Las finanzas deben restablecer su función de atender las necesidades de una economía inclusiva y sostenible. Las intervenciones normativas y regulatorias posteriores a la crisis financiera pueden contribuir a ello al mejorar la supervisión y reducir los peligrosos niveles de riesgos sistémicos. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario. Las instituciones financieras afirman cada vez más que las medidas posteriores a 2008 pueden crear nuevas fuentes de riesgo y perjudicar a la economía real mediante medidas de prudencia que debilitan el crédito y la inversión a largo plazo. Muchos desestiman estas quejas por considerarlas interesadas, pero estas inquietudes tienen fundamento. Algunas intervenciones enérgicas tienen consecuencias negativas imprevistas, y otras intervenciones muy necesarias simplemente no se han llevado a cabo.
Cinco «señales de alerta» apuntan a problemas persistentes y emergentes tras la crisis financiera:
1. La ineficiencia de una liquidez ultrabundante en muchos mercados financieros. Impulsada por la política monetaria, alentada por regulaciones destinadas a frenar la asunción de riesgos en activos ilíquidos y favorecida por el auge de las operaciones financieras impulsadas por la tecnología, esa liquidez, paradójicamente, no se traduce en inversiones potencialmente rentables a largo plazo, pese a los tipos de interés históricamente bajos.
2. La persistente fragilidad del sistema financiero. Esto se debe en parte a los efectos imprevistos de las medidas normativas y regulatorias, como las que generan prociclicidad y un tratamiento fiscal favorable de la deuda frente al capital.
3. Los crecientes desafíos para mantener una supervisión eficaz. Impulsados en parte por el enorme volumen y, en particular, la complejidad de la regulación financiera.
4. Las economías en desarrollo están descubriendo el lado negativo de la nueva normalidad de las finanzas. Los flujos de capital paciente y global se han vuelto más escasos y costosos, en parte debido a nuevas restricciones regulatorias, lo que deja a los países en desarrollo atrapados en una pinza económica ante la débil demanda mundial.
5. La desconexión entre la agenda de «reparación» posterior a 2008 y la necesidad urgente de financiar el desarrollo sostenible. Lo más grave es que la preferencia por activos a corto plazo, líquidos y en su mayoría homogéneos —en particular, los bonos soberanos— hace que el sistema financiero siga externalizando problemas sociales, como el deterioro del medioambiente natural y los efectos desestabilizadores de la creciente desigualdad. Los altos niveles de deuda pública y la falta de margen fiscal implican que la inversión pública no permitirá proporcionar los US$90 trillion de infraestructura que se necesitan a escala mundial de aquí a 2030.
Los límites ambientales complican la ecuación, ya que esta enorme inversión debe ser baja en carbono, resiliente al clima y eficiente en el uso de los recursos naturales. Es necesario revalorizar algunos activos físicos existentes, como las reservas de carbón, pues no se pueden utilizar todas si se pretende mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo del límite de 2 grados acordado internacionalmente. Es preciso eliminar rápidamente el carbón de la matriz energética para combatir los efectos a largo plazo del cambio climático y reducir los costos para la salud pública y la economía en general causados por la contaminación atmosférica. Esto último representa casi la mitad de los US$5.3 trillion en subsidios energéticos mundiales anuales, según las estimaciones más recientes del FMI.
Estas externalidades potencialmente desestabilizadoras han quedado en gran medida fuera del alcance de los marcos normativos y regulatorios posteriores a 2008. Las normas que incentivan una alta liquidez y un enfoque cortoplacista ignoran los posibles efectos desestabilizadores a más largo plazo sobre la economía real y, en última instancia, sobre el propio sistema financiero. Las herramientas macroprudenciales no abordan este desafío, pues siguen limitadas a horizontes temporales de medio plazo, normalmente la duración de un ciclo crediticio. Se necesitan ajustes en los instrumentos prudenciales para hacer frente a fuentes seculares de inestabilidad durante periodos prolongados. Esta debería ser una prioridad para el Consejo de Estabilidad Financiera, en el marco de su mandato del G20 de revisar cómo deben evaluar y gestionar los bancos centrales los riesgos relacionados con el clima. Las pruebas de resistencia ambiental de los balances de las principales instituciones financieras son una práctica en desarrollo, y varios países estudian cómo extenderla a las normas habituales.
Las cinco «señales de alerta» y sus consecuencias muestran que queda mucho por hacer. Sin embargo, los próximos pasos no tienen por qué estar impulsados por la urgencia de una crisis a corto plazo ni por una cultura de culpabilización. Los responsables de formular políticas y los reguladores pueden colaborar a escala internacional con las instituciones financieras y otros actores interesados que aporten conocimientos especializados para diseñar y poner en práctica un sistema financiero adecuado para las economías del siglo XXI.
Autores: Simon Zadek es codirector de la Iniciativa del PNUMA sobre Opciones de Diseño para un Sistema Financiero Sostenible, y Christian Thimann es miembro del Comité Ejecutivo de AXA y director de Estrategia, Sostenibilidad y Asuntos Públicos del Grupo. Juntos organizan un Simposio PNUMA-AXA sobre finanzas sostenibles en París el 3 de julio de 2015.
Imagen: Un empleado de Sotheby’s posa junto a la escultura electrónica «$», de Tim Noble y Sue Webster, en la casa de subastas Sotheby’s de Londres, el 8 de junio de 2015. REUTERS/Toby Melville
