Por qué la descentralización no debería incluir competencias fiscales

Por qué la descentralización no debería incluir competencias fiscales
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Los escoceses han hablado. Una amplia mayoría votó en contra de la independencia en su histórico referéndum del mes pasado. Pero el debate dejó claro que una mayoría aún mayor se inclina por una mayor descentralización del poder económico, social y político en Gran Bretaña. Y los movimientos regionales en otros lugares de Europa y del mundo están formulando demandas similares.

La lógica de la descentralización es clara. Escocia, por ejemplo, puede no querer un gobierno más grande ni más pequeño del que tiene ahora, pero sí quiere una combinación distinta de impuestos y gasto. Quiere más control local. La Scotland Act de 2012, que debe entrar en vigor en 2016, supone un primer paso hacia esta autonomía deseada. El primer ministro David Cameron, consciente de hacia dónde sopla el viento, ha prometido más.

Pero si la descentralización es buena para Escocia, ¿por qué no para Gales e Irlanda del Norte? ¿Por qué no también para Inglaterra, ya que estamos? Un equilibrio en el que los escoceses votan sobre leyes inglesas, pero los ingleses no tienen voto sobre leyes escocesas, no seguirá siendo un equilibrio por mucho tiempo.

¿Y por qué detenerse ahí? ¿Por qué no descentralizar Yorkshire, una región con una población igual a la de Escocia y un movimiento separatista activo, y otras regiones inglesas?

Un Reino Unido de regiones no tan unido no tiene por qué ser un desastre. Estados Unidos logra funcionar, en cierta medida, como una unión de 50 estados de tamaño económico y perfil político muy distintos. Otros estados federales, como Canadá y Australia, podrían ser modelos aún mejores.

Pero es importante extraer las lecciones correctas de la experiencia de estos otros estados.

Para empezar, el gobierno central o federal debe conservar importantes competencias fiscales. Debe ser responsable no solo de la defensa y la política exterior, sino también de las políticas económicas clave. Y debe disponer de los recursos necesarios para aplicar esas políticas.

Consideremos, por ejemplo, la política hacia el sistema bancario. Tras la derrota del referéndum escocés, está claro que el Reino Unido seguirá contando con un sistema bancario y financiero único e integrado en el futuro previsible. En Estados Unidos, que también tiene un sistema bancario integrado, el gobierno federal interviene cuando los bancos de un estado se encuentran en graves dificultades. Los estadounidenses han aprendido por las malas que los sucesos financieros negativos, incluso cuando inicialmente son localizados, pueden contagiar rápidamente a todo el sistema.

En concreto, el gobierno federal interviene a través de la Federal Deposit Insurance Corporation, que tiene una línea de crédito con el Tesoro estadounidense. Dado que el gobierno federal recauda aproximadamente dos tercios de todos los ingresos fiscales, no hay duda de la capacidad del Tesoro para proporcionar el respaldo financiero necesario para evitar el contagio.

Esto implica que trasladar la mayor parte de la capacidad recaudatoria a las regiones sería un error para el Reino Unido, porque así el país tendría una unión bancaria sin respaldo fiscal. Y eso, revelador, es precisamente lo que tiene la eurozona. Ese no es un lugar al que el Reino Unido deba querer llegar.

En Estados Unidos, el control de la política social se delega en los estados, lo que permite a las legislaturas locales adaptar los programas a los gustos locales y utilizar los recursos de manera eficiente. Pero esas políticas locales siguen sujetas a la supervisión federal. El gobierno federal interviene —y tiene capacidad para hacerlo— cuando, por ejemplo, se vulneran las libertades civiles.

Y, sin embargo, también existe el peligro de que las autoridades federales asignen responsabilidades a los gobiernos estatales y locales sin proporcionarles los recursos necesarios para ejecutarlas. Y, aun cuando los ingresos sean de otro modo adecuados, los estados tienen incentivos para gastar más en programas sociales y, señalando los déficits resultantes, solicitar transferencias federales adicionales.

Para contrarrestar este sesgo deficitario, las federaciones en las que los estados realizan gran parte del gasto y el gobierno central recauda la mayor parte de los impuestos suelen imponer normas de presupuesto equilibrado a los gobiernos subnacionales. Cuarenta y nueve de los 50 estados de Estados Unidos, por ejemplo, tienen estas normas en una forma u otra.

La Scotland Act de 2012 limita el déficit de la región al 10 % de su presupuesto y restringe el endeudamiento del gobierno escocés. Es probable que estas cuestiones se reabran ahora con una mayor descentralización. Pero reconsiderar los límites de deuda y déficit para los gobiernos regionales no equivale a abandonarlos. La experiencia de otras federaciones demuestra que lo segundo sería un error.

Al mismo tiempo, las normas rígidas que limitan el gasto deficitario de los gobiernos regionales podrían colocar al Reino Unido en la misma camisa de fuerza fiscal que la eurozona, donde a los Estados miembros se les impide endeudarse durante las recesiones. La política fiscal se volvería entonces peligrosamente procíclica, agravando las fluctuaciones empresariales.

En pocas palabras, si la política fiscal ha de desempeñar un papel estabilizador en la economía del Reino Unido, deberá llevarse a cabo en el nivel federal o central. No se puede permitir que el gobierno central y su capacidad recaudatoria se debiliten hasta desaparecer.

La descentralización está en camino, y su atractivo es innegable. Pero es importante saber dónde termina la descentralización y dónde empieza la disfunción.

Publicado en colaboración con Project Syndicate.

Autor: Barry Eichengreen es catedrático Pitt de Historia e Instituciones Estadounidenses en la Universidad de Cambridge y antiguo asesor principal de política del Fondo Monetario Internacional.

Imagen: Una bandera escocesa de la Cruz de San Andrés y la bandera de la Unión Británica ondean juntas, con el London Eye al fondo, en Londres, el 19 de septiembre de 2014. REUTERS/Luke MacGregor

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