Durante el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo, el Gobierno austríaco se negó a ayudar a Heta Asset Resolution a cubrir un déficit de capital detectado por el regulador financiero. La negativa supuso un cambio de rumbo tras casi 10 años y miles de millones de euros de asistencia pública a Heta y a Hypo Alpe Adria, el banco que dio origen a Heta para ayudar a reestructurarlo.
Los rescates del sector público a instituciones financieras de importancia sistémica nacional o mundial (SIFI) pueden estar justificados. Sin intervención, el sector financiero de un país determinado podría colapsar y arrastrar consigo a toda la economía. Por este motivo, Basilea III exige ahora que las SIFI cumplan requisitos de capital más elevados que otros bancos. En Estados Unidos, la ley Dodd-Frank obliga a esos bancos a diseñar planes de contingencia por si atraviesan dificultades. En Europa, los aproximadamente 130 bancos más grandes, de importancia sistémica, están sujetos a la supervisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo, mientras que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) establece cuándo se debe asistir a un banco en dificultades y en qué condiciones.
Pero la decisión de dejar quebrar o no a un banco rara vez depende únicamente de que sea una SIFI nacional o mundial. A los políticos también les preocupan los efectos locales de la quiebra de un banco. Cuando la regulación bancaria es subnacional y coincide con los límites electorales, un banco determinado puede ser irrelevante para la salud de la economía nacional en su conjunto, pero crucial para los políticos que deciden cómo proceder con ese banco en dificultades. En esos casos, las instituciones financieras políticamente importantes (PIFI) podrían recibir beneficios que de otro modo no obtendrían.
La lógica de las PIFI impulsó la serie de paquetes de asistencia bancaria en Alemania[1]. A pesar de la percepción popular de que Alemania se opone firmemente a los rescates bancarios, durante la crisis de la zona del euro se prestó un considerable apoyo público a los bancos alemanes. De hecho, inicialmente solo se permitió quebrar a tres bancos muy pequeños. La estructura del federalismo alemán y las competencias de los políticos sobre el sector bancario explican esta aparente contradicción. Bancos alemanes como WestLB y HSH Nordbank, que no eran de importancia sistémica desde una perspectiva nacional, no obstante, evitaron la quiebra al inicio de la reciente crisis porque eran importantes para los políticos a nivel de los Länder.
Estamos viendo cómo se desarrolla la misma dinámica en Austria con Hypo Alpe Adria. El estado austríaco de Carintia era copropietario de la entidad crediticia, le otorgó generosas garantías y la utilizó para proyectos predilectos del partido en el poder, concretamente el FPÖ de Jörg Haider. En 2007, el banco regional alemán Bayern LB compró el banco. Cuando atravesó graves dificultades durante la crisis financiera de 2008-09, Hypo Alpe Adria siguió siendo políticamente importante y recibió apoyo financiero público tanto del gobierno estatal como del nacional. Finalmente, fue nacionalizado en 2009.
Sin embargo, la historia tiene un nuevo giro. La revaluación del 28 de febrero al 1 de marzo de los activos restantes del banco malo de Hypo, Heta Asset Resolution, significa que, en teoría, el gobierno nacional debe responder por 7.600 millones de euros adicionales. Esta vez, el gobierno nacional se mostró reacio a apoyar a la institución, que se ha convertido en un lastre político. Un verdadero rescate interno implicaría que se esperase que el banco regional con sede en Múnich pagara unos 2.000 millones de euros. A ello le ha seguido una serie de demandas judiciales.
Por supuesto, algunos habitantes de otros Estados miembros de la UE podrían sentir Schadenfreude ante los problemas bancarios de los países «excedentarios» del norte. Pero deberían tener cuidado. Aunque este caso involucró a los gobiernos estatales de Carintia y Baviera, cabe imaginar un caso paralelo en la Unión Europea. Un gobierno nacional se preocupa por uno de sus bancos y toma medidas para ayudarlo. El banco atraviesa dificultades aún mayores y el supervisor único de la zona del euro ordena su resolución. Al comienzo del proceso, el MUR prevé un rescate interno de los accionistas. Cabe imaginar un escenario en el que un verdadero rescate interno perjudique a accionistas importantes y, por tanto, a políticos de un país vecino. ¿Pagarían sin más o habría el mismo tipo de batallas legales que ahora se ven en Austria y Baviera, con una resolución efectiva aún a varios años de distancia?
Además, cabe señalar que el déficit de financiación de Hypo Alpe Adria es ahora mayor de lo que debería haber sido precisamente porque el banco era una PIFI nacional. Esto hizo que sus decisiones crediticias adolecieran de riesgo moral y que recibiera apoyo público para poder seguir a duras penas durante mucho más tiempo del debido. Una vez más, el paralelismo con el nivel europeo es claro. Si un banco en dificultades no forma parte de los 130 originales sujetos al MUS, es posible que las autoridades europeas no conozcan sus problemas hasta mucho más tarde, cuando las pérdidas totales sean mucho mayores, precisamente porque no se liquidó antes.
Este artículo se publica en colaboración con Bruegel. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Christopher Gandrud es investigador posdoctoral en el Centro de Gobernanza Fiscal de la Hertie School of Governance. Mark Hallerberg es investigador no residente en Bruegel.
Imagen: Se ve la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. REUTERS/Ralph Orlowski
