¿Cómo puede el big data salvar millones de vidas amenazadas por una pandemia, un desastre natural o, simplemente, una mala alimentación? La respuesta es a la vez sencilla y estimulante. Requiere ofrecer vías de acceso público a la enorme cantidad de datos que acumulamos, procesamos y reutilizamos.
Hoy en día, nuestra tecnología de big data nos permite localizar el epicentro de un terremoto, reducir la contaminación en las ciudades y limitar la propagación de una pandemia como la del virus Zika. La mayor parte de esta información puede inferirse analizando cómo consultan las personas sus teléfonos tras un desastre o qué palabras utilizan en las redes sociales.
Existe, sin embargo, un obstáculo: la mayor parte de estos valiosos datos en tiempo real pertenece a entidades privadas, no a las autoridades públicas que mejor podrían aprovecharlos para poner fin a estas crisis. Entre las primeras se encuentran los operadores de redes móviles y empresas tecnológicas como Google, a través de su motor de búsqueda con dominio mundial. Pero la mayor parte corresponde a las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter.
Gracias a sus numerosas funciones, entre ellas la geolocalización y el seguimiento ocular, y nuestra generosidad acrítica al entregar tanta información personal, estas empresas saben más de nosotros que nuestras parejas y nuestros amigos más cercanos. Una investigación empírica investigación realizada con casi 100 000 personas, por ejemplo, reveló que 300 «me gusta» de Facebook permiten a un ordenador determinar tu personalidad mejor que tu cónyuge.
La creciente cantidad de datos que las empresas recopilan a través de motores de búsqueda, redes sociales, sitios de intercambio de fotos, servicios de mensajería y aplicaciones son el resultado de la interacción de intereses comerciales, diseños de interfaz, procesos algorítmicos e indicaciones de preferencias, acciones y actitudes de los usuarios.
El uso humanitario de los datos privados pone de manifiesto su potencial aún bloqueado para mejorar la sociedad. Cuando se aplican de forma judiciosa, su impacto social positivo es considerablemente mayor. Los ejemplos son innumerables: aplicar datos comerciales a la planificación urbana y a la salud presenta un gran potencial para mejorar la vida; identificar predictores comunes de fallos hepáticos salva vidas; evaluar determinados mensajes desencadenantes vinculados al suicidio adolescente permite a las autoridades públicas valorar mejor qué enfoques preventivos podrían (o no) funcionar. Por último, monitorizar el uso que hacen las personas del transporte público y privado mediante geoetiquetado puede generar datos sumamente ricos que permiten determinar cómo funciona una ciudad, lo que nos posibilita reducir el tráfico y, naturalmente, la contaminación.
Si estas herramientas y datos estuvieran en manos del gobierno, el impacto positivo sería considerable, ya que el big data funciona como un recurso crucial «de comprensión del sentido en la era digital». En particular, al divulgar estos datos y combinarlos, las empresas tecnológicas pueden permitir que las autoridades públicas mejoren la conciencia situacional y la respuesta, así como priorizar las intervenciones en torno a las emergencias sanitarias.
En efecto, los datos facilitados por las empresas no solo nos informan sobre la viabilidad de una determinada intervención política, sino también sobre cómo resolver los problemas con que pueda encontrarse. Si, por ejemplo, los responsables políticos implantan un impuesto sobre refrescos, una advertencia sanitaria o una restricción de venta sobre un producto considerado perjudicial para la salud, podrían saber si los ciudadanos consumen menos como resultado. En otras palabras, el acceso a los conjuntos de datos de las redes sociales puede mejorar tanto el diseño de nuevas políticas públicas como el seguimiento de su impacto real.
Es difícil negar que las propiedades de la compartición de datos que mejoran el bienestar convierten esta práctica en una necesidad moral. Pero, al mismo tiempo, necesitamos marcos técnicos y jurídicos capaces de traducir este creciente imperativo moral en soluciones viables y jurídicamente sólidas. Deben aplicarse acuerdos negociados con empresas como Facebook, Google y Apple para compartir sus bases de datos, a fin de evitar el aumento exponencial de los problemas sociales. Estos acuerdos también serán fundamentales para frenar el rechazo social a sus modelos de negocio subyacentes.
Estas empresas tecnológicas se encuentran actualmente afectadas por las consecuencias negativas de escándalos como la recopilación de datos por parte de Cambridge Analytica, iniciada bajo el nombre de una supuesta «filantropía de datos», y la elusión fiscal a escala mundial. La negativa constante del sector privado, rico en datos, en particular de las empresas de redes sociales, a publicar parte de sus datos en determinadas circunstancias puede desencadenar una reacción aún más adversa contra ellas.
Si los ciudadanos comprenden que el uso público de datos privados en tiempo real podría salvar vidas o mejorar la salud, pero que las empresas retienen este conocimiento, la reputación de las redes sociales y de otras empresas ricas en datos se verá aún más dañada. ¿Cómo pueden Google, Apple, Facebook y Amazon explicar a los usuarios de todo el mundo que sus propios datos, recopilados de forma agresiva a lo largo del tiempo, no pueden utilizarse para el bien común, ni siquiera en situaciones de emergencia?
Responder a esta pregunta requiere que los académicos y especialistas interesados en explorar las promesas del big data emprendan un viaje de investigación riguroso y, a la vez, fascinante. Si bien incorporar los valores de compartición de datos en la realidad empresarial es una oportunidad para unos pocos en el futuro, hoy ya es una cuestión de vida o muerte para muchos.
Este artículo se basa en «Data for Good: Unlocking Privately-Held Data to the Benefit of the Many» de Alberto Alemanno, 9 European Journal of Risk Regulation 2 (2018).
