Uno de los factores que impulsan el enorme aumento de la desigualdad mundial y la concentración de la riqueza en la cúspide de la distribución de ingresos es la interacción entre la innovación y los mercados globales. En manos de un empresario competente, un avance tecnológico puede valer miles de millones de dólares, gracias a las protecciones regulatorias y a la naturaleza de «el ganador se lo lleva todo» de los mercados globales. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el papel que desempeña el dinero público en la creación de esta moderna concentración de riqueza privada.
Como señaló recientemente el economista del desarrollo Dani Rodrik, gran parte de la inversión básica en nuevas tecnologías en Estados Unidos se ha financiado con fondos públicos. La financiación puede ser directa, a través de instituciones como el Departamento de Defensa o los Institutos Nacionales de Salud (NIH), o indirecta, mediante exenciones fiscales, prácticas de contratación pública y subvenciones a laboratorios académicos o centros de investigación.
Cuando una línea de investigación llega a un callejón sin salida —como inevitablemente ocurre con muchas—, el sector público asume el coste. Sin embargo, la situación suele ser muy distinta en el caso de las que dan fruto. Una vez establecida una nueva tecnología, los empresarios privados, con ayuda del capital riesgo, la adaptan a la demanda de los mercados globales, crean posiciones de monopolio temporales o a largo plazo y, de ese modo, captan grandes beneficios. El gobierno, que soportó la carga de gran parte de su desarrollo, obtiene poco o ningún rendimiento.
Un ejemplo señalado por el economista Jeffrey Sachs es Sovaldi, un medicamento utilizado para curar la hepatitis C. Como explica Sachs, la empresa que lo vende, Gilead Sciences, posee una patente del tratamiento que no vencerá hasta 2028. Como resultado, Gilead puede cobrar precios de monopolio: 84.000 dólares por un tratamiento de 12 semanas, mucho más que los pocos cientos de dólares que cuesta producir el medicamento. El año pasado, las ventas de Sovaldi y Harvoni —otro medicamento que la empresa vende por 94.000 dólares— ascendieron a 12.400 millones de dólares.
Sachs calcula que el sector privado gastó menos de 500 millones de dólares en investigación y desarrollo para crear Sovaldi, una cantidad que Gilead pudo recuperar en unas pocas semanas de ventas. Sin embargo, los NIH y el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos habían financiado ampliamente la empresa emergente que desarrolló el medicamento y que posteriormente fue adquirida por Gilead.
No cabe duda de que la imaginación, la habilidad para el marketing y las competencias de gestión de los empresarios privados son fundamentales para aplicar con éxito una nueva tecnología. Además, los precios más bajos, los mejores productos y el excedente del consumidor que aporta la comercialización de muchas innovaciones generan claramente grandes beneficios sociales. Pero no debe pasarse por alto el papel del gobierno en estos éxitos.
Los datos conjuntos de la OCDE y Eurostat muestran que el gasto directo del gobierno representó el 31 % del gasto en I+D en Estados Unidos en 2012. Si se añade el gasto indirecto, como las exenciones fiscales, la cifra llegaría al menos al 35 %. Gracias a esos desembolsos públicos, unos pocos actores privados suelen obtener rendimientos enormes, que son una de las principales causas de la excesiva concentración de los ingresos.
Hay varias formas de cambiar este sistema. Rodrik propone crear empresas públicas de capital riesgo —fondos soberanos— que adquieran participaciones en el capital a cambio de los avances intelectuales creados mediante financiación pública. Otra solución sería reformar el código tributario para reducir los rendimientos cuando una persona o empresa obtiene beneficios de investigaciones financiadas con fondos públicos.
Ambas soluciones afrontan dificultades. Habría que proteger los fondos soberanos de la política partidista, quizá otorgándoles únicamente acciones sin derecho a voto. Aumentar los impuestos a quienes se benefician de la investigación financiada con fondos públicos sería un reto, dado que podría ser difícil cuantificar el vínculo entre un avance inicial y la riqueza que generó. También está la complicación de la movilidad global del capital y la evasión fiscal, cuestiones que el G-20 apenas empieza a abordar.
También son posibles otros enfoques: endurecer las leyes de patentes o imponer controles de precios en industrias monopolísticas, como la farmacéutica, tal como han hecho muchas economías de mercado. Sin embargo, reducir los recursos públicos destinados a la investigación y la innovación —motores clave del crecimiento económico— no sería una solución.
No hacen falta tasas de rendimiento enormes para movilizar mucho talento; un margen de beneficio del 50 % durante unos pocos años sería una recompensa aceptable por un emprendimiento particularmente bueno. Sin embargo, los múltiplos de esa cantidad terminan siendo simples regalos del público a unas pocas personas. Debe encontrarse una combinación de medidas y acuerdos internacionales que permita a los contribuyentes obtener rendimientos razonables de sus inversiones, sin eliminar los incentivos para que empresarios astutos comercialicen productos innovadores.
No debe subestimarse la gravedad de este problema. Las cantidades implicadas contribuyen a crear una nueva aristocracia capaz de transmitir su riqueza por herencia. Si pueden gastarse enormes sumas en proteger privilegios mediante la financiación de campañas electorales —como ocurre ahora en Estados Unidos—, las consecuencias de este problema, tanto para la democracia como para la eficiencia económica a largo plazo, podrían volverse sistémicas. Las posibles soluciones distan mucho de ser sencillas, pero merece la pena buscarlas.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Kemal Derviş, exministro de Asuntos Económicos de Turquía y exadministrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es vicepresidente de la Brookings Institution.
Imagen: Un hombre pasa junto a edificios del distrito central de negocios de Singapur. REUTERS/Nicky Loh.
