En la historia de las disputas famosas, están los Hatfield y los McCoy, los Montescos y los Capuletos y, a veces parece, los abogados y los economistas.
Como abogado, a menudo me encuentro en acalorados debates con mis amigos y colegas economistas. Ellos usan datos, nosotros usamos palabras; ellos confían en agentes racionales, nosotros sabemos que los seres humanos son, lamentablemente, a menudo profundamente irracionales; y ellos quieren conectar distintos puntos de datos para ilustrar una tendencia, nosotros queremos destacar el infinito matiz entre esos puntos de datos que se resiste a una narrativa simple.
Sin embargo, pese a nuestras diferencias aparentemente fundamentales, parece que estamos llegando a un consenso en torno a la idea de que el derecho sí importa para las finanzas. En concreto, que determinados tipos de normas (las relativas a los derechos de los acreedores y la insolvencia) son relevantes para determinados tipos de financiación (la deuda).
En un nuevo artículo publicado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, mi colega Antonia Menezes y yo nos asociamos con dos académicos de la Universidad de Oxford, John Armour y Kristin van Zwieten, para demostrar cómo las leyes de infraestructura financiera influyen en la financiación de la deuda.
En aras de la plena transparencia, debo decir que los cuatro somos abogados. Sin embargo, John y Kristin son académicos destacados en la intersección entre economía y derecho en el programa de Derecho y Finanzas de Oxford, y ambos tienen títulos de posgrado avanzados en economía. ¡Saben de lo que hablan y lo practican!
En el artículo constatamos que, quizá de forma paradójica, reforzar los derechos de los acreedores —incluso en ocasiones a expensas de los derechos de los deudores— puede mejorar el acceso al crédito a tipos razonables para esos mismos deudores. La previsibilidad que generan los regímenes de insolvencia y de garantías mobiliarias más eficientes y transparentes, en particular, parece tener el efecto —tanto en estudios comparativos entre países como, y esto es crucial, en estudios dentro de un mismo país— de reducir el coste de los préstamos para las empresas y aumentar su acceso a la financiación.
Por supuesto, como cualquier buen abogado le dirá, debe tenerse cautela al extraer conclusiones de un sistema jurídico y aplicarlas a otro. Pero las pruebas procedentes de distintos países, de diversos niveles de renta y orígenes jurídicos, apuntan todas en la misma dirección.
¿Podría esto anunciar una distensión en la disputa? Quizá. (Aun así, si alguna vez me cruzo con esos de Freakonomics por la calle, les voy a decir lo que pienso. . . )
Esta entrada apareció originalmente en el Blog de Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial.
La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autor: Mahesh Uttamchandani es Responsable Global de Soluciones para la Infraestructura Crediticia en la Práctica Global de Finanzas y Mercados.
Imagen: Un empresario camina por la explanada de La Defense, distrito financiero y empresarial situado al oeste de París. REUTERS/Gonzalo Fuentes
