El estancamiento político en curso en Estados Unidos tiene dos implicaciones importantes para el sistema monetario internacional. La consecuencia más conocida ha sido la creciente incertidumbre sobre el dólar estadounidense, la principal moneda de reserva mundial, y sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, supuestamente el activo financiero más «seguro» del mundo. No sorprende que los principales inversores en bonos del Tesoro estadounidense, China y Japón, hayan expresado su alarma. En pocas palabras, la economía mundial tiene en su centro un régimen político disfuncional que genera amenazas recurrentes de impago sobre el principal activo de reserva del mundo.
La segunda implicación es la nueva postergación de la reforma de cuotas y gobernanza de 2010 del Fondo Monetario Internacional, que duplicaría las contribuciones de los países miembros y aumentaría modestamente el poder de voto de las principales economías emergentes. Antes de su aprobación por el Consejo de Administración del FMI en diciembre de 2010, la reforma, acordada en la Cumbre del G-20 en Seúl, había sido celebrada como un avance «histórico». Pero la historia se ha estancado sin la aprobación de Estados Unidos, que tiene un poder de veto efectivo sobre las principales decisiones del FMI.
La amenaza de un impago de Estados Unidos podría terminar en un acuerdo político para elevar el techo de deuda del gobierno estadounidense, como ocurrió en 2011. Pero, sea cual sea el resultado, el último episodio deja en claro que nuestro mundo globalizado merece un sistema monetario internacional mejor que el actual «no sistema», que evolucionó de manera ad hoc tras el colapso, a comienzos de la década de 1970, de los acuerdos iniciales de Bretton Woods.
La necesidad de reformar en profundidad el sistema monetario y financiero internacional fue una de las lecciones básicas de la crisis financiera mundial. Si bien ha habido reformas importantes, aunque incompletas, de las finanzas internacionales, los esfuerzos de 2009 y 2010 por reformar el sistema monetario internacional —incluidos los cambios propuestos en el FMI— no han dado lugar a ninguna acción significativa.
Las propuestas de reforma provinieron de diversos ámbitos: del gobernador del Banco Popular de China; de una comisión convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la reforma del sistema monetario y financiero internacional, presidida por el premio Nobel Joseph E. Stiglitz; y de la Iniciativa Palais Royal de Francia, dirigida por el exdirector gerente del FMI Michel Camdessus. También ha habido innumerables contribuciones académicas al debate.
El primer elemento de la reforma debería ser dar un papel más importante al único verdadero dinero internacional que el mundo tiene hoy: los Derechos Especiales de Giro, creados en 1969 como resultado de otra crisis del dólar. La creación de los DEG fue acompañada de un compromiso, incluido en el Convenio Constitutivo del FMI, de «hacer del derecho especial de giro el principal activo de reserva del sistema monetario internacional» (artículo VIII, sección 7, y artículo XXII). Pero este compromiso ha quedado en letra muerta, salvo por las emisiones periódicas de DEG durante las crisis, incluido el equivalente a 250.000 millones de dólares en 2009.
El Convenio Constitutivo del FMI debería modificarse para permitir un uso más flexible de los DEG, replicando la forma en que operan los bancos centrales. Es decir, los DEG podrían crearse durante las recesiones mundiales y retirarse durante los auges. También deberían ser la principal fuente de financiamiento del FMI, reemplazando las suscripciones de cuotas o los préstamos de los países miembros al Fondo (lo que convertiría potencialmente al FMI en una institución basada exclusivamente en DEG, como propuso hace décadas el difunto economista del FMI Jacques Polak). El enfoque más sencillo sería que los países «depositaran» en el FMI los DEG que reciben, y que este pudiera luego prestarlos a países e invertir el remanente en bonos soberanos.
Esto debería combinarse con un papel más activo del FMI —en lugar del G-20— como verdadero instrumento de coordinación global de la política macroeconómica. Un objetivo esencial (y generalmente aceptado) de esa coordinación debería ser reducir los desequilibrios globales como los causados en los últimos años por el creciente superávit externo de la Unión Europea, que ha obligado a muchas economías emergentes a registrar déficits cada vez mayores.
Dado que otras monedas globales —el dólar, el euro y, cada vez más, el renminbi— seguirían coexistiendo con los DEG como activos de reserva mundiales, otro elemento esencial de la cooperación macroeconómica global debería ser definir las obligaciones particulares de los países (o regiones) que emiten monedas de reserva.
Otro elemento más de la reforma monetaria internacional es una mejor gestión del sistema global de tipos de cambio (o, de nuevo, «no sistema»), que debería apuntar a evitar la «manipulación» de las monedas, pero solo después de definir con precisión qué significa eso. También debería reducir los altos niveles de volatilidad del tipo de cambio —«un impuesto a la especialización internacional», como dijo en su momento el economista Charles Kindleberger— que hemos visto en los últimos años, incluso entre las principales monedas.
Los debates de largo plazo sobre finanzas globales también han dejado claro que, en ciertas condiciones, la regulación de los flujos de capital («medidas de gestión de flujos de capital», según la terminología actual del FMI) está justificada por razones «macroprudenciales», un entendimiento aceptado por el G-20 en su reunión de Cannes de 2011 y por el FMI el año pasado.
Por último, pero no menos importante, el sistema monetario internacional requiere una reforma de la gobernanza, que incluya dar una voz más fuerte a los países emergentes y en desarrollo. Aparte de la adopción final de las reformas de 2010 y de los debates sobre cuotas previstos para 2014, los cambios deberían incluir los recomendados por la Comisión Stiglitz, la Iniciativa Palais Royal y el Comité sobre la Reforma de la Gobernanza del FMI de 2009, presidido por Trevor Manuel, entre otros.
Un elemento central de estas propuestas es eliminar, de una vez por todas, el poder de veto de cualquier país. Mientras el mundo espera con ansiedad que algunos líderes políticos estadounidenses se comporten como adultos, el costo de mantener el actual no sistema se ha vuelto demasiado evidente.
Las opiniones expresadas aquí son las del autor, y no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: José Antonio Ocampo es profesor en la Universidad de Columbia, exsubsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, y exministro de Finanzas de Colombia.
Imagen: Un cambista inspecciona billetes de cien dólares antes de cambiarlos por pesos filipinos en una casa de cambio en Manila, el 28 de marzo de 2012. REUTERS/Romeo Ranoco
