En 100 países de todo el mundo, se prohíbe a las mujeres realizar determinados trabajos únicamente por ser mujeres. Más de 150 países tienen al menos una ley discriminatoria hacia las mujeres. Y solo 18 países están libres de cualquier ley que perjudique a las mujeres.
Esto es solo la punta del iceberg de las barreras legales que impiden a las mujeres alcanzar todo su potencial económico. Una nueva investigación del Grupo Banco Mundial en el Women, Business and the Law 2016 informe muestra que en 32 países las mujeres no pueden solicitar pasaportes de la misma forma que los hombres, y en 18 países no pueden conseguir un empleo si sus maridos consideran que no conviene a los intereses de la familia. Jordania y Irán están entre ellos. En 59 países no existen leyes contra el acoso sexual en el trabajo. Myanmar, Uzbekistán y Armenia figuran entre los 46 países en los que no existe protección jurídica frente a la violencia doméstica. En resumen, la investigación resulta desalentadora para quienes se preocupan por la inclusión y por poner fin a la pobreza.
Los países cuyas leyes discriminan a las mujeres y no promueven la igualdad de género sufren consecuencias económicas. Investigaciones anteriores indican que las brechas de género en el emprendimiento femenino y en la participación de las mujeres en la población activa suponen pérdidas de ingresos estimadas del 27% en Oriente Medio y Norte de África, del 19% en Asia Meridional, del 14% en América Latina y el Caribe y del 10% en Europa. Son pérdidas que muchos países no pueden permitirse, en particular aquellos que afrontan niveles elevados de pobreza.
También hay buenas noticias: países como Bangladés están impulsando la participación femenina en la fuerza laboral. Si mantienen el rumbo, su fuerza laboral femenina pasará del 34 al 82% durante la próxima década, lo que añadirá 1,8 puntos porcentuales a su PIB. En la década de 1990, muy pocos países contaban con leyes que protegieran a las mujeres de la violencia; hoy son 127 los que lo hacen en parte, debido a que el mundo es más consciente del coste humano y económico del maltrato a las mujeres.
Cuando se permite a las mujeres trabajar en la profesión que elijan, cuando tienen acceso a servicios financieros y cuando están protegidas por ley frente a la violencia doméstica, no solo se empoderan económicamente, sino que también viven más años. Cuanta más capacidad de decisión tienen sobre los ingresos del hogar y cuanto más participan en la economía, más niñas se matriculan en la educación secundaria y mayores son los beneficios para sus hijos, sus comunidades y sus países. De hecho, cada año adicional de educación primaria incrementa los salarios futuros de las niñas entre un 10 y un 20%, y un año extra de educación secundaria, entre un 15 y un 25%.
Los críticos argumentarán que en algunos países en los que existen leyes específicas de género, su aplicación es limitada. Aunque eso es cierto, un mejor Estado de derecho se asocia con contar con leyes más igualitarias en materia de género. Los tribunales especializados que se ocupan de casos de actos de violencia contra la mujer pueden contribuir a una acción judicial eficaz. En Brasil, la Ley Maria da Penha permitió crear tribunales de violencia doméstica y familiar.
Otros países también han dado pasos importantes para abordar estas cuestiones. En India, la reforma de la ley de herencia ha proporcionado a las mujeres una mayor libertad económica. Las mujeres utilizaron el aumento de sus ahorros para gastar el doble de dinero en la educación de sus hijas.
Líbano aprobó una legislación sobre violencia doméstica y amplió de 49 a 70 días la duración de la baja por maternidad remunerada.
En Perú, se introdujo una nueva legislación que abarca el acoso sexual en espacios públicos.
En Hungría, la violencia económica se ha tipificado como delito en el marco de la violencia doméstica.
En Malaui, la nueva ley de educación establece la educación primaria obligatoria y gratuita. La edad legal para contraer matrimonio se ha elevado a 18 años tanto para niños como para niñas. Y en Mozambique el código penal ya no considera el matrimonio con la superviviente de una violación como una defensa válida.
El sector privado también se beneficia. Una encuesta multinacional a 6.500 empresas mostró que, allí donde las mujeres tenían mayor representación en los consejos de administración, estas organizaciones tenían menos probabilidades de verse afectadas por escándalos como el soborno o el fraude. Sin embargo, sorprendentemente, solo nueve países cuentan con leyes que exigen que al menos una mujer forme parte del consejo de administración de una empresa que cotiza en bolsa.
El vínculo entre la lucha contra la pobreza y la igualdad de género es sólido. Por ello trabajamos con numerosos países para abordar las barreras basadas en el género. Hemos colaborado con Costa de Marfil para eliminar disposiciones legales que discriminaban a las mujeres. En la República Democrática del Congo, apoyamos al gobierno en la redacción de un nuevo código de familia que mejoraría el clima empresarial para las mujeres.
Los responsables de la formulación de políticas tienen una opción. Pueden aprovechar las abrumadoras pruebas que demuestran los beneficios económicos de la igualdad, eliminando de sus sistemas las leyes discriminatorias que frenan a las mujeres. O bien pueden mantener el statu quo y condenar a sociedades enteras a seguir siendo más pobres de lo necesario.
Este artículo se publica en colaboración con el Voices Blog del Banco Mundial. La publicación no implica el respaldo de las opiniones por parte del Foro Económico Mundial.
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Autora: Sri Mulyani Indrawati es directora gerente y directora de operaciones del Banco Mundial.
Imagen: Trabajadores cosen gorros de oración. REUTERS/Andrew Biraj.




