Una recesión de triple caída en la eurozona es ahora una posibilidad concreta. Esta columna sostiene que es poco probable que un estímulo monetario adicional resulte eficaz, que el margen para un mayor estímulo fiscal es limitado y que algunas reformas estructurales podrían perjudicar el crecimiento a corto plazo al añadir presiones desinflacionarias en una trampa de liquidez. El autor propone utilizar incentivos fiscales y regulaciones más estrictas para animar a las empresas a sustituir el capital ineficiente desde el punto de vista ambiental.
En un contexto de débil demanda mundial, el crecimiento económico en Europa ha vuelto a debilitarse. En la eurozona, una tercera recesión en menos de siete años es una posibilidad concreta. Sin embargo, la política económica parece impotente. En el ámbito monetario, aunque el BCE todavía podría poner en marcha un auténtico programa de expansión cuantitativa, es poco probable que esa medida dé un impulso importante, porque los bonos públicos de referencia a 10 años ya rinden apenas un 1 %. En el ámbito presupuestario, el margen fiscal es escaso y el marco europeo de disciplina reduce aún más el margen de actuación; además, los gobiernos que podrían poner en marcha un programa de estímulo se muestran reacios a incumplir sus compromisos internos de equilibrar el presupuesto a corto plazo. En conjunto, hay cierto margen para un impulso monetario y fiscal, pero es poco probable que baste para hacer frente a los riesgos de una recesión de triple caída.
El efecto de las reformas estructurales cuando la demanda es débil
Por tanto, deben considerarse alternativas. La más popular entre los responsables de las políticas europeas es la reforma estructural. Según este razonamiento, como las reformas son necesarias para abordar el alto desempleo y el lento crecimiento de la productividad, deben aprobarse sin demora; su rápida y amplia aplicación ayudaría a reactivar el crecimiento. La premisa es indiscutible, pero la conclusión es en gran medida errónea. Las reformas, especialmente las del mercado laboral, suelen perjudicar el crecimiento durante varios trimestres antes de empezar a impulsarlo. En circunstancias normales, esos efectos a corto plazo pueden compensarse con una política monetaria acomodaticia, pero precisamente eso no puede hacerse en la situación actual. Además, muchas reformas estructurales generan ganancias de eficiencia que reducen la inflación; esto suele ser positivo, pero resulta indeseable cuando los aumentos interanuales de los precios ya están peligrosamente cerca de cero.
Es cierto que algunas reformas estructurales elevan el crecimiento, la inflación o ambos. Simplificar los procedimientos administrativos apenas entraña perjuicios. Ampliar el horario de apertura de las tiendas mejora el servicio a los consumidores y crea empleo, pero no reduce los precios. Las reformas que mejoran el acceso de las empresas a la financiación aumentan la inversión y el empleo, pero no provocan efectos adversos a corto plazo. Las reformas de las pensiones que llevan a las personas a trabajar durante más tiempo mejoran sus ingresos a lo largo de la vida y, en la medida en que los empleados esperen realmente tener un empleo, los llevan a consumir más. Como argumentó Benoît Cœuré, del BCE, en un discurso reciente (Cœuré 2014), lo mismo se aplica a las reformas que mejoran la productividad futura y, con ello, elevan los ingresos esperados. Así pues, algunas reformas son beneficiosas tanto a largo como a corto plazo. Pero la lista no es lo bastante extensa como para garantizar que incluso su aplicación integral bastara para abordar la debilidad del crecimiento.
En términos más generales, aumentar la oferta agregada o reforzar la elasticidad de la oferta cuando la debilidad de la demanda agregada ya es el factor que limita el crecimiento es una receta discutible. En un artículo sugerente (Eggertsson y Krugman 2012), Gauti Eggertsson y Paul Krugman incluso sostienen que el elevado endeudamiento público y privado podría dar lugar a una economía «patas arriba», en la que las mejoras estructurales perjudicaran la producción, porque la bajada de los precios aumenta la carga de la deuda y reduce la demanda agregada, en lugar de incrementarla. Esto, desde luego, no se aplica a todos los países de la eurozona, pero bien podría aplicarse a algunos.
El papel de la inversión
Aquí es donde podría encajar la inversión. En su primer discurso ante el Parlamento, en julio, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicó su intención de respaldar el crecimiento poniendo en marcha un paquete de inversión de tres años por valor de 300.000 millones de euros. La inversión, evidentemente, tiene la virtud de incidir tanto en la demanda como en la oferta. Esto la convierte en una receta atractiva. Sin embargo, un plan de este tipo también plantea preguntas: ¿Por qué deberían invertir las empresas si ya hay un exceso de oferta? Si se espera que inviertan los gobiernos, ¿de dónde sacarán los medios para hacerlo? Y ¿es deseable aumentar aún más la oferta? Pensándolo mejor, la inversión quizá sea una idea menos atractiva de lo que parece.
