Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate.
La isla caribeña de Puerto Rico, el mayor «territorio» de Estados Unidos, está en quiebra financiera, y allí se desarrolla una catástrofe humana. A menos que se encuentre un curso constructivo de acción política en 2016, la migración puertorriqueña hacia los 50 estados rivalizará en magnitud con el éxodo del Dust Bowl de los años treinta desde Oklahoma, Arkansas y otros estados devastados por el clima.
Con el servicio de la deuda pública (principal más intereses) previsto para alcanzar casi el 40 % de los ingresos del gobierno en 2016, Puerto Rico necesita un nuevo conjunto de políticas económicas. Pero la austeridad no funcionará; debe tratarse de una recuperación impulsada por la inversión, con medidas oficiales orientadas a impulsar el crecimiento mediante la reducción del coste de hacer negocios.
La cuestión es si Puerto Rico tendrá esa opción. Gran parte de su deuda de 73 000 millones de dólares ha sido emitida por corporaciones gubernamentales. Pero, aunque la legislación federal permite reestructurar esa deuda municipal con arreglo al Capítulo 9 del código de quiebras en los 50 estados, esto no se aplica a territorios estadounidenses como Puerto Rico. En consecuencia, se avecina una larga serie de confusas batallas legales e impagos selectivos. El coste de los servicios básicos de infraestructura (electricidad, agua, alcantarillado y transporte) aumentará mientras la calidad disminuye.
Una respuesta ha sido exigir más recortes, por ejemplo, en forma de reducciones salariales y recortes en sanidad. Pero los residentes de Puerto Rico también son ciudadanos estadounidenses y votan con los pies: la población ha caído de 3,9 a 3,5 millones en los últimos años, a medida que personas talentosas y emprendedoras se han trasladado a Florida, Texas y otras partes del continente.
Cuanto más insistan los acreedores en niveles de vida más bajos y en impuestos más altos, más abandonará simplemente la isla la base imponible, lo que aumentará las pérdidas de los tenedores de bonos. Los impagos desordenados de las corporaciones públicas dificultarán que cualquier parte del sistema de crédito privado funcione.
Destacados conservadores de Estados Unidos – incluidos los del Instituto Hoover – llevan mucho tiempo defendiendo el uso de los procedimientos de quiebra establecidos cuando fracasan grandes empresas financieras. La misma lógica se aplica aquí: un juez puede disipar cualquier duda sobre la existencia de una insolvencia real, al tiempo que garantiza que el crédito siga disponible durante una reestructuración. Durante ese proceso, un juez puede basarse en la jurisprudencia y garantizar la equidad entre las distintas clases de acreedores según los términos exactos en que se concedieron los préstamos.
Aunque los republicanos del Congreso se han negado hasta ahora a permitir un proceso de quiebra supervisado por un juez, un acuerdo bipartidista sigue siendo posible. Los senadores demócratas Richard Blumenthal, Elizabeth Warren y Charles E. Schumer han propuesto una legislación que introduciría una suspensión de las demandas de los acreedores hasta el 31 de marzo de 2016. Nadie, incluido el senador republicano Chuck Grassley, presidente de la poderosa Comisión Judicial del Senado, cree que la reestructuración de la deuda por sí sola devolverá el crecimiento; pero extender el Capítulo 9 del código de quiebras a Puerto Rico ayudaría.
Puerto Rico necesita inversión del sector privado, lo que exige dar tres pasos. Para empezar, deben eliminarse los obstáculos burocráticos a la creación de empleo, incluido el uso de tecnología de vanguardia para hacer más transparente el gobierno. Pedro Pierluisi, representante de Puerto Rico en el Congreso, lleva mucho tiempo insistiendo en este punto.
En segundo lugar, debe reducirse el coste de los insumos esenciales para la industria. La electricidad en la isla es considerablemente más cara que en Florida, en parte debido a la falta de inversión. En términos más generales, hay necesidades urgentes de inversión pública para mejorar la infraestructura, lo que supone grandes oportunidades para la participación del sector privado. Pero nada de esto ocurrirá hasta que se elimine el lastre de la deuda.
Por último, Puerto Rico necesita una mejor gestión fiscal. El sistema tributario y de gasto particular de la isla, y la falta de un control local efectivo sobre la política fiscal, se ha convertido en parte del problema a largo plazo. Puerto Rico debería, con el tiempo, parecerse más a uno de los 50 estados en su relación fiscal con el gobierno federal. Si el Congreso está dispuesto a comprometerse con ese camino, una contrapartida razonable sería contar con normas fiscales sólidas y un organismo de supervisión con amplias facultades.
Con el apoyo del Congreso y políticas favorables al crecimiento, Puerto Rico puede atraer a estadounidenses talentosos (y a inmigrantes legales) para que se trasladen a la isla, creen empresas y trabajen duro. La educación superior en Puerto Rico sigue siendo sólida, pero más de 80 000 personas abandonan la isla cada año (y solo se instalan 20 000).
En parte, los altos niveles de migración neta reflejan el sistema sanitario de Puerto Rico, muy deteriorado. El gobierno federal proporciona un apoyo considerablemente mayor a cada sistema sanitario estatal a través de Medicare (para pensionistas) y Medicaid (para hogares de bajos ingresos), a pesar de que los puertorriqueños pagan los mismos impuestos federales sobre nóminas que financian buena parte del programa Medicare.
Del mismo modo, para tener derecho a un apoyo más sólido, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo (un programa respaldado por destacados conservadores, como el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan), los puertorriqueños de bajos ingresos que trabajan duro deben trasladarse a uno de los 50 estados.
Puerto Rico no necesita un rescate. Necesita reducir el coste de hacer negocios: eliminar los trámites burocráticos, fomentar la inversión y atraer a personas que trabajen (y paguen impuestos) en un lugar hermoso.
También necesita lo que ha sido una parte constructiva del modelo económico estadounidense durante 200 años: la capacidad de reestructurar la deuda municipal mediante la quiebra.
La publicación no implica el respaldo a las opiniones del Foro Económico Mundial.
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Autor: Simon Johnson, antiguo economista jefe del FMI, es profesor en MIT Sloan y investigador sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional.
Imagen: Viviendas a medio terminar de la urbanización Molinos de Rios permanecen abandonadas tras la declaración de quiebra de sus propietarios, en Toa Alta, Puerto Rico, el 2 de diciembre de 2015. REUTERS/Alvin Baez.
