de otros países europeos afectados por la recesión, como Irlanda, Chipre o el Reino Unido (tabla a continuación).
El populismo se basa en una visión simplista que divide a la sociedad entre el «pueblo verdadero» y las «élites corruptas». Tras una crisis financiera, los ejecutivos bancarios solían ser —y aún son— vistos como las «élites codiciosas», responsables del sufrimiento de la población; eso explica por qué al público le cuesta tanto perdonarlos. Al no investigar adecuadamente las causas de la crisis, como sí ocurrió en Islandia, hábiles demagogos de otros lugares han podido presentar a las élites políticas y al poder judicial como parte de un sistema corrupto.
A continuación se presentan cuatro medidas clave que tomó Islandia tras la recesión mundial y de las que otros países pueden aprender.
1. Dotarse de recursos para investigaciones especiales
Como mostramos en nuestra investigación en curso con Stefano Pagliari, aunque el poder judicial sea independiente, los políticos pueden tomar medidas para mejorar la eficacia de los fiscales. Asumir riesgos excesivos o imprudentes no siempre es punible por ley, por lo que los fiscales deben demostrar que los banqueros tenían intención de infringirla. Esto significa que la experiencia en delitos de cuello blanco es indispensable para una investigación penal. Islandia contaba con esta capacidad, pero la mayoría de los demás países afectados por la crisis no.
2. Cuando la verdad guía, la justicia sigue
Descubrir la verdad y castigar a los responsables son objetivos igual de valiosos. Pero solo pueden reforzarse mutuamente si se sigue un orden concreto: primero la verdad y después la justicia. Por ejemplo, la comisión islandesa creó un espacio seguro para que los participantes revelaran toda la verdad, bajo el supuesto de que sus testimonios no se utilizarían ante los tribunales. Es comprensible que los banqueros se hubieran mostrado reacios a compartir información sensible sobre sus actividades si los procesos judiciales hubieran avanzado en paralelo con la comisión.
Una comisión similar en Chipre, integrada por tres exjueces y con un mandato legalista, dio lugar a testimonios cautelosos y al ocultamiento, en vez de revelar la verdad. Sin embargo, en Islandia, una vez que el informe de la comisión expuso los impactantes detalles de los fallos de los bancos, el impulso generado permitió que el fiscal especial comenzara a presentar cargos.
3. Uso de tecnologías forenses
La aplicación de tecnologías forenses es el verdadero secreto del éxito de Islandia. Al analizar millones de datos, los comisionados reconstruyeron patrones de actividad previos a la crisis.
Además, mientras los fiscales irlandeses y chipriotas tenían dificultades para explicar a un juez o jurado los detalles técnicos de los casos de delitos de cuello blanco, en entrevistas descubrí que la Fiscalía Especial de Islandia desarrolló un simulador capaz de reconstruir las interacciones bancarias. La conversión de los datos en elementos visuales aportó claridad suficiente para garantizar condenas.
4. No procesar a los políticos
Islandia no acertó en todo. El error más importante fue la decisión de crear un tribunal especial para el ex primer ministro, el primer y único líder político del mundo occidental condenado por su papel en la crisis por «negligencia grave»: no informar a su gabinete de acontecimientos importantes de la crisis, lo que provocó la quiebra de tres bancos nacionales. Incluso los políticos de la oposición reconocen ahora que fue un error que polarizó innecesariamente la política islandesa.
La experiencia comparada de otros países, como Grecia, demuestra que procesar a políticos puede perjudicar la creación de consensos, tan necesaria en tiempos de crisis. Un juego interminable de acusaciones afectará negativamente a la recuperación económica. A los líderes políticos se les debe castigar en las urnas, no en los tribunales.
El logro más notable de Islandia es que no hayan surgido demagogos. Es cierto que otros factores han desempeñado un papel importante en la protección de la política democrática frente a la aparición de líderes populistas. En este sentido, señalo la rápida recuperación económica del país y su sistema electoral.
Sin embargo, al procurar exigir responsabilidades, el Estado señaló que cumplía con su deber de defender el Estado de derecho y, al hacerlo, puede haber protegido la política democrática durante las décadas venideras.
En una era política de posverdad, un informe de la Comisión Especial de Investigación (SIC, por sus siglas en inglés) de Islandia estableció la verdad sobre las causas de la crisis. Esto limitó «el margen de las mentiras permisibles» —por citar al célebre académico canadiense Michael Ignatieff— y frustró las teorías conspirativas. Mientras tanto, en Grecia, los políticos populistas siguen cuestionando las cifras del déficit público que desencadenaron la crisis. Sostienen que los déficits se inflaron artificialmente para someter a Grecia a supervisión externa. Pensemos, por ejemplo, en las oleadas de acusaciones formales contra el antiguo director de la autoridad estadística griega.
Las recomendaciones de política pública de la comisión sentaron las bases para un amplio conjunto de reformas institucionales destinadas a proteger las instituciones democráticas frente a una futura crisis financiera. Al mismo tiempo, la Fiscalía Especial desarrolló una experiencia sin parangón en la investigación de delitos de cuello blanco. En cambio, otros países europeos no tienen hoy más capacidad para investigar delitos empresariales que hace diez años.
La experiencia de Islandia demuestra que aplicar políticas de rendición de cuentas tras una crisis puede proteger a las democracias de la inestabilidad política y fortalecer las instituciones del Estado, protegiendo así al país frente a una crisis futura.
