Un grupo de trabajo encargado de abordar la emergencia fiscal de Puerto Rico presentó el miércoles un plan que recortaría de forma significativa las prestaciones gubernamentales y aumentaría los impuestos, mientras pide a los acreedores que reestructuren una parte importante de los casi 73 000 millones de dólares de deuda pendiente de la isla.
El plan de reforma propuesto por un grupo de trabajo creado a principios de este verano por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro Garcia Padilla, señala que la isla enfrenta un déficit presupuestario de 28 000 millones de dólares solo en los próximos cinco años. De forma más inmediata, la tesorería de la isla y su banco central se dirigen a quedarse sin efectivo hacia el próximo junio, lo que subraya la urgencia de alcanzar acuerdos de deuda con los acreedores y aplicar reformas.
El grupo de trabajo propuso cerrar la brecha presupuestaria y revitalizar la estancada economía de la isla mediante el endurecimiento de las prestaciones sociales, la exención de los trabajadores jóvenes de futuros aumentos del salario mínimo, la privatización de activos gubernamentales, el refuerzo de la aplicación de los impuestos y la exención de la isla de normas que encarecen el combustible utilizado para generar energía eléctrica.
Esas reformas de gran alcance, que llegarían tras años de austeridad en los que se recortaron empleos y pensiones públicas y se subieron los impuestos, serían supervisadas por una junta de control financiero de cinco miembros, cuyos integrantes incluirían candidatos propuestos por los acreedores y, posiblemente, por el gobierno federal, según declararon funcionarios del grupo de trabajo en una sesión informativa telefónica con periodistas.
Incluso si los legisladores de Puerto Rico aprueban todas las medidas de reforma propuestas, lo cual está lejos de ser seguro, el gobierno tendría que renegociar unos 18 000 millones de dólares en pagos de préstamos que vencen en los próximos cinco años. Gran parte de esa deuda está en manos de fondos de cobertura que han adquirido los préstamos con descuento a medida que la economía de la isla se ha tambaleado durante la última década. Pero también una buena parte está en manos de pequeños inversores en Puerto Rico y en el territorio continental de Estados Unidos, atraídos por su exención de los impuestos locales, estatales y federales. En el caso de los bonos de obligación general de la isla, existe una garantía constitucional de pago que probablemente tranquilizó a los inversores incluso cuando la economía de la isla seguía languideciendo en recesión y sus deudas aumentaban.
Los funcionarios del grupo de trabajo afirmaron que esas antiguas promesas ya no son viables, dada la situación fiscal de la isla. Simplemente no hay dinero suficiente para dar prioridad a los acreedores, y el peso de la reestructuración tendría que ser asumido por todos ellos si Puerto Rico quiere tener una oportunidad de superar la crisis fiscal sin un daño más grave. Las negociaciones con los acreedores de la empresa eléctrica de la isla ya han dado lugar a un acuerdo de reestructuración de parte de su deuda. Los funcionarios señalaron que se espera que otros acreedores inicien conversaciones de reestructuración en las próximas semanas, aunque no hay garantía de que pueda alcanzarse un acuerdo.
“La enorme deuda pública de Puerto Rico es un obstáculo para el crecimiento”, declaró Garcia Padilla en un discurso televisado el miércoles. “Ha llegado el momento de que los acreedores se sienten a la mesa y compartan la carga de los sacrificios”.
Los funcionarios subrayaron que el peso también recaerá sobre los puertorriqueños corrientes, así como sobre las empresas de la isla. Con solo dos de cada cinco puertorriqueños en edad laboral dentro de la fuerza laboral, y con muchos otros que emigran al territorio continental, el grupo de trabajo propuso suspender cualquier futuro aumento del salario mínimo para los trabajadores menores de 25 años. También propuso reducir las tasas impositivas nominales para las empresas, al tiempo que cierra las enormes lagunas que permiten a muchas firmas eludirlas. Al mismo tiempo, el grupo señaló que debería prorrogarse un impuesto especial corporativo que está previsto eliminar gradualmente dentro de dos años.
También recomendó que la isla privatice puertos, carreteras y puentes para generar ingresos y transferir costes de capital. Mientras tanto, el plan prevé el cierre de escuelas y la reducción de los fondos destinados a la Universidad de Puerto Rico y a los gobiernos locales.
Mientras tanto, la isla debería pedir al Congreso que elimine los límites a la financiación de Medicaid, aumente las tasas de reembolso de Medicare y exima a Puerto Rico de la Ley Jones, que exige que toda la carga transportada desde el territorio continental hasta la isla se realice en buques con bandera estadounidense, lo que encarece los costes de transporte.
Además, la isla sigue presionando para que el Congreso permita a sus gobiernos locales y corporaciones públicas reestructurar sus deudas mediante quiebra, una idea respaldada por la administración Obama y por algunos legisladores. Pero otros miembros del Congreso se oponen a esa medida, a la que equiparan con un rescate.
Según un resumen ejecutivo del plan del grupo de trabajo, debería aplicarse rápidamente un plan para “evitar un impago desordenado de la deuda del Estado Libre Asociado y un pantano legal que desestabilizará aún más la economía y las finanzas públicas”. “La estabilidad fiscal y económica a largo plazo de Puerto Rico depende de la disposición y los sacrificios de todas las partes implicadas para restablecer el crecimiento económico de la isla”.
Este artículo se publica en colaboración con Wonk Blog. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Michael A. Fletcher es corresponsal nacional de economía del Washington Post.
Imagen: Un participante sostiene una bandera durante el Desfile del Día Puertorriqueño en Nueva York, el 14 de junio de 2009. REUTERS/Eric Thayer
