Cuando el primer ministro de India, Narendra Modi, estaba en campaña, prometió mejorar la forma en que se gobierna el país. Desde que asumió el cargo en mayo, se ha esforzado por cumplirlo. Recientemente, declaró que quiere mejorar la posición de India en la encuesta «Doing Business» del Banco Mundial, que evalúa el clima regulatorio en 189 países. El objetivo de Modi es situar a India entre los 50 primeros, una ambición audaz dado que actualmente el país ocupa el puesto 142.
Reducir la maraña burocrática puede ayudar a fomentar una cultura de emprendimiento y dinamismo. Pero establecer una infraestructura eficaz de regulación y aplicación también puede ser igual de importante, especialmente en ámbitos donde los consumidores tienen dificultades para evaluar el valor de los productos y los riesgos que pueden entrañar.
En todos los países, pero especialmente en las economías en desarrollo, un sistema regulatorio sólido es esencial para generar confianza en el mercado. Los consumidores necesitan saber que los alimentos que comen, los automóviles que conducen y los medicamentos que toman son seguros. La confianza en los productos locales impulsa el consumo interno y hace que las exportaciones resulten más atractivas en los mercados extranjeros.
En cambio, un país plagado de deficiencias regulatorias verá obstruidas sus arterias comerciales y ahuyentados a los inversores extranjeros por la calidad impredecible y la competencia desleal de productores sin escrúpulos. En los países en desarrollo, «la regulación y la aplicación deficientes son obstáculos formidables para el emprendimiento y la inversión», según un informe del Banco Mundial. «Las fallas regulatorias exponen a las personas y al medio ambiente a riesgos horrendos».
Al modernizar sus sistemas regulatorios, los países en desarrollo deberían centrarse en cerrar las lagunas legales que ponen en riesgo a los consumidores y socavan la credibilidad del mercado. En China, por ejemplo, los fabricantes de ingredientes farmacéuticos pueden eludir la regulación de medicamentos alegando que sus productos se utilizarán con fines no médicos. Aunque las empresas de buena reputación garantizan la calidad de todos sus insumos, esta laguna puede permitir que productos inseguros lleguen al mercado, como ocurrió en 2008, cuando al menos 81 estadounidenses murieron tras recibir dosis del anticoagulante heparina que contenían material chino adulterado.
Del mismo modo, las regulaciones deberían basarse en normas internacionales cuando estas existan. Por ejemplo, los organismos reguladores de medicamentos de Estados Unidos, Europa, Japón y otros lugares han elaborado directrices, por medio de la Conferencia Internacional de Armonización, que aprovechan su experiencia colectiva. Países como Corea del Sur y Singapur recurren a estas directrices para desarrollar sus propios sistemas regulatorios. Como resultado, sus ciudadanos disfrutarán de un acceso rápido a nuevos medicamentos, y a sus investigadores les resultará más fácil participar en la investigación clínica mundial, lo que beneficiará a las industrias nacionales.
Como una institución regulatoria solo puede ser tan eficaz como las personas que trabajan en ella, otra prioridad para los países en desarrollo debería ser capacitar a personal cualificado. En China, menos de 200 personas trabajan en el Centro de Evaluación de Medicamentos, el organismo que examina las solicitudes de nuevos fármacos. En cambio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emplea a 4.000 evaluadores, y la Agencia Europea de Medicamentos cuenta con 3.000. Como era de prever, el proceso de aprobación de nuevos fármacos en China es uno de los más lentos del mundo: ocho años de promedio. Como resultado, se niega a los pacientes el acceso a los medicamentos que necesitan.
Desarrollar capital intelectual y capacidad institucional puede llevar años, pero es posible. Hace una década, el proceso de aprobación de medicamentos de Japón era lento en comparación con el de otras economías desarrolladas. El país convirtió en una prioridad máxima acelerar de forma segura el proceso de aprobación, y desde entonces se han logrado avances enormes. El tiempo mediano para aprobar nuevos medicamentos cayó de 833 días en 2006 a 306 días en 2012, según el Center for Innovation in Regulatory Science, con sede en Londres.
Para que la regulación sea verdaderamente eficaz, debe estar respaldada por una aplicación rigurosa, con sanciones por incumplimiento. Esto requiere un sistema judicial capaz de dirimir disputas y garantizar un trato justo, equitativo y oportuno. Para India, que cuenta con solo 1,2 jueces por cada 100.000 habitantes (frente a 10,8 en Estados Unidos), será un desafío difícil. Según la Corte Suprema de India, en marzo de 2012 había 31,2 millones de casos pendientes en el país, más del 80 % de ellos en tribunales inferiores. Estos atrasos extraordinarios han persistido y pueden socavar el Estado de derecho.
Los países más ricos del mundo crearon su infraestructura regulatoria a lo largo de generaciones, en una época en que había poca competencia global directa. Los mercados emergentes necesitan crear la suya en un plazo mucho más comprimido.
Esto no será fácil en ningún lugar. Requerirá recursos considerables, y el proceso corre el riesgo de irritar a las empresas nacionales que se han acostumbrado a la falta de supervisión regulatoria. Pero, si se aplica correctamente, una regulación sólida puede reforzar la capacidad de crecimiento de los países, al tiempo que protege a sus ciudadanos y mejora sus niveles de vida a largo plazo.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Rod Hunter, director sénior de economía internacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, es vicepresidente sénior de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
Imagen: Un hombre observa un panel de cotizaciones bursátiles frente a una casa de bolsa en Tokio el 11 de mayo de 2012. REUTERS/Toru Hanai
