La agenda de infraestructura del G20 cita una previsión de la OCDE según la cual la brecha mundial de infraestructura ascenderá a 70 billones de dólares estadounidenses para 2030. La previsión es que esta brecha aumente.
Sin embargo, es difícil evaluar la credibilidad de esta afirmación. Aún más difícil es determinar qué proyectos de infraestructura incluye. Una evaluación de la brecha solo debería incluir proyectos que aporten a la sociedad más de lo que cuestan en términos de costo de oportunidad. No obstante, el debate sobre las necesidades de infraestructura está inevitablemente empañado por la política y la toma de decisiones opaca.
Ha habido varias iniciativas mundiales recientes en materia de infraestructura. Entre ellas figuran el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura de China y el centro de infraestructura propuesto por el G20.
Incluso con estas iniciativas, los fondos siguen siendo limitados en comparación con los proyectos. Los gobiernos y los inversionistas deben analizar claramente los beneficios y costos de las distintas opciones para maximizar el potencial de estos fondos.
Selección de los mejores proyectos
Una buena gestión económica exige evaluar distintas opciones de inversión para seleccionar las que ofrezcan los mayores rendimientos. Esto implica varios pasos.
Primero, hay que definir el problema clave que se pretende resolver con la inversión en infraestructura propuesta. A menudo, la inversión forma parte de una visión integral de los desarrollos planificados para una ciudad o región a lo largo del tiempo. Esta visión puede requerir una participación activa del gobierno y consultas con la comunidad.
El segundo paso consiste en evaluar las opciones que mejor satisfagan estas necesidades. Por ejemplo, ofrecer transporte rentable puede implicar considerar: los precios de las carreteras y los cargos por congestión; la interacción entre el transporte público y el privado; y si conviene construir nuevas carreteras o ensanchar las existentes. También puede ser necesario tener en cuenta otros factores, como la carga que recae sobre otras infraestructuras, incluidos el agua y la electricidad.
¿Quién debería realizar la inversión?
El sector privado puede prestar algunos servicios de infraestructura, como los servicios públicos. En estos ámbitos, los gobiernos deben establecer un entorno de toma de decisiones en el que los intereses del sector privado estén alineados con el mejor uso de los limitados recursos nacionales.
Cuando los servicios de infraestructura tienen altos costos de exclusión o es importante garantizar el acceso igualitario, la inversión gubernamental probablemente sea la opción predeterminada. Esto puede incluir infraestructura vial, sanitaria y educativa.
En ámbitos donde la política gubernamental es una fuente importante de incertidumbre, puede que el gobierno tenga que realizar la inversión inicial en el proyecto. Podría proponerse transferir el proyecto al sector privado más adelante.
El tercer paso es realizar una evaluación de beneficios y costos. Esto es importante para las inversiones en infraestructura financiadas por el gobierno y los grandes proyectos de más de 50 millones de dólares australianos. La evaluación compara los beneficios potenciales para la sociedad con los costos de oportunidad de asignar recursos al proyecto en lugar de destinarlos a otros sectores de la economía. El análisis debe ser transparente, estar abierto al escrutinio y hacerse público.
Inevitablemente, el conocimiento sobre el valor de los beneficios y costos clave será imperfecto. Se debe realizar un análisis de sensibilidad para mostrar los efectos de distintos supuestos y evaluar la solidez de la evaluación.
Solo las inversiones en infraestructura con una relación beneficio-costo superior a uno corresponden a la descripción de una brecha de infraestructura. Es decir, aportarían al bienestar de la sociedad más de lo que cuestan en términos de costo de oportunidad. Cuando los fondos disponibles son limitados, los proyectos se priorizarían según su relación beneficio-costo.
Cuarto, hay que realizar una evaluación integral en función de las proyecciones presupuestarias gubernamentales a largo plazo. Esta evaluación puede incluir un análisis de los fondos públicos y privados destinados a la inversión, los rendimientos obtenidos de la venta de los servicios de infraestructura, el impacto en los ingresos fiscales y los costos operativos.
Este conjunto de procesos somete a escrutinio la prioridad de los proyectos. Aumenta la probabilidad de obtener financiación adicional si los inversionistas pueden confiar en que los proyectos se han seleccionado y analizado cuidadosamente. La transparencia también refuerza la credibilidad de los políticos y aumenta la confianza de los inversionistas en que un cambio de gobierno no afectará la decisión de inversión.
Un quinto paso importante es supervisar y evaluar el avance y los resultados de cada proyecto. Así, la experiencia pasada puede utilizarse para ajustar la planificación, selección y gestión de proyectos futuros.
Es necesario evaluar los beneficios y costos relativos de las opciones de infraestructura para que los países obtengan los mejores resultados para sus ciudadanos. Con demasiada frecuencia, los proyectos de infraestructura financiados por el gobierno se eligen por motivos políticos de corto plazo, sin un análisis adecuado. Lo que se necesita es una evaluación formal y de acceso público de todas las opciones de infraestructura disponibles.
Publicado en colaboración con The Conversation
Autor: John Freebairn es profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Melbourne
Imagen: Trabajadores migrantes trabajan en una obra cerca del aeropuerto de Hongqiao, en Shanghái, el 11 de marzo de 2010. REUTERS/Aly Song




