La digitalización y la automatización están transformando intensamente nuestras sociedades y economías. La integración progresiva de nuevas tecnologías en nuestra economía supone un cambio de paradigma con un profundo impacto en el contexto y el contenido del trabajo. Casi todos los empleos ya tienen o tendrán un componente digital. En los próximos años, este proceso de cambio fundamental no hará más que acelerarse.
Esta transformación radical infunde temor a muchos europeos ante lo que les depara el futuro. Solo el 44% de los europeos cree tener las competencias suficientes para manejar adecuadamente las tecnologías digitales. De hecho, una parte importante de la fuerza laboral actual aún no está debidamente preparada para afrontar sus consecuencias.
¿Cómo debemos abordar el impacto fundamental de la digitalización y la automatización en el empleo? Primero quiero dejar claro cómo no debemos hacerlo. No hay lugar para la complacencia ni la ignorancia. Para algunos, el statu quo es suficiente, ya que estamos experimentando una creación neta de empleo. Olvidan que la próxima recesión o una nueva ola de automatización demostrará que nuestro mercado laboral no está preparado para hacerle frente.
Otros proponen soluciones poco realistas, como una renta básica universal. Combinada con las prestaciones sociales actuales, una renta básica universal impondría una presión excesiva a unos presupuestos públicos ya muy tensionados. Por otra parte, combinar la introducción de una renta básica universal con reformas inmediatas y drásticas del sistema de bienestar (desregulación del mercado laboral y reducción de las prestaciones) probablemente provocaría una gran agitación social y agravaría las desigualdades. Y, lo que es más importante, una renta universal no resuelve la necesidad de impulsar la movilidad social y desarrollar las competencias adecuadas para la era digital.
El cambio fundamental al que nos enfrentamos exige una solución creativa, pero creíble, que prometa fortalecer y renovar nuestro contrato social. La introducción de un derecho universal al aprendizaje es una solución de este tipo, pues ofrece a todas las personas la oportunidad de desarrollar competencias a lo largo de la vida. Este derecho convertiría el aprendizaje permanente en un pilar de nuestro contrato social, junto con la seguridad social y la atención sanitaria.
La educación tradicional obligatoria, fruto de la revolución industrial del siglo XIX, ya no basta para afrontar los desafíos de nuestra era digital. En el futuro, pocos jóvenes recién graduados tendrán el privilegio de muchos de sus padres de conservar el mismo empleo toda la vida. Sin embargo, los enfoques actuales de la formación en el trabajo y el aprendizaje continuo son insuficientes e inadecuados.
Son insuficientes porque se basan esencialmente en la buena voluntad del sector privado, lo que da lugar a una tasa de inversión demasiado baja. Son inadecuados porque, por lo general, se orientan a las personas más cualificadas y excluyen en gran medida a las más vulnerables.
¿Cómo sería este derecho universal al aprendizaje? Todos los ciudadanos adultos deberían recibir cada año el mismo número de «fichas de aprendizaje», canjeables por formación acreditada en competencias. Deberían disponer de tiempo para formarse —por ejemplo, dos años— a lo largo de toda su carrera. Los cursos de formación deberían estar orientados a desarrollar competencias «tecnológicas» (como programación o análisis de datos), así como competencias complementarias a las de las máquinas y los robots (como creatividad, gestión de las emociones, interacción con otras personas, capacidad para afrontar el fracaso o competencias empresariales).
El sistema de intercambio del Derecho Universal al Aprendizaje debería financiarse en parte con fondos de empresas privadas, para garantizar que los cursos de formación respondan a las necesidades del mercado.
El sistema de comercio de emisiones podría servir de modelo para crear un mecanismo: a cada empresa se le asignaría una cuota determinada de fichas, equivalente a horas de formación (en función del número de personas empleadas). Los empleadores podrían optar por ofrecer esa formación directamente o comprar fichas a otras organizaciones que impartan los cursos. El mecanismo permitiría que cualquier persona, independientemente de su condición, edad, antigüedad o nivel de ingresos, disfrutara del mismo derecho al aprendizaje continuo. Los cursos de formación podrían ser impartidos por cualquier proveedor de servicios (institución educativa, empresa o particular), de manera presencial o en línea, siempre que se supervise su calidad.
Toda revolución industrial trae consigo una revolución del aprendizaje. El sector privado tiene un papel clave que desempeñar para hacer realidad esa revolución. Las primeras escuelas de ingeniería y administración de empresas de Bélgica fueron fundadas a finales del siglo XIX por destacados líderes empresariales, como Ernest Solvay.
El aprendizaje no es solo una cuestión del mercado laboral o del crecimiento económico. Es parte integral del desarrollo humano. Aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. En el plano colectivo, el aprendizaje es un vínculo esencial de nuestra sociedad. En un momento en que las máquinas y los algoritmos se están convirtiendo en «aprendices», los seres humanos debemos seguir aprendiendo más que nunca. Entonces, ¿qué tal un derecho universal al aprendizaje?
Lea el nuevo informe del Foro Económico Mundial, Renew Europe.
