Laura Tyson, profesora de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, explica por qué el secuestro es producto de la ideología y del estancamiento político
Estados Unidos se enfrenta a otra ronda de recortes del gasto público federal, que esta vez amenaza con restar al menos 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB y provocar la pérdida de al menos un millón de empleos. Los recortes automáticos y generalizados del gasto, el llamado «secuestro», reducirían el gasto en 85 000 millones de dólares, con recortes de alrededor del 8 % en los programas de defensa y del 5 % en los programas nacionales este año, y con recortes adicionales de cuantías comparables en dólares cada año hasta 2021.
Todas las funciones gubernamentales principales –la seguridad nacional, la ayuda exterior, la investigación básica, el socorro de emergencia y la educación, por citar algunos ejemplos destacados– sufrirían de inmediato un importante golpe en su financiación. Estos recortes, junto con los aumentos de impuestos acordados en enero, restarían alrededor de 1,25 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2013, condenando a la economía a otro año de recuperación tibia y de ganancias de empleo decepcionantes.
El verdadero objetivo de los defensores del secuestro es un gobierno federal más pequeño, un objetivo que a menudo se disfraza con el argumento de que el gasto público excesivo está frenando el crecimiento económico. Aunque se trata de un argumento políticamente atractivo, porque alimenta los temores de la opinión pública ante un déficit fuera de control, contradice los hechos.
El gasto público anémico, y no la prodigalidad, ha sido un factor importante detrás de la débil recuperación de la economía. Según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los fuertes recortes del gasto de los gobiernos estatales y locales y, más recientemente, una reducción significativa del gasto federal han contribuido a la inusual y prolongada debilidad de la demanda agregada.
En recientes discursos, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Ben Bernanke y la vicepresidenta Janet Yellen han descrito la política fiscal a nivel local, estatal y federal como un poderoso obstáculo que ralentiza el regreso de la economía al pleno empleo. En el año posterior al fin de la recesión, el gasto discrecional a nivel federal, estatal y local impulsó el crecimiento a un ritmo similar al de recuperaciones anteriores.
Pero, desde entonces –y en marcado contraste con las recuperaciones anteriores–, la política fiscal se ha vuelto contractiva, reduciendo la demanda agregada y frenando el crecimiento. Los gobiernos estatales y locales han recortado de forma significativa el gasto y las nóminas. Y las compras federales de bienes y servicios han disminuido desde 2010, cuando terminó el gasto adicional temporal del paquete de estímulo de 2009.
Incluso sin el secuestro, el gasto público real per cápita del Gobierno (incluidas las compras y los pagos de transferencia) ha disminuido durante la presidencia de Barack Obama, mientras que aumentó con cada uno de los presidentes anteriores desde Richard Nixon. (De hecho, el crecimiento del gasto per cápita fue mucho más rápido bajo las administraciones republicanas de Ronald Reagan y George W. Bush que bajo los presidentes demócratas Jimmy Carter y Bill Clinton.) Y, incluso sin el secuestro, el déficit presupuestario federal está previsto que descienda a un ritmo más rápido durante los próximos dos años que en cualquier periodo de dos años desde la desmovilización tras la Segunda Guerra Mundial.
Como resultado de una profunda y persistente insuficiencia de la demanda agregada, la economía estadounidense ha estado funcionando muy por debajo de su nivel de producción potencial. El PIB real cayó un 8 % con respecto a su potencial no inflacionario en 2008-2009, y desde entonces se ha mantenido alrededor de un 8 % por debajo de su senda de crecimiento previa.
Esto equivale a unos 900 000 millones de dólares de bienes y servicios no producidos solo este año –un enorme despilfarro reflejado en una tasa de desempleo del 7,9 % y una tasa de pobreza del 15 %, significativamente superior a la media de los últimos 30 años. Y el despilfarro se acumula con el tiempo: cuanto más tiempo funcione la economía muy por debajo de su capacidad, más lento será el crecimiento de su capacidad futura, como consecuencia de una menor disposición a asumir riesgos, la inversión no realizada y el deterioro de la base de competencias.
La importante pérdida de producción potencial actual y futura es aún más notable, porque se ha producido a pesar de un esfuerzo sostenido y sin precedentes de la Reserva Federal para impulsar la demanda y acelerar la recuperación. Los responsables de la Fed han expresado repetidamente su preocupación de que la prolongada y débil recuperación causará perjuicios futuros en forma de un crecimiento a largo plazo más lento.
Motivada por esta preocupación, la Fed ha mantenido el tipo de interés nominal a corto plazo cerca de cero –su límite inferior efectivo– durante más de cinco años, con la promesa de mantenerlo así hasta 2015, y ha estado comprando unos 1 billón de dólares de bonos gubernamentales a largo plazo cada año. Como resultado, el rendimiento nominal del bono del Tesoro a diez años, una medida muy utilizada de los costes de financiación del Gobierno federal, ronda el 2 %. Esto es superior al mínimo histórico del 1,4 % registrado en 2012, pero menos de la mitad del nivel previo a 2008 y menos de un tercio de su media de 40 años. En términos reales, tanto los tipos de interés a corto como a largo plazo siguen en territorio negativo.
Investigaciones recientes han constatado que el multiplicador de la política fiscal discrecional –el cambio en la producción provocado por un cambio en el gasto público discrecional– es mayor cuando los tipos de interés nominales son bajos y existe una cantidad significativa de recursos infrautilizados. Estas condiciones describen la economía estadounidense en un momento en que se enfrenta a otra ronda de recortes del gasto público que tendrían efectos multiplicadores negativos sobre el PIB y el crecimiento del empleo.
De hecho, es probable que estos efectos sean mayores de lo esperado en comparación con las estimaciones convencionales de los multiplicadores, que se basan en dos supuestos: que la economía se encuentra cerca del pleno empleo, y que la contracción de la demanda provocada por un recorte del gasto público se compensará con una caída de los tipos de interés. Ninguno de los dos supuestos se aplica hoy.
Aún peor, los recortes indiscriminados del secuestro no distinguen entre programas eficaces y esenciales, y programas que representan intereses especiales o que han cumplido su propósito original. Es probable que estos recortes arbitrarios causen más daño a la economía que recortes bien orientados de la misma magnitud.
El secuestro es producto de la ideología y del estancamiento político. No tiene justificación económica. A largo plazo, serán necesarios recortes del gasto específicos adicionales como parte de un paquete equilibrado para estabilizar la ratio deuda/PIB. Pero no son necesarios ahora. De hecho, al poner en peligro la vacilante recuperación de la economía, serían contraproducentes.
Autora: Laura Tyson, expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos, es profesora de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Consejo de la Agenda Global sobre el Empoderamiento de la Mujer
Las opiniones aquí expresadas son las de la autora, no necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Imagen: Vista del Capitolio de EE. UU. desde el edificio de oficinas del Senado Russel en Washington D.C. REUTERS/Jonathan Ernst
