Se suele considerar que África es una beneficiaria neta del sistema financiero mundial, con ayuda e inversión que llegan al continente desde las regiones más ricas del planeta. Esto simplemente no es cierto. La fuga ilícita de capitales está vaciando África: le cuesta al continente alrededor de un billón de dólares en los últimos 50 años, según un grupo de alto nivel presidido por el antiguo presidente sudafricano Thabo Mbeki. Resulta que sale más dinero de África del que entra.
Y la hemorragia no hace sino empeorar. Según Global Financial Integrity, un grupo de investigación y promoción con sede en Washington D. C., la fuga ilícita de capitales desde la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) creció un 23 % anual durante la primera década de este siglo, hasta alcanzar un total de 11.000 millones de dólares en 2011. GFI calcula que, si no se hace nada, la región perderá 14.000 millones de dólares al año para 2018. Si África quiere financiar sus prioridades de desarrollo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede permitirse la inacción.
Los canales de fuga son numerosos. La fijación abusiva de precios de transferencia, en la que entidades vinculadas jurídicamente fijan precios incorrectos de bienes o servicios, representa alrededor del 60 % de la fuga ilícita de capitales del continente, según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Un informe reciente elaborado por Dalberg Global Development Advisors y la Open Society Initiative for West Africa estima que, de 2012 a 2018, los gobiernos de la CEDEAO podrían haber recaudado hasta 56.000 millones de dólares en ingresos fiscales, si hubieran implantado regímenes eficaces de precios de transferencia.
Un informe de 2010 del Banco Africano de Desarrollo también identificó la fijación abusiva de precios de transferencia y los incentivos fiscales excesivos como principales fuentes del problema. Otros ámbitos que deben cerrarse incluyen el blanqueo de capitales y otros productos del delito, la riqueza oculta en paraísos fiscales offshore, la elusión fiscal y la evasión de aranceles aduaneros.
Se pueden poner en duda y discutir las cifras, pero existe un consenso general en que la fuga ilícita de capitales desde África supera con creces la ayuda y la inversión en volumen. Abordar este problema exigirá una respuesta coherente y armonizada. Dadas las débiles capacidades nacionales y regionales de las agencias tributarias y de ingresos del continente, es necesario crear un órgano regional de asesoramiento en materia de precios de transferencia que reúna a administradores tributarios, asesores contables y fiscales y multinacionales, y que sirva de plataforma para el intercambio de experiencias y la consulta.
En África Occidental, Ghana y Nigeria son los únicos países que cuentan con políticas específicas sobre precios de transferencia, establecidas para vigilar las salidas de capital del sector petrolero, que según algunas estimaciones representan el 30 % de la manipulación total de precios de transferencia en África. Sin embargo, en su mayor parte, las disparidades en las normas que rigen los precios de transferencia dentro de los mercados comunes regionales ofrecen lagunas que las empresas extranjeras pueden explotar. Estas lagunas deben cerrarse.
Los incentivos fiscales fuera de control son otra fuente del problema. Muchos gobiernos africanos, desesperados por atraer inversión extranjera directa, participan en una carrera mal informada por ofrecer los incentivos fiscales más generosos. Con frecuencia, estos se aplican sin supervisión parlamentaria, sin examen público ni análisis coste-beneficio, y con poco o ningún análisis de impacto en la economía.
La eficiencia de estas políticas es cuestionable. En 2008, el FMI advirtió de que «los costes (de las concesiones) son muy elevados, mientras que los beneficios parecen marginales, en el mejor de los casos». Los gobiernos tendrán que aprender a diseñar políticas que sirvan mejor a las economías de sus países.
La sociedad civil también debe desempeñar su papel, con una campaña unida para dirigir la atención de sus gobiernos hacia este asunto. Los movimientos populares ya se están organizando para oponerse a las políticas gubernamentales de miras cortas. Deben sumar sus voces al esfuerzo por garantizar que el flujo de fondos se detenga, se recupere y se invierta en sectores que aseguren un desarrollo inclusivo y equitativo. Este asunto es demasiado importante como para dejarlo en manos de los gobiernos y los responsables políticos.
Mientras las fugas financieras sigan drenando las economías africanas, el continente tendrá dificultades para afrontar retos como el desempleo juvenil y dispondrá de una capacidad limitada para invertir en áreas como la salud y la agricultura. En su Agenda 2063, la Unión Africana subrayó la necesidad de movilizar recursos nacionales en favor de un desarrollo sostenible e inclusivo. Garantizar que los flujos financieros ilícitos no sigan agotando las arcas públicas sería el punto de partida perfecto.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Abdul Tejan-Cole es director ejecutivo de la Open Society Initiative for West Africa.
Imagen: Una niña vende manzanas a la vera de la carretera y espera a los clientes a las afueras de la ciudad angoleña de Lubango, el 15 de enero de 2010. REUTERS/Finbarr O’Reilly.
