Para 2030, la mayoría de las personas pobres del mundo vivirá en regiones que padecen alguna forma de «fragilidad», lo que obligará a millones a abandonar sus hogares. Los donantes pueden prepararse desde ahora asignando fondos para abordar las causas del desplazamiento, en lugar de centrarse de manera desproporcionada en sus consecuencias.
Con los periódicos llenos de noticias sobre los desafíos que afrontan las familias migrantes, podría resultar tentador suponer que también se están abordando las causas del desplazamiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tal suposición sería errónea. Hoy, las soluciones a la migración forzada se centran casi exclusivamente en ayudar a los refugiados después de que huyen, en lugar de abordar los motivos de su huida. Para resolver las crisis de refugiados del mundo, las causas requieren tanta atención como las consecuencias.
¿Por qué se arriesgarían los padres a perder la vida, o a que sus hijos la perdieran, para abandonar su hogar y emprender un viaje hacia lo desconocido? ¿Y qué se puede hacer para evitar que las familias se vean obligadas a migrar desde un principio? Estas son algunas de las preguntas clave que mis colegas y yo hemos intentado responder en un nuevo estudio de la OCDE, Estados de fragilidad 2018. Sus conclusiones son tan reveladoras como preocupantes.
Para 2030, más del 80% de las personas pobres del mundo vivirá en una zona definida como «frágil», una condición que puede deberse a diversas causas políticas, sociales, de seguridad, económicas o medioambientales. Lamentablemente, si se mantienen las tendencias actuales, se destinará muy poca ayuda al desarrollo a abordar los factores que contribuyen a la fragilidad. En 2016, por ejemplo, apenas el 2% de los 68.200 millones de dólares de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinados a lugares afectados por la fragilidad se utilizó para actividades de prevención de conflictos, y solo el 10% se destinó a iniciativas de consolidación de la paz. No cabe otra conclusión: debemos cambiar la forma en que se asigna la AOD.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, un número récord de 68,5 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza en 2017. Muchas de ellas procedían de tan solo cinco países: Afganistán, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur y Siria. Sin embargo, aunque los países que acogen a refugiados necesitan urgentemente fondos para respaldar los esfuerzos de reasentamiento a largo plazo, la mayor parte de la AOD sigue destinándose a soluciones a corto plazo. Las iniciativas humanitarias, como la alimentación y el alojamiento, representaron aproximadamente un tercio de toda la AOD el año pasado, y esa proporción ha aumentado durante casi una década.
En cambio, la financiación para construir escuelas, hospitales y otras infraestructuras sigue siendo insuficiente. Aunque es comprensible que los donantes se inclinen por soluciones que ofrecen asistencia inmediata a las personas desplazadas, descuidar las necesidades a largo plazo de los refugiados es una visión cortoplacista. En pocas palabras, la ambición de la comunidad internacional en materia de ayuda debe ir más allá de mantener con vida a las personas: también debe ofrecer un futuro a los migrantes.
Si se asigna adecuadamente, la AOD puede ser una herramienta poderosa para prevenir conflictos y revertir las tendencias que contribuyen a la fragilidad. Además, este tipo de gasto suele ser una fuente de esperanza para los migrantes, ya que en muchas zonas afectadas por crisis la AOD es una de las fuentes de financiación más fiables. Esto es especialmente cierto a medida que se prolongan las emergencias, porque los niveles de financiación suelen disminuir cuando se agotan las donaciones de otras fuentes.
Sin duda, revertir las tendencias actuales del gasto en AOD no será fácil. La fragilidad se manifiesta de innumerables maneras, y abordar desafíos tan diversos como el extremismo violento, el cambio climático, la delincuencia organizada y la discriminación de género exigirá un nuevo enfoque para el gasto en desarrollo.
Aun así, la necesidad de actuar se ha vuelto urgente. Si no se abordan, los conflictos, la violencia y otras formas de fragilidad harán retroceder décadas los avances del desarrollo, alimentando aún más las mismas dinámicas que generan inestabilidad desde un principio. Si la comunidad internacional no cambia su enfoque de inversión en regiones frágiles, el mundo no logrará un objetivo clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: no dejar a nadie atrás.
Invertir en soluciones a largo plazo también tiene sentido desde el punto de vista financiero. Según la ONU y el Banco Mundial, si se asignaran más fondos a programas de prevención de conflictos, se podrían ahorrar hasta 70.000 millones de dólares al año en costos de reasentamiento de refugiados. El mundo ha aceptado la premisa de que la prevención resulta rentable en la atención sanitaria —por ejemplo, mediante la promoción de pruebas de detección y revisiones periódicas—, pero esta filosofía aún no se ha aplicado a la formulación de políticas migratorias. Esto puede y debe cambiar.
La crisis migratoria mundial, la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha consumido enormes recursos financieros y políticos. Para abordarla eficazmente, el foco debe desplazarse hacia la mejora de la estabilidad y la seguridad, y hacia la esperanza de un futuro mejor, en los lugares de origen de los migrantes. Eso significa que la comunidad dedicada al desarrollo, y especialmente los donantes oficiales, deben replantearse sus prioridades y políticas.
