Las desigualdades sociales se han agravado durante la pandemia de COVID-19, ya que millones de personas han perdido sus medios de vida.
Los avances tecnológicos amenazan con agravar esta situación mundial ya de por sí frágil.
Necesitamos un nuevo contrato social que proteja los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, aborde la cuestión de la gobernanza tecnológica.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 han puesto brutalmente de manifiesto las grietas de la economía mundial, con grandes sectores de la fuerza laboral mundial atrapados en empleos precarios e inseguros. Además del devastador balance de muertes y enfermedades, se han perdido cientos de millones de empleos y más de mil millones de personas de la economía informal han perdido sus medios de vida.
El sistema multilateral, ya de por sí débil, se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes, ya que las tensiones existentes se ven agravadas por los fallos en las cadenas de suministro y las reacciones nacionalistas ante la pandemia. Los gobiernos y muchas empresas luchan por hacer frente a la emergencia sanitaria, aunque el sector tecnológico y las empresas sanitarias están registrando beneficios extraordinarios.
La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento asombroso de la desigualdad de la riqueza, que genera indignación, alimenta la desesperación y socava aún más la confianza en los gobiernos. Un nuevo contrato social que beneficie a las personas es más urgente que nunca.
Cinco exigencias que los trabajadores quieren incluir en su contrato social:
Empleo: Empleos ecológicos y empleos en el sector de los cuidados.
Derechos: Revertir los años de erosión de los derechos de los trabajadores y de otros derechos humanos.
Igualdad: Poner fin a la discriminación arraigada contra las mujeres, al racismo y a la xenofobia, que se manifiestan en bajos ingresos y una elevada inseguridad económica.
Inclusión: Hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y no dejar a nadie atrás.
Protección social: Garantizar un nivel mínimo de apoyo a la renta para todos.
Todo ello exige medidas políticas por parte de los gobiernos, incluida la necesidad evidente de garantizar la regulación y una buena gobernanza en la digitalización y la tecnología. La política industrial debe volver a ocupar un lugar prioritario en la agenda.
Aunque persisten los debates sobre los efectos de la tecnología en el empleo, no cabe duda de que la digitalización y otras innovaciones impulsarán tanto la destrucción de empleos y tareas como la creación de otros nuevos.
Los gobiernos no pueden limitarse a ser meros espectadores en este proceso. Deben establecer normas y políticas que garanticen una «transición justa» para los trabajadores afectados y que favorezcan la creación de empleo digno. Debe darse máxima prioridad a impulsar el empleo en las acciones climáticas y la biodiversidad, así como en la salud y los cuidados. La creación de empleo debe ocupar un lugar central en la reconstrucción económica y en el fortalecimiento de la resiliencia. Si los gobiernos no velan por las personas, las personas no pueden velar por la economía.
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial en relación con el futuro del trabajo?
El Índice Mundial de Derechos 2020 de la CSI documenta un máximo de siete años en las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores. Las empresas impulsadas por la tecnología forman parte del problema, incluidas las plataformas en las que los gobiernos, los tribunales e incluso los inversores centran ahora su atención en las malas condiciones laborales y la denegación de derechos. La vigilancia generalizada de la plantilla, la gestión mediante algoritmos y otras herramientas que aumentan los beneficios a costa de los trabajadores —y que a menudo se utilizan para reprimir los esfuerzos de los trabajadores por sindicarse— se están normalizando.
Los efectos de la pandemia en la desigualdad están bien documentados. Las mujeres soportan una carga económica desproporcionada, las consecuencias han sido devastadoras para los trabajadores migrantes y las personas que sufren discriminación racial pagan un alto precio económico, además de peores resultados sanitarios a causa del virus. No se trata de tendencias seculares: los gobiernos pueden y deben actuar.
Los derechos de propiedad intelectual, la falta de inversión y la casi total ausencia de política industrial privan a los países más pobres de herramientas vitales de salud pública, como vacunas, tratamientos, pruebas e infraestructura sanitaria. Esto no solo es moralmente repugnante: la exclusión de los países en desarrollo del acceso a las tecnologías sanitarias también proporciona un entorno mundial perfecto para que el virus SARS-CoV-2 se propague y mute. No habrá una «era post-COVID-19», porque el virus estará con nosotros para siempre, y la próxima pandemia está más cerca de lo que muchos piensan. Las normas y las políticas deben abordar esta exclusión y garantizar una respuesta mundial inclusiva. Además, los esfuerzos para conectar a internet a casi la mitad de la población mundial que no tiene acceso deben ser un objetivo fundamental.
Asimismo, la protección social universal es una obligación para el mundo y también una cuestión de salud pública. Cuando las personas se ven obligadas a trabajar porque no tienen baja por enfermedad ni apoyo a la renta, el virus seguirá propagándose. Una inversión de 78 000 millones de dólares para ofrecer un nivel mínimo de protección social en los países más pobres del mundo puede parecer mucho, pero apenas representa el 15 % del aumento de la riqueza acumulada por solo 10 hombres desde que comenzó la pandemia.
Necesitamos un «Acuerdo de París» sobre la tecnología, como lo tenemos para el clima.
Sharan Burrow
No falta dinero para invertir en el nuevo contrato social, sino únicamente la voluntad de aplicar los impuestos, las medidas anticorrupción y otras medidas que atiendan esas necesidades. Una cosa es segura: un retroceso hacia la austeridad sería catastrófico.
La gobernanza de la tecnología debe desarrollarse junto con la corrección de los déficits de gobernanza en todas estas áreas. La tarea puede parecer abrumadora, sobre todo ante el repliegue hacia los intereses nacionales y la actual ausencia de un organismo internacional que la desarrolle y supervise. Pero eso no debe disuadirnos de seguir avanzando. La Cumbre Mundial sobre Gobernanza Tecnológica es un buen paso en esa dirección. Necesitamos un «Acuerdo de París» sobre la tecnología, como lo tenemos para el clima.
