Tras años de debate y esfuerzo, la lucha contra la corrupción empieza a superar su problema de percepción: la idea de que los países ricos son honestos y los pobres no. Puede que se haya llegado a un punto de inflexión en la reciente cumbre del G20 en Brisbane, donde los líderes mundiales acordaron compartir información fiscal sobre las empresas «fantasma» que ayudan a ocultar ingresos ilícitos del escrutinio público.
La corrupción se manifiesta de diversas formas y afecta de distintas maneras a la vida de las personas. En términos generales, socava el Estado de derecho, daña la confianza, perjudica el desarrollo e impide que los gobiernos cumplan sus deberes. La corrupción en los países pobres es muy visible, sobre todo debido a marcos de gobernanza poco desarrollados y sistemas judiciales laxos. Los países ricos pueden tener estructuras más sólidas, pero las formas de corrupción que se dan en ellos son más sofisticadas. En muchos sentidos, esa sofisticación es más insidiosa, pues respalda las prácticas corruptas en los mercados emergentes.
Se sabe que los fondos ilícitos generados en el mundo en desarrollo encuentran una cálida acogida en los opacos regímenes bancarios, corporativos y jurídicos del mundo desarrollado. Los paraísos fiscales y las leyes de secreto bancario ofrecen con demasiada frecuencia refugio al dinero de origen dudoso.
La declaración del G20 es un intento de poner fin a esta cultura. Conocidas como «transparencia sobre la titularidad real», las nuevas normas exigirán a los propietarios de empresas que revelen sus propios nombres en lugar del nombre de una empresa. Al identificar a las personas implicadas, los gobiernos tendrán una idea más clara de la procedencia de los fondos. Los gobiernos del G20 también acordaron compartir información fiscal sobre los titulares de depósitos bancarios antes de que termine 2018.
Un informe de Global Financial Integrity ha calculado que los países en desarrollo perdieron 5,9 billones de dólares debido a flujos financieros ilícitos entre 2002 y 2011. Estas salidas, dirigidas principalmente a paraísos fiscales y regímenes bancarios opacos, aumentan un 10 % cada año; por eso son fundamentales el intercambio automático de información fiscal y la comunicación de la titularidad real. Las medidas se aplicarán por igual a los países ricos y pobres y, si se implementan con éxito, reforzarán la confianza de la población en los marcos multilaterales.
La cooperación del B20 y de los líderes empresariales del G20 será esencial. El Convenio de la OCDE contra el soborno ya ha generado impulso para el cambio en los negocios internacionales mediante sus recomendaciones. Para obtener resultados eficaces, será necesario un esfuerzo conjunto de las empresas multinacionales, los gobiernos nacionales y los organismos multilaterales. El debate ya no debería centrarse en los países de alto riesgo, sino en las prácticas de alto riesgo que permiten crear, trasladar y albergar fondos ilegales.
Una coordinación multilateral más sólida ayudará tanto a los países ricos como a los pobres a reforzar sus marcos contra la corrupción, mientras que los organismos locales de cada país deben desarrollar enfoques innovadores para afrontar sus propios desafíos específicos.
En muchos países, la revolución móvil permite a la ciudadanía vigilar la corrupción. Los gobiernos nacionales deberían respaldarla haciendo cumplir las normas y administrando justicia. A quienes eluden las sanciones dentro de las fronteras nacionales les resultará difícil sobrevivir cuando se fortalezca la cooperación internacional contra los fondos ilícitos.
La corrupción es devastadora en todos los ámbitos. Mientras que los países pobres pueden combatirla aumentando la transparencia, los países ricos deberían hacer su parte cerrando el paso a las finanzas ilícitas.
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Autor: Pranjal Sharma es editor consultor de Businessworld, India, y miembro del Consejo de la Agenda Global sobre Transparencia y Anticorrupción.
Imagen: Una joven iraquí extiende su dinero mientras hace cola para comprar el pan de primera hora de la mañana en la panificadora de Bagdad. REUTERS/Kieran Doherty
