Ha pasado casi un siglo desde la admisión plena de las mujeres en la profesión jurídica del Reino Unido, casi 90 años desde que el derecho al voto se extendió a todas las mujeres y casi medio siglo desde la aplicación de la legislación sobre igualdad salarial y antidiscriminación.
Sin embargo, pese a estos hitos políticos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres en los medios de comunicación, en el ámbito económico, en la vida política y en la profesión jurídica. Por eso, la London School of Economics (LSE) puso en marcha una comisión sobre género, desigualdad y poder, para desentrañar los factores que aún frenan a las mujeres. Las fuerzas sociales que configuran las desigualdades de género persistentes no actúan de forma independiente: más bien, los desequilibrios de poder en un ámbito se extienden a otros.
Las desigualdades económicas que persisten en el mercado laboral y en la distribución de la renta, por ejemplo, limitan las oportunidades de las mujeres en el ámbito político y en el jurídico; las desigualdades y los sesgos persistentes en la representación de las mujeres en los medios y en la cultura afectan a sus oportunidades —y a la forma en que son percibidas— en otros ámbitos; las disposiciones legales insuficientes repercuten en las mujeres en la vida económica; y así sucesivamente.
Cuatro temas clave revelan cómo las desigualdades de género atraviesan distintos ámbitos sociales: el poder, los derechos, la conciliación entre la vida laboral y personal y la violencia de género.
Por ejemplo, aunque la violencia de género podría considerarse un asunto que concierne principalmente al derecho, la escasa presencia de mujeres en la política debilita la voluntad de combatirla. Y luego está la forma en que los medios normalizan la violencia contra las mujeres, o las políticas que han recortado la financiación de los centros de acogida, pese a que los análisis demuestran que esta forma de violencia no solo arruina la vida de las mujeres, sino que también supone un lastre para la economía. Ninguna cuestión que afecte a las mujeres puede abordarse de forma aislada.
Lo mismo ocurre con el poder. El poder en los medios, en la economía y en el sistema político determina la manera en que se utilizan realmente los derechos establecidos formalmente en el sistema jurídico. Y la estructura de poder de las relaciones de género —en particular, la distribución desigual de la responsabilidad del cuidado de los hijos y de las personas mayores— genera dilemas de conciliación entre la vida laboral y personal que perjudican la calidad de vida de las mujeres y sus oportunidades vitales en distintos ámbitos sociales.
Al mismo tiempo, los resultados sociales, como las desigualdades de género, son producto de múltiples fuerzas que se entrecruzan, como la etnia, la riqueza, el nivel educativo y el estatus social, la situación migratoria, la sexualidad, la edad, las responsabilidades de cuidado y el estado civil. Las políticas sociales, de bienestar y del mercado laboral pueden tener un impacto desproporcionado en las mujeres pobres, en las mujeres con responsabilidades de cuidado, en las madres solteras y en las mujeres de determinados grupos étnicos minoritarios. Además, las mujeres con una situación migratoria precaria tienen menos probabilidades de beneficiarse de la protección legal frente a la violencia.
Nuestra investigación también reveló el impacto decisivo de la crisis económica de 2008 y de las políticas de austeridad que trajo consigo sobre las relaciones de género. La austeridad ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, mientras que un enfoque estrecho en las fuerzas del mercado ha debilitado el argumento a favor de iniciativas políticas que podrían ayudar a igualar las condiciones.
Estas tendencias han aumentado el grado de polarización entre las mujeres, lo que podría debilitar las bases de las alianzas transpartidistas en favor de la paridad de género. Si bien la igualdad de género debe considerarse una cuestión de equidad, imparcialidad y justicia social, también es una cuestión de interés económico racional a largo plazo. Muchas de las críticas a las políticas para promover la igualdad tienen su raíz en sesgos implícitos, supuestos erróneos y análisis cortoplacistas y poco imaginativos.
En un mundo en el que el «sexismo cotidiano» sigue siendo generalizado, la discriminación de género plantea desafíos especiales. En muchos ámbitos, el progreso exigirá la aplicación de cuotas, una recomendación controvertida que plantea dilemas tanto políticos como jurídicos. Pero también comprobamos que es posible identificar disposiciones existentes o propuestas realistas con un auténtico potencial para generar mejoras. Esperamos ver una nueva fase no solo de debate, sino también de acción para contrarrestar la desigualdad de género.
El Global Gender Gap Report 2015 está disponible aquí.
Autora: Nicola Lacey es catedrática de Derecho, Género y Política Social (School Professor)
Imagen: Personas pasan junto a una fotografía de la Torre de Tokio en los distritos comerciales de Ginza, en Tokio, el 3 de agosto de 2015. REUTERS/Thomas Peter
