La demanda de baterías ecológicas está alimentando la explotación en países como la RDC.
La explotación está profundamente arraigada en la industria del cobalto, pero no es inevitable.
Las grandes corporaciones, los organismos de la ONU, las ONG y los donantes gubernamentales extranjeros deberían colaborar con la RDC
La relación entre la economía verde impulsada por las baterías y las condiciones de explotación en las que niños y adultos extraen su materia prima esencial, el cobalto, es bien conocida.
La riqueza de las empresas que compran cobalto para usarlo en todo, desde teléfonos móviles hasta automóviles, y la miseria de quienes lo extraen del suelo con sus propias manos, en algunos casos a costa de su vida, riesgo de muerte es un escándalo público mundial.
Las empresas tecnológicas responsables están examinando sus cadenas de suministro de cobalto, y las organizaciones de derechos humanos denuncian públicamente a los malos resultados. Sin embargo, el insaciable apetito mundial por el cobalto, la mayor parte del cual se extrae en la República Democrática del Congo, supera con creces los esfuerzos del sector.
Para contrarrestar este problema, la Alianza Mundial para las Baterías está a punto de anunciar sus principios rectores para una cadena de valor sostenible, incluido el compromiso de “eliminar de inmediato y con urgencia el trabajo infantil y forzoso, fortalecer las comunidades y respetar los derechos humanos de quienes trabajan en la cadena de valor”.
¿Puede el cobalto obtenerse alguna vez de forma limpia?
La realidad es que no será posible obtener un suministro “limpio” de cobalto de la RDC a menos que exista un sistema judicial que funcione en las provincias ricas en cobalto, que inspeccione periódicamente los lugares de trabajo, rescate a niños y adultos del trabajo forzoso y de la esclavitud, y procese de manera fiable a los gerentes, propietarios y compradores de minas que infrinjan la ley y abusen de los trabajadores infantiles y adultos.
Las grandes corporaciones, los organismos de la ONU, las ONG y los donantes gubernamentales extranjeros deberían colaborar con la RDC para hacerlo realidad. Las directrices de la OCDE sobre cadenas de suministro responsables de minerales se elaboraron para ayudar a las empresas a “respetar los derechos humanos y evitar contribuir a conflictos a través de sus prácticas de abastecimiento de minerales”.
Mejorar las cadenas de suministro y abordar los riesgos
Estas directrices exigen cadenas de suministro y sistemas seguros, transparentes y verificables para identificar y responder a los riesgos. Uno de los mayores riesgos para los derechos humanos en la industria del cobalto es la capacidad, muy limitada, de las autoridades locales para hacer cumplir las leyes contra la servidumbre por deudas, el trabajo infantil y la agresión sexual.
De hecho, un estudio de la ONG católica Good Shepherd International Foundation indicó que el 80 % de las mujeres entrevistadas habían sido obligadas físicamente a mantener relaciones sexuales en los 12 meses anteriores. La investigación de International Justice Mission en el centro minero de cobalto de la RDC, Kolwezi, en la provincia de Lualaba, confirmó las denuncias de que el sistema judicial no protege en gran medida a las mujeres y los niños de la violencia.
Son pocos los casos de violación que llegan a juicio, y no es difícil entender por qué: existe una grave escasez de personal en la policía, la fiscalía y los tribunales; los agentes de policía y los fiscales ni siquiera pueden permitirse comprar combustible para las investigaciones que requieren desplazamientos.
Anuncio de nuevos principios rectores
Los nuevos principios rectores de la Alianza Mundial para las Baterías están diseñados para impulsar cambios importantes. Pero para que este compromiso mejore la vida de decenas de miles de niños, hombres y mujeres que extraen cobalto en la RDC, las inversiones deben incluir la dotación de recursos a los funcionarios judiciales locales para proteger contra la explotación y el abuso. Se recomienda una supervisión independiente de los derechos humanos dentro de las distintas concesiones de cobalto y entre ellas, a cargo de investigadores respetados y con experiencia.
La Alianza Mundial para las Baterías puede apoyar a los niños y adultos vulnerables del sector del cobalto ayudando al gobierno congoleño a facilitar el acceso a los servicios de justicia para las víctimas de abusos. El sector debería fortalecer a las organizaciones no gubernamentales, como las Hermanas del Buen Pastor, que alimentan, educan y dan refugio a cientos de niños del sector.
La explotación está profundamente arraigada en la industria del cobalto, pero no es inevitable ni inmutable. La Alianza Mundial para las Baterías debe ahora acordar y financiar acciones colectivas que exijan el imperio de la ley en el sector y ayudar a las autoridades locales a lograrlo en nombre de quienes con su trabajo sustentan la tecnología verde.