Incentivar la inversión respetuosa con el medio ambiente
Sin embargo, hay una salida a este dilema. Supongamos que el gobierno tuviera la facultad de descartar la parte más antigua de los equipos utilizados por las empresas en sus procesos de producción y obligarlas a sustituirla por equipos nuevos y más eficientes. Esto desencadenaría nuevas inversiones que contribuirían a aumentar la demanda sin afectar a la oferta. Así, se respaldaría el crecimiento a corto plazo y se elevaría la productividad a medio plazo.
De hecho, los gobiernos tienen esa facultad. Pueden modificar la legislación fiscal para incentivar la sustitución del capital y también pueden legislar para eliminar el capital ineficiente. Eso es exactamente lo que hace el endurecimiento de las normas sobre emisiones cuando se aplica a los automóviles que ya circulan: obliga a sus propietarios a retirar los vehículos viejos y contaminantes y sustituirlos por otros nuevos y más respetuosos con el medio ambiente. En el proceso, el número de automóviles en circulación no cambia de forma significativa, pero, con el tiempo, el parque automotor es más nuevo y eficiente desde el punto de vista ambiental.
Hacer lo mismo a gran escala exigiría fijar normas más estrictas de eficiencia ambiental y energética (por ejemplo, para el aislamiento de los edificios, el consumo de energía y las emisiones de diésel) y también garantizar que el precio del carbono sea lo bastante alto como para incentivar la inversión en tecnologías limpias. Los activistas ecologistas llevan mucho tiempo defendiendo una iniciativa de este tipo.
Algunas advertencias
Naturalmente, hay que tomar precauciones. Primero, para que tal medida no suponga un desperdicio de recursos desde el punto de vista social, tendría que centrarse en ámbitos donde el capital antiguo ya esté quedando obsoleto gradualmente y donde la intervención pública se limite a acelerar su sustitución. Siempre es posible cavar hoyos, enterrar máquinas y reemplazarlas por otras nuevas, pero cualquier economista dudaría antes de recomendarlo. Segundo, acelerar la renovación del capital instalado solo tiene sentido si las nuevas tecnologías están suficientemente maduras. Una cosa es impulsar la sustitución de las ventanas del siglo XX por otras más eficientes energéticamente; otra, crear una burbuja de paneles solares, algo que ya se ha intentado con un alto coste fiscal y social. Tercero, la depreciación del capital existente perjudicaría los beneficios del sector empresarial. Solo puede contemplarse dentro de ciertos límites, porque, aunque las grandes empresas nadan en efectivo, muchas de las más pequeñas ya apenas son rentables.
El atractivo de la inversión impulsada por la regulación es que no depende del gasto público, pero eso no la convierte en una solución milagrosa. Hay límites evidentes a lo que puede hacerse a corto plazo para acelerar la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente e impulsar el crecimiento en el proceso. Pero, junto con la inversión pública —cuando sea viable— y las reformas más favorables al crecimiento, estas medidas deberían utilizarse para ayudar a Europa a escapar de la trampa en la que corre el riesgo de caer. Tal vez no basten para evitar una recesión, pero al menos tienen más posibilidades de impulsar el crecimiento que la inacción o un enfoque centrado exclusivamente en las reformas estructurales.
Referencias
Cœuré, B. (2014), «Reformas estructurales: aprender las lecciones correctas de la crisis», discurso de apertura, conferencia económica, Latvijas Banka, Riga, 17 de octubre.
Eggertsson, G. B. y P. Krugman (2012), «Deuda, desapalancamiento y trampa de liquidez: un enfoque de Fisher-Minsky-Koo», Quarterly Journal of Economics 127(3): 1469–1513.
Juncker, J.-C. (2014), «Un nuevo comienzo para Europa: mi agenda para el empleo, el crecimiento, la equidad y el cambio democrático», Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, declaración inaugural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, Estrasburgo, 15 de julio.
Publicado en colaboración con VoxEU
Autor: Jean Pisani-Ferry es profesor en la Hertie School of Governance de Berlín y actualmente ocupa el cargo de comisionado general de planificación de políticas del Gobierno francés.
Imagen: El símbolo de la moneda euro junto a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. REUTERS/Lisi Niesner
