Para mantener las tasas de crecimiento actuales y satisfacer las necesidades de infraestructura, los países en desarrollo necesitarán una inversión adicional de al menos un billón de dólares estadounidenses estimado al año hasta 2020. En los países del Mashreq, se estima que la inversión necesaria en infraestructura solo para electricidad ascenderá a 130.000 millones de dólares estadounidenses para 2020 y a 108.000 millones de dólares estadounidenses adicionales para 2030.
Estas enormes necesidades de financiación seguirán imponiendo una gran carga a los presupuestos públicos. En pocas palabras, no se pueden atender sin la participación del sector privado. Las asociaciones público-privadas (APP) pueden contribuir a cerrar este creciente déficit de financiación y a satisfacer las inmensas necesidades de infraestructura nueva o mejorada y de prestación de servicios en sectores como el agua, el transporte y la energía, entre otros. En países con necesidades diversas y numerosas, las APP pueden subsanar las carencias de capacidad de ejecución, así como la escasez de fondos públicos.
Sin embargo, para que las APP cumplan el propósito declarado, la gobernanza es fundamental. En particular, los gobiernos deben reflexionar cuidadosamente sobre sus disposiciones jurídicas e institucionales básicas. Debe quedar claro qué ministerios o entidades de gobierno local pueden y están autorizados a celebrar acuerdos de APP, aprobar transacciones de APP y supervisar y regular el proyecto.
Además, para garantizar la mejor relación calidad-precio, los gobiernos deben contar con procedimientos adecuados para asegurar que el proceso de licitación de las APP sea competitivo, objetivo y transparente. Los resultados de los proyectos y las relaciones entre el sector público y el privado tienden a ser más satisfactorios cuando las reglas del juego son justas. Una encuesta de IFC de 2010 a inversores en APP en África constató que el «marco jurídico adecuado para la inversión» era el principal factor que influía en las decisiones de aprovechar oportunidades de inversión en un país determinado, por encima incluso de la estabilidad política y económica.
Lamentablemente, muchos funcionarios públicos del mundo en desarrollo, incluidos los de la región de MENA, a menudo carecen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en práctica estos complejos acuerdos de largo plazo. Los desafíos sistémicos de gobernanza son generalizados, y la falta de transparencia puede abrir las puertas a la corrupción, las demoras y las ineficiencias.
Nuestros equipos trabajan juntos como un solo Grupo Banco Mundial para abordar estos desafíos y ampliar los conocimientos sobre adquisiciones en el marco de las APP. Un taller del Banco Mundial celebrado en Beirut, Líbano, en octubre de 2014 y financiado por el Fondo de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades para Iraq (TACBF) reunió a colaboradores de todo el mundo para compartir conocimientos sobre la gestión y ejecución de adquisiciones para proyectos de APP. Dirigido y facilitado por la Práctica Global de Gobernanza, el evento reunió diversos enfoques del conocimiento global del Banco Mundial. El evento comenzó como respuesta a una solicitud del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) de Iraq, pero finalmente se amplió para incluir participantes de otras partes de Iraq, Líbano, Washington, Sri Lanka, India, Pakistán y Yemen.
Reconociendo que las adquisiciones en el marco de las APP son extremadamente complejas, los participantes procuraron comprender mejor qué es una asociación público-privada y qué tipo de marcos normativos, jurídicos e institucionales podrían establecerse para garantizar que las APP se ejecuten correctamente. Los presentadores compartieron varios estudios de caso sobre la participación privada en proyectos de agua y energía en otros países de ingreso bajo y mediano, incluidos los principales factores de éxito, y describieron el proceso para desarrollar, evaluar e implementar una adquisición de APP.
Históricamente, las APP no han desempeñado un papel importante en la región de Oriente Medio y Norte de África, pese a la clara necesidad de inversiones privadas.
Estas cuestiones son especialmente pertinentes en la región de MENA. A pesar de sus enormes necesidades, MENA se ha situado sistemáticamente por debajo de otras regiones en cuanto al valor de las inversiones privadas en infraestructura. En los últimos años, la situación ha empezado a cambiar. La Primavera Árabe puso de manifiesto nuevas oportunidades para renovar las relaciones tradicionales entre el Estado y las empresas en la región y romper con los antiguos sistemas de clientelismo. Países como Jordania, Omán, Arabia Saudita y Marruecos han ejecutado con éxito proyectos de APP, y otros como Egipto, Irán, Iraq y Líbano buscan activamente una mayor participación privada. Sin embargo, lamentablemente, el entorno actual no ha sido plenamente propicio para atraer inversores privados a la región. La incertidumbre y la inseguridad han dificultado el establecimiento de marcos adecuados de gestión de riesgos y la obtención de los compromisos de largo plazo que necesitan las APP.
Sin embargo, este es un ámbito en el que el Banco Mundial puede seguir desempeñando un papel fundamental. Y no solo mediante su financiación. Al facilitar la cooperación entre los sectores público y privado y compartir conocimientos globales, el Banco puede ayudar a cerrar la brecha de infraestructura en el KRG y más allá, al tiempo que promueve la buena gobernanza necesaria para abordarla.
Esta publicación apareció originalmente en The World Bank Blog
Autores: Rachel Lipson trabaja en el Departamento de Integridad Pública y Apertura de la Práctica Global de Gobernanza. Nazaneen Ismail Ali es especialista sénior en adquisiciones de la Práctica Global de Gobernanza y actualmente trabaja en la oficina del Banco Mundial en Beirut, Líbano.
Imagen: Obreros trabajan en un paso elevado en construcción en la ciudad de Hyderabad, al sur de la India, el 2 de julio de 2009. REUTERS/Krishnendu Halder
