Los recientes problemas del portugués Banco Espírito Santo este verano nos han recordado que los problemas financieros de la eurozona distan mucho de estar resueltos. Sin duda, existen factores idiosincrásicos detrás de los problemas del banco, derivados de su exposición a otras partes del imperio de la familia Espírito Santo. Pero cuando el banco anunció una pérdida de 3.600 millones de euros (4.700 millones de dólares) en el primer semestre, el repentino colapso de la confianza resultó alarmante, y los inversores nerviosos se preguntan si hay bombas de relojería similares a punto de estallar en otros lugares.
Todos los ojos están ahora puestos en la revisión de la calidad de los activos del Banco Central Europeo, que debe completarse en un par de meses. El AQR es el elemento clave de una «evaluación integral» de los bancos europeos antes de que el BCE asuma formalmente la responsabilidad de supervisión de más del 80 % del sistema bancario de la eurozona en noviembre.
El BCE, con bastante sensatez, quiere que todos los posibles horrores sean visibles antes de la toma de control, para que no pueda ser culpado. Con los supervisores nacionales, que a menudo tienden a presentar una imagen demasiado favorable de las instituciones de sus países, ya sin el control, podemos esperar que la evaluación sea más rigurosa que las anteriores pruebas de resistencia realizadas bajo los auspicios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Esas pruebas, a diferencia de su equivalente en Estados Unidos, no lograron recuperar la confianza. Varios bancos que superaron las pruebas con brillantes resultados se vieron pronto obligados a captar nuevo capital.
Pero la creación de la unión bancaria no ha sido el único cambio importante en la regulación financiera de Europa desde la crisis. Los acontecimientos de 2007-2009 pusieron de manifiesto que existían graves lagunas e incoherencias que era necesario subsanar. Así, siguiendo las recomendaciones de un informe elaborado en 2009 del exdirector gerente del FMI Jacques de Larosière, la Comisión Europea creó tres nuevas autoridades paneuropeas encargadas de garantizar la «aplicación coherente» de las directivas europeas.
El acuerdo se alcanzó con una buena dosis de componendas políticas: se persuadió a las tres mayores economías de la Unión Europea (el Reino Unido, Francia y Alemania) de que cedieran cierto control al centro, pero solo si cada una podía albergar una autoridad. Así, la EBA se estableció en Londres, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) tiene su sede en París, y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) encontró su sede en Fráncfort. En conjunto, se las conoce como las AES (Autoridades Europeas de Supervisión).
El camino hacia la regulación paneuropea durante las dos últimas décadas ha sido sinuoso y accidentado. En las primeras etapas, se suponía que el mercado financiero único podría funcionar sobre la base del reconocimiento mutuo: cada país aceptaría la regulación de los demás como básicamente equivalente a la propia y permitiría que las operaciones transfronterizas prosperaran sobre esa base. Esto resultó insuficiente, ya que las normas seguían siendo muy diferentes de un país a otro, y dio paso a un enfoque basado en la armonización mínima, según el cual las normas básicas debían ser las mismas en toda Europa, pero se permitían variaciones y adiciones locales.
Cuando también eso resultó ineficaz para promover la competencia, ya que los países utilizaban sus normas nacionales para bloquear a los nuevos participantes, el énfasis pasó a la armonización máxima, con directivas que especificaban exactamente cómo debían aplicarse las normas locales en toda la UE. Eso causó gran preocupación en la City de Londres, pero ha sido aceptado a regañadientes. Desde la crisis financiera mundial, Londres ha tenido cada vez menos capacidad para argumentar que es un caso especial y que debe dejarse en paz.
Ahora, con el establecimiento de autoridades reguladoras centrales, la UE ha pasado a la siguiente etapa de integración financiera. Pero, por el momento, las responsabilidades de estas agencias son muy limitadas. La ESMA supervisa directamente a las agencias de calificación crediticia; pero, fuera del sector bancario, las autoridades nacionales conservan sus responsabilidades de supervisión cotidiana.
Los funcionarios de la Comisión Europea partidarios de la integración claramente no consideran este un estado final satisfactorio. Por ello encargaron una revisión detallada de las tres AES a Mazars, una firma de contabilidad, que se publicó a principios de este año. El veredicto, en líneas generales, fue «hasta ahora, todo bien». Ahora la Comisión ha dado un paso más publicando su propia evaluación.
Quizá era poco probable que la Comisión fuera hipercrítica con sus propias creaciones, y no lo es. Su informe sostiene que las AES han «establecido rápidamente organizaciones bien articuladas destinadas a contribuir a restablecer la confianza en el sector financiero», y que los participantes del mercado parecen estar en general satisfechos con su labor.
Pero los autores del informe consideran necesario ampliar los mandatos actuales, desarrollar un enfoque integral de protección al consumidor y reducir aún más la influencia de las autoridades nacionales. Las AES deberían tener más poder para imponer su voluntad en interés de la UE en su conjunto. Sus presidentes deberían disponer de mayor discrecionalidad para actuar por iniciativa propia. Las AES también necesitan más recursos, que probablemente podrían proceder de las tasas impuestas a las entidades financieras, y debería estudiarse su fusión en una única sede, presumiblemente Bruselas.
La dirección general está clara. A menos que el nuevo comisario de mercado interior adopte un punto de vista distinto, la Comisión Europea planea avanzar aún más por el camino hacia una auténtica regulación paneuropea. El informe llega ahora al Parlamento Europeo, del que cabe esperar que presione con más fuerza a favor de una mayor integración, como suele hacer.
Una autoridad única, o quizá dos o tres que trabajen estrechamente juntas, es un esquema lógico para la eurozona y, quizá, para todo el mercado financiero de la UE. Complementaría de forma útil el nuevo papel supervisor del BCE. Pero ¿se alineará Londres esta vez?
Al fin y al cabo, el Gobierno británico ha emprendido un camino que va exactamente en la dirección opuesta: reducir las funciones de los organismos centrales y repatriar competencias a las capitales nacionales. Dado el papel central de Londres en los mercados financieros de la UE y su sensibilidad política en el Reino Unido, es inevitable que surjan problemas.
Publicado en colaboración con Project Syndicate
Autor: Howard Davies, catedrático de Sciences Po en París, fue el primer presidente de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (1997-2003).
Imagen: Un letrero de Bank Street y oficinas en altura en el distrito financiero de Canary Wharf en Londres, en esta fotografía de archivo del 21 de octubre de 2010. REUTERS/Luke Macgregor
