Este artículo forma parte de la plataforma Geoestrategia del Foro Económico Mundial
A comienzos de enero de 2019, desconocidos armados asesinaron a balazos a Maritza Isabel Quiroz Leiva, una activista colombiana de 60 años que defendía los derechos sobre la tierra en una pequeña finca cercana a la ciudad caribeña de Santa Marta.
Su asesinato fue un recordatorio contundente de que alzar la voz sobre cuestiones sociales y políticas en Colombia —ya sea sobre disputas por la tierra, los derechos de las mujeres o la violencia política que persiste pese al acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y el movimiento guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— es un negocio peligroso.
La muerte de Maritza no es un hecho aislado: en los últimos tres años, guerrilleros (restos de las FARC y otros), delincuentes y asaltantes misteriosos han asesinado a más de 300 activistas (tanto hombres como mujeres) como ella.
Colombia tampoco es el único país de su vecindario en el que la violencia contra todos los defensores de los derechos humanos pone en riesgo de ataques físicos y otros abusos a destacadas activistas.
En 2018, nuestro rastreador global de conflictos CrisisWatch registró varios asesinatos similares en otros lugares de América Latina, entre ellos el de la activista indígena guatemalteca Juana Raymundo en julio y el de la activista colombiana por los derechos de las mujeres Maria Caicedo Muñoz en octubre.
Desafiar las normas
Las mujeres que se hacen visibles públicamente al desafiar normas establecidas y enfrentarse a poderosos intereses, desde gobiernos hasta insurgencias y bandas criminales, son blancos destacados; y las líderes que representan a grupos desatendidos, como los pobres, las minorías étnicas y sexuales, las personas desplazadas o los migrantes, también son víctimas de ataques.
El asesinato en marzo de la brasileña Marielle Franco, concejal del ayuntamiento de Río de Janeiro, es un caso ilustrativo. Además de ser una activista contra la corrupción y la brutalidad policial, Franco era una defensora firme de las mujeres negras, de la comunidad LGBT y de la juventud. La investigación ha avanzado lentamente.
Desde una perspectiva global, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, destacó en un informe de 2019 que, en el clima político actual —en el que se ha producido tanto un retroceso de los derechos humanos en todo el mundo como un aumento de la retórica misógina entre los líderes políticos—, las defensoras de los derechos humanos “han sufrido una represión y una violencia cada vez mayores en todo el planeta”.
El informe sugiere que a estas mujeres a veces se las ataca por las causas que promueven y, otras veces, simplemente por ser mujeres que se hacen valer en público.
Abuso específico de género
Asimismo, además del riesgo de ataque al que se enfrentan todos los activistas, las activistas son vulnerables a abusos específicos de género, que pueden incluir estigmatización, humillación pública (como forma percibida de dañar su “honor”), amenazas de violencia sexual, acoso en línea y asesinatos.
En abril de 2018, personas que pretendían socavar e intimidar a la periodista de investigación india Rana Ayyub la amenazaron con violencia sexual en las redes sociales y utilizaron un video pornográfico falso para manchar su reputación.
En junio, desconocidos saquearon el domicilio de la periodista y activista Marvi Sirmed, quien ha hecho mucho por destacar el papel central de los derechos de las mujeres y el Estado de derecho en la transición política de Pakistán. En julio, un hombre desconocido atacó con ácido sulfúrico a la activista anticorrupción Kateryna Handzyuken Jersón, Ucrania; con quemaduras en más del 30 % de su cuerpo, murió a causa de sus heridas en noviembre.
Y en septiembre, atacantes enmascarados abrieron fuego contra Soad al-Ali, una destacada activista de derechos humanos y madre de cuatro hijos de unos cuarenta y tantos años, a plena luz del día en la ciudad de Basora, en el sur de Irak. Durante aproximadamente el mismo período, otras tres mujeres iraquíes influyentes, entre ellas la líder de redes sociales Tara Fares, fueron asesinadas o aparecieron muertas en circunstancias sospechosas en otros lugares.
Una de las preocupaciones sobre la amenaza de violencia o ataques contra las activistas es que no solo afecta a su seguridad, sino que también podría disuadir su participación en la vida pública, donde las mujeres ya están insuficientemente representadas.
A nivel mundial, solo una cuarta parte de los parlamentarios son mujeres, y casi todos los jefes de Estado o de Gobierno son hombres. Esto no significa que abordar los riesgos de la violencia política vaya a aumentar por sí solo la representación de las mujeres en la política, ya que existen muchas posibles razones para las bajas cifras de participación política femenina en todo el mundo.
Tampoco el progreso en este ámbito se correlaciona necesariamente con un menor peligro para las mujeres. (América Latina, que cuenta con algunas de las tasas más altas de violencia contra los defensores de los derechos humanos del mundo, tiene un movimiento por los derechos de las mujeres muy activo, y varios de sus parlamentos presentan niveles relativamente altos de representación femenina.) Pero hacer más seguro para las mujeres participar en la vida pública solo puede ayudar.
Proteger el espacio de las mujeres en la política es especialmente importante en el ámbito de la resolución de conflictos
Los Estados y sus líderes deben utilizar las herramientas a su alcance —desde buenas leyes y una aplicación estricta que exija responsabilidades a quienes cometen abusos, hasta garantizar que las fuerzas de seguridad atiendan las necesidades de protección de las mujeres— para combatir la violencia contra las activistas.
Proteger el espacio de las mujeres en la política es especialmente importante en el ámbito de la resolución de conflictos. Pese al papel de larga data de las mujeres en la resolución informal de disputas, su casi ausencia de las negociaciones de paz y de los procesos y mecanismos internacionales de seguridad similares, como en Yemen o Afganistán, requiere especial atención.
Marginar a las mujeres afectadas por conflictos —o a las mujeres que representan a grupos con un estatus social percibido como bajo por su situación socioeconómica, edad, nivel educativo, origen étnico o religión— no es la forma de construir marcos inclusivos y duraderos para la paz.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, los líderes mundiales deberían hablar con más firmeza sobre la importancia fundamental de la participación de las mujeres en la vida política.
Deberían adoptar más medidas para prevenir y condenar los ataques verbales y físicos contra las defensoras de los derechos humanos, las líderes políticas y sus familias.
También deberían crear un espacio mayor y más seguro para la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, a fin de que puedan opinar sobre las políticas gubernamentales que afectan a sus vidas.
Las implicaciones de la violencia contra las activistas y las políticas son amplias, no solo para las familias, sino también para el bienestar de las sociedades en su conjunto.
No proteger a mujeres como Maritza Isabel Quiroz Leiva y Marielle Franco envía una terrible señal a las mujeres y niñas que desean alzar la voz en la plaza pública.
Silenciar la participación de las mujeres en la vida pública sería una tragedia no solo para las mujeres cuyo potencial se desperdicia, sino también para las comunidades en las que viven.
Proteger el espacio de las mujeres en la política, Isabelle Arradon, International Crisis Group
