En todo el mundo, el desempleo persistente, los desajustes de competencias y los marcos de jubilación se han convertido en elementos centrales de la política fiscal, y también de los debates políticos, a menudo muy enconados, que la rodean. Los países avanzados se enfrentan a un problema inmediato de «envejecimiento», pero la mayoría de las economías emergentes también se encuentran en plena transición demográfica que, en apenas dos o tres décadas, dará lugar a una estructura por edades similar a la de las economías avanzadas, es decir, una pirámide invertida. De hecho, China llegará a ese punto mucho antes.
Varios problemas afectan al empleo. La demanda débil tras la crisis financiera mundial que comenzó en 2008 sigue siendo un factor clave en Europa, Estados Unidos y Japón. Pero los problemas estructurales a más largo plazo también lastran los mercados laborales.
Lo más importante es que la globalización provoca un desplazamiento continuo de la ventaja comparativa, lo que genera graves problemas de ajuste, ya que el empleo creado en nuevas actividades no compensa necesariamente la pérdida de puestos de trabajo en las antiguas. En cualquier caso, la mayoría de los nuevos empleos requieren competencias distintas, lo que implica que los trabajadores que pierden su empleo en industrias en declive tienen pocas posibilidades de encontrar otro.
Además, el progreso tecnológico es cada vez más «ahorrador de mano de obra», y los ordenadores y los robots sustituyen a los trabajadores humanos en entornos que van desde los supermercados hasta las cadenas de montaje de automóviles. Dada la volatilidad de las perspectivas macroeconómicas, muchas empresas se muestran reacias a contratar nuevos trabajadores, lo que provoca un alto desempleo juvenil en todo el mundo.
Al mismo tiempo, el envejecimiento, junto con el coste asociado de la atención sanitaria a las personas mayores, constituye el principal desafío fiscal en las sociedades en proceso de madurez. A mediados de este siglo, la esperanza de vida a los 60 años habrá aumentado unos diez años en relación con el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se fijaron las edades de jubilación actuales.
Es poco probable que los cambios marginales en los acuerdos existentes basten para responder a las fuerzas tecnológicas, reducir las tensiones sociales y los temores de los jóvenes o hacer frente al creciente peso fiscal. Es necesaria una reconsideración radical del trabajo, la formación de competencias, la jubilación y el ocio, con varios principios que constituyan el núcleo de cualquier reforma integral.
En primer lugar, la formación y el desarrollo de competencias deben convertirse en un proceso permanente, que comience con la educación formal, pero que continúe mediante la formación en el puesto de trabajo y periodos de educación a tiempo completo en distintos momentos de la vida. Los programas especiales de inserción laboral de los jóvenes deberían convertirse en una parte habitual del apoyo público al empleo y a la formación profesional, con exención de las cotizaciones a la seguridad social durante el primer o los dos primeros años de empleo.
Un segundo principio es que la jubilación debe ser un proceso gradual. Las personas podrían trabajar una media de 1.800 a 2.000 horas al año hasta alcanzar los 50 años, reducir su jornada a 1.300-1.500 horas a principios de los 60 y acercarse a la franja de 500-1.000 horas al llegar a los 70. Una enfermera de hospital, un miembro de la tripulación de un avión o un profesor de educación secundaria, por ejemplo, podrían trabajar cinco días a la semana hasta finales de los 50, cuatro días a la semana hasta los 62 años, tres días hasta los 65 y, quizá, dos días hasta los 70.
Los empleadores y los trabajadores deberían negociar esa flexibilidad, pero deberían hacerlo con incentivos y apoyo financiero del gobierno, por ejemplo, mediante cotizaciones a la seguridad social y tipos impositivos sobre la renta variables. Las vacaciones pagadas pueden ser de 3 a 4 semanas hasta los 45 años, aumentando gradualmente hasta 7 u 8 semanas a finales de los 60. Las licencias de maternidad y paternidad deberían ampliarse allí donde sean reducidas, como en Estados Unidos.
Las políticas públicas también deberían fomentar un mayor margen para la elección individual. Por ejemplo, cada diez años, un trabajador debería poder dedicar un año a la formación reglada, sufragándose un tercio del coste por el empleador, otro tercio con fondos públicos y el tercio restante con ahorros personales (estas proporciones podrían variar según el tramo de ingresos).
El objetivo general debería ser una sociedad en la que, siempre que la salud lo permita, los ciudadanos trabajen y paguen impuestos hasta cerca de los 70 años, pero con menor intensidad a medida que avanza la edad y de forma flexible, según las circunstancias individuales. De hecho, la jubilación gradual y flexible beneficiaría en muchos casos no solo a los empleadores y a los gobiernos, sino también a los propios trabajadores, ya que la actividad profesional continuada suele ser una fuente de satisfacción personal y de interacción social enriquecedora desde el punto de vista emocional.
Utilizando la Encuesta Mundial Gallup, mis colegas de la Brookings Institution de Washington, D. C., Carol Graham y Milena Nikolova, han comprobado que los grupos más felices son los de quienes trabajan a tiempo parcial de forma voluntaria. A cambio de una vida laboral más larga, los ciudadanos dispondrían de más tiempo tanto para el ocio como para la formación de competencias a lo largo de su vida, con efectos positivos en la productividad y la satisfacción vital.
El nuevo contrato social para la primera mitad del siglo XXI debe combinar realismo fiscal, un margen significativo para las preferencias individuales y una sólida solidaridad y protección social frente a las crisis derivadas de las circunstancias personales o de una economía volátil. Muchos países están dando pasos en esta dirección. Pero son demasiado tímidos. Necesitamos una reformulación integral y revolucionaria de la educación, el trabajo, la jubilación y el tiempo de ocio.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las del Foro Económico Mundial. Publicado en colaboración con Project Syndicate.
Autor: Kemal Derviş, exministro de Asuntos Económicos de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.
Imagen: Dos hombres juegan a las cartas en un banco de un parque de Lisboa. REUTERS/Rafael Marchante
