Crece el interés por el posible uso de una tecnología conocida como huella cerebral en la lucha contra el delito y el terrorismo, pero está lejos de ser fiable.
Su uso sin consentimiento vulnera los derechos humanos. Y, lo que es importante, la tecnología (tal como existe actualmente) puede ser engañada.
La huella cerebral busca detectar el engaño leyendo, en esencia, los pensamientos. Funciona mediante el uso de la electroencefalografía (EEG) para leer la actividad eléctrica del cerebro, con el objetivo de identificar un fenómeno conocido como la respuesta P300.
La respuesta P300 es un pico perceptible en la actividad eléctrica del cerebro, que suele producirse en el plazo de un tercio de segundo desde que se presenta un estímulo familiar. La idea es que nuestro cerebro subconsciente responde de manera incontrolable y medible a estímulos familiares, y que la máquina puede registrar esa respuesta.
Imaginemos, por ejemplo, que se usó un cuchillo concreto en un asesinato y que la policía muestra una imagen del cuchillo al principal sospechoso, que niega el delito. Si el sospechoso registra una respuesta P300 y, por tanto, reconoce el cuchillo, eso parecería indicar que miente. Por el contrario, si no lo reconoce, quizá la policía tenga a la persona equivocada.
No es difícil entender por qué este procedimiento podría resultar atractivo para las fuerzas del orden, pero, como analicé en un artículo académico reciente, deberían actuar con cautela.
Preocupaciones sobre los derechos humanos
La mayoría de los australianos estaría de acuerdo en que tiene derecho a la privacidad, a no incriminarse y a la libertad de pensamiento. La huella cerebral amenaza esos tres derechos.
El derecho a la privacidad suele protegernos de las intrusiones policiales sin orden judicial en nuestro hogar, nuestro coche, nuestro cuerpo o (al menos en Estados Unidos) nuestro teléfono móvil. Parece casi obvio que, si tenemos privacidad en estas cosas físicas, sin duda también merecemos privacidad en nuestros pensamientos más íntimos.
Como dijo Tim Robbins en Cadena perpetua:
Hay lugares en el mundo que no están hechos de piedra… hay algo dentro al que no pueden llegar ni tocar. Eso es tuyo.
El derecho a no autoincriminarse, también conocido como el derecho a guardar silencio, nos protege de que nos obliguen a declarar contra nosotros mismos si hacerlo pudiera implicarnos en un delito. Sin duda, también debería protegernos de que alguien se adentre en nuestra mente y nos arrebate los pensamientos por la fuerza.
También esperamos tener libertad de pensamiento.
Los tribunales apenas han prestado atención a este derecho, pero hasta hace poco la idea de que alguien pudiera manipular o robar nuestros pensamientos pertenecía más a la ciencia ficción que a la realidad. Ya no es así.
En 2011, por ejemplo, investigadores de la Universidad de California lograron enseñar a un ordenador a reconstruir un vídeo que alguien estaba viendo basándose únicamente en sus señales cerebrales, y los resultados fueron asombrosos.
Pero si la huella cerebral pasara a formar parte de las herramientas de investigación policial, esto podría obligar a los sospechosos a dar el paso extremo de intentar borrar o reprimir sus recuerdos.
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿podemos reprimir o borrar nuestros recuerdos?
Engañar a la tecnología
En toda Australia, la mayoría de las jurisdicciones prohíben expresamente el uso de pruebas de polígrafo en los procedimientos judiciales, en gran medida por lo falible que es esta tecnología. Cualquiera puede engañarla con una chincheta.
Se suponía que la huella cerebral resolvería este problema. Si se leen las respuestas subconscientes del cerebro de alguien antes de que tenga la oportunidad de alterar su fisiología, en teoría no debería poder engañar a la máquina.
Pero ya existen dos formas plausibles de hacerlo.
En primer lugar, las investigaciones indican ahora que una persona puede reprimir sus recuerdos intencionadamente y reducir las probabilidades de que la máquina de huella cerebral registre una respuesta positiva.
En segundo lugar, los investigadores han descubierto que los betabloqueantes, como el propranolol (que se utilizó originalmente para tratar enfermedades cardíacas), a veces pueden bloquear la formación de recuerdos. En teoría, un delincuente astuto podría tomar el fármaco después de cometer un delito y borrar eficazmente (o al menos atenuar) su recuerdo del hecho.
Para quienes quieran poner a prueba esta teoría, al parecer el inventor de la tecnología, Larry Farwell, ha ofrecido 100.000 dólares estadounidenses a quien pueda «superar» una prueba de huella cerebral.
Es preocupante que la huella cerebral pudiera usarse en Australia para alimentar la retórica de la «mano dura contra el delito». Los titulares prácticamente se escriben solos: «¿Te saliste con la tuya? ¡Piénsalo otra vez!»
De hecho, investigadores de Nueva Zelanda esperan actualmente que sus investigaciones sobre la huella cerebral puedan ayudar a la policía a resolver delitos.
Y bien podría haber situaciones en las que este tipo de tecnología resulte útil; por ejemplo, para acotar la posible ubicación de un atentado terrorista inminente.
Pero es necesaria una cautela extrema. Esta tecnología puede vulnerar derechos humanos fundamentales y, como todavía no ha demostrado ser infalible, es sencillamente demasiado pronto para convertir en realidad los delitos de pensamiento orwellianos.
La policía debería actuar con cautela al usar la huella cerebral para investigar delitos. Y, al menos por ahora, los tribunales deberían oponerse a admitir pruebas de huella cerebral en los procesos penales.
