Hace dos años, en su Discurso sobre el Estado de la Nación de 2013 (SONA), el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, destacó la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en el país. Dijo que esto era una prioridad para el Gobierno.
También se refirió al Proyecto de Ley de Empoderamiento de las Mujeres e Igualdad de Género, que tipifica como delito las prácticas que afectan negativamente a las mujeres y las niñas, y que pide que las mujeres estén representadas en pie de igualdad en las estructuras de toma de decisiones. Zuma prometió que el proyecto de ley pronto se convertiría en ley, algo que aún no ha ocurrido. También habló de la violencia de género (GBV) y de las estrategias destinadas a reducir la violencia contra las mujeres. Sin duda, estas promesas respondían a la brutal y trágica violación en grupo y asesinato de Anene Booysen, ocurridos el 2 de febrero de ese año.
Durante el SONA de este año, al no haber un caso de violación de gran repercusión como el de Booysen, el presidente guardó en gran medida silencio sobre la violencia de género, salvo por una sola frase: «Estamos avanzando en la lucha contra los delitos contra las mujeres y los niños». Es una afirmación extraña, teniendo en cuenta que las tasas de homicidio tanto de mujeres como de niños han aumentado en las últimas estadísticas sobre delincuencia.
Sudáfrica registra niveles muy elevados de agresiones sexuales. Pese a ello, los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Víctimas de Delitos, publicados en diciembre del año pasado, revelaron que el número de víctimas que denuncian sus agresiones a la policía ha disminuido más del 20 % desde 2011. Por tanto, es probable que cualquier descenso en la categoría de delitos sexuales se deba principalmente a la falta de denuncias, y no refleje una reducción real de la violencia de género.
Lamentablemente, en el SONA no se informó de novedades sobre las iniciativas prometidas en 2013 ni se anunciaron futuras estrategias. Desde 1994, el país ha sido testigo de la elaboración e implementación de varias políticas y leyes destinadas a reducir y erradicar la violencia de género (como la Ley de Violencia Doméstica, la Ley de Delitos Sexuales de 2007 y el Plan de Acción Nacional 365 para poner fin a la violencia de género). El Gobierno también ha ratificado protocolos internacionales y locales para demostrar su compromiso con la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, parece que poco ha cambiado.
El año pasado pareció que se habían logrado algunos avances cuando el Departamento de Justicia y Servicios Penitenciarios informó que se habían asignado 100 millones de rand para reintroducir tribunales especializados en delitos sexuales. Estos debían ofrecer servicios especializados de apoyo a las víctimas; mejorar la eficacia de los testigos en los tribunales; reducir el tiempo necesario para resolver los casos de delitos sexuales; y aumentar las tasas de condena. Pero, por importante que sea, los tribunales solo pueden reaccionar después de que se haya cometido la violencia y no pueden impedir que ocurra desde el principio.
Para prevenir y reducir verdaderamente la violencia de género, se necesita un enfoque diferente, que no necesariamente dé prioridad al sistema de justicia penal. Una coalición de organizaciones asociadas a campañas —entre ellas Sonke Gender Justice, People Opposing Women Abuse, Thusanang y Tshwaranang Legal Advocacy Centre— ha pedido al Gobierno que cumpla sus promesas de crear un Plan Estratégico Nacional (NSP) contra la violencia de género.
Un informe de Gender Links de 2015 sobre la necesidad de un NSP subraya que dicho plan sería una «herramienta importante para lograr el compromiso político y la financiación tan necesarios…». Para evitar que continúe la tendencia de las promesas vacías, Gender Links ha recomendado que el NSP «cuente con un presupuesto detallado y comprometa importantes recursos nuevos; se elabore mediante un proceso abierto, inclusivo y consultivo; y establezca una rendición de cuentas real mediante la reactivación y reconstitución del Consejo Nacional sobre Violencia de Género».
Si se reconstituyera, el Consejo Nacional sobre Violencia de Género podría desempeñar un papel importante en el seguimiento y la evaluación de la labor del Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de políticas, programas y estrategias para promover la igualdad y la transformación de género.
No cabe duda de los graves efectos a largo plazo de la violencia, en particular de la violencia contra las mujeres. Un estudio reciente de KPMG estimó el costo humano de la violencia contra las mujeres para la economía sudafricana en 2012/13 en entre 28.400 millones y 42.400 millones de rand. Esto incluye los costos de los servicios, las pérdidas económicas y el efecto financiero de la menor productividad y los bajos ingresos derivados de la violencia de género.
El capítulo 12 del Plan Nacional de Desarrollo prevé un país donde las personas «que viven en Sudáfrica se sientan seguras y no teman a la delincuencia», donde «las mujeres puedan caminar libremente por la calle y los niños jugar seguros al aire libre». La violencia de género vulnera el derecho fundamental a la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la no discriminación y la integridad física y mental, y por tanto constituye una violación directa de la Constitución. Combatirla debe ser una prioridad si queremos alcanzar la visión que recoge el NDP.
Este artículo se publicó originalmente en ISS Africa. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde las opiniones expresadas.
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Autor: Reitumetse Mofana es investigador júnior de la División de Gobernanza, Delincuencia y Justicia del ISS Pretoria.
Imagen: Una mujer que pidió permanecer en el anonimato relata su experiencia en un refugio para víctimas de violencia doméstica. REUTERS/Jorge Silva.
