Las empresas de FinTech (tecnología financiera), por lo general start-ups que ofrecen un servicio financiero específico, y las Big Techs, empresas tecnológicas de alcance mundial con una ventaja relativa en tecnología digital que podrían añadir servicios financieros a su oferta, están invadiendo cada vez más –aunque de forma diferenciada– el terreno tradicional de los bancos. Actualmente, los servicios financieros solo representan una pequeña parte del negocio global de las Big Techs. Sin embargo, dado su tamaño y alcance entre los clientes, la entrada de las Big Techs en el sector financiero tiene el potencial de desencadenar un cambio rápido en la industria. Incluso podrían llegar a dominar gracias a la recopilación de datos valiosos y a sus amplias y consolidadas redes (BIS 2019). Esto tiene posibles implicaciones de gran alcance, como para la transmisión de la política monetaria y la estabilidad financiera (Cœuré 2019), e incluso para la economía política de la banca central tal como la conocemos (Tucker 2017). El 22.º Informe de Ginebra sobre la economía mundial se centra en los retos que plantean los nuevos actores habilitados por la tecnología en la banca mundial y en las autoridades públicas que la supervisan (Petralia et al. 2019).
Los bancos ya se han enfrentado antes a desafíos en su terreno tradicional. En los siglos XIX y XX, diversos tipos de bancos cooperativos y cooperativas de crédito crecieron al margen de la banca tradicional, hasta que en su mayoría fueron absorbidos por el marco regulatorio bancario convencional. Más recientemente, los fondos de inversión han competido con la función de captación de depósitos de los bancos como lugar seguro para guardar el dinero.
La disrupción de los servicios bancarios por parte de las ofertas de la FinTech y de las Big Tech aún se encuentra en una fase demasiado temprana como para saber si será tan transformadora como lo han sido episodios anteriores o algo más radical. La velocidad con la que desarrollan nuevos servicios en línea con las preferencias de los clientes, su capacidad de crecimiento exponencial y de operar sin fronteras jurisdiccionales, y, en el caso de las Big Techs, su potencial para aprovechar enormes redes de usuarios ya consolidadas, resultan asombrosas.
Aun así, algunos rasgos de la banca son notablemente estables. Los activos bancarios siguen concentrados abrumadoramente en solo un puñado de jurisdicciones. Las actividades bancarias tradicionales siguen representando más de dos tercios de los ingresos totales de las instituciones financieras, aunque algunas de estas actividades ya las realizan entidades no bancarias y los márgenes de beneficio se ven presionados por el entorno de tipos de interés bajos. Los bancos siguen dominando el crédito y la captación de depósitos, aunque los pagos son un ámbito cada vez más disputado.
Aunque la tecnología y las fuerzas del mercado son fundamentales en la disrupción en curso, no serán el único ni incluso el principal factor que determine los resultados. La banca trata, en última instancia, sobre el dinero, y el dinero depende de la autoridad pública; por eso, durante siglos, los bancos han necesitado licencia cuando no eran creaciones directas del Estado. Los gobiernos y los bancos centrales pueden verse desafiados por los nuevos actores habilitados por la tecnología, pero no quedarán relegados por ellos. La reacción coordinada a escala mundial de las autoridades financieras ante la iniciativa Libra, respaldada por Facebook, lo demuestra.
Pero para responder adecuadamente al desafío que plantean la FinTech y las Big Techs, las autoridades también deberán elevar su nivel de exigencia y adentrarse en territorios inexplorados. Identificamos tres dimensiones principales en este esfuerzo, que son pertinentes para todas las jurisdicciones, aunque adopten formas muy diversas en distintos lugares.
Estabilidad financiera, que se refiere a las políticas que protegen la solidez del sistema financiero y, por extensión, del propio sistema monetario, es fundamental para cualquier innovación sostenible en la banca minorista. Aún no está claro de qué manera las nuevas tecnologías pueden generar (o incluso mitigar) escenarios de crisis financieras, pero la enorme velocidad y escala asociadas a ellas abrirán nuevos ámbitos de vigilancia, cuando no de regulación directa.
Competencia tiene como objetivo promover el éxito, el desarrollo y la eficiencia de los mercados. Las recientes acciones de aplicación de la normativa de la UE y los debates en curso en Estados Unidos ilustran cómo las Big Techs obligarán cada vez más a introducir cambios fundamentales en el marco de la política de competencia, sin mencionar las preocupaciones de seguridad transfronterizas. La política de competencia se ha aplicado a menudo solo de forma selectiva al sector bancario, pero la interacción con las empresas tecnológicas probablemente impulse una revisión.
Derechos sobre los datos. Tradicionalmente, los bancos se han presentado como modelos de discreción respecto a las operaciones de sus clientes, pero las propias nociones de privacidad de datos, titularidad de los datos y valor de los datos están evolucionando a un ritmo acelerado. Aunque los acontecimientos recientes han situado la privacidad y la protección de datos en el centro del debate político, el mundo aún está lejos de alcanzar un acuerdo global sobre la combinación más adecuada, desde el punto de vista del mercado o de la sociedad, de derechos y acceso a los datos en materia de política de servicios financieros. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE es solo un presagio de los debates públicos y la legislación que están por venir sobre cómo proteger a las personas y entidades jurídicas frente a los nuevos riesgos inherentes a la economía de los datos.
Para las autoridades públicas, como los bancos centrales y los supervisores, los retos asociados que identificamos son al menos de tres tipos.
En primer lugar, deben mantenerse al ritmo del cambio tecnológico: comprenderlo, adoptarlo en sus propias organizaciones y adaptar en consecuencia sus capacidades y mentalidades. Las autoridades pueden enfrentarse al difícil equilibrio entre una cultura de prudencia y atención al detalle, que suele ser esencial para cumplir su mandato, y la capacidad de adaptar sus marcos con rapidez a un entorno en constante cambio.
En segundo lugar, cada vez tendrán que colaborar más con sus homólogos de todo el mundo, así como con homólogos no financieros en ámbitos como la competencia y los derechos sobre los datos, para responder adecuadamente a la mayor relevancia de las Big Techs en el sistema financiero. Junto con sus homólogos, las autoridades financieras tendrán que definir nuevas modalidades de coordinación transfronteriza y, en algunos casos, posiblemente la puesta en común de sus mandatos cuando estos no puedan cumplirse de manera eficaz al nivel de cada jurisdicción. Quizás más difícil aún, las autoridades financieras tendrán que encontrar la forma de trabajar con autoridades con las que quizá hayan tenido poca o ninguna interacción, o con entidades que simplemente no existían previamente. La experiencia de las últimas dos décadas en la UE, donde las autoridades financieras han tenido que aceptar e interiorizar gradualmente el creciente papel del control de ayudas de Estado de la Comisión Europea, puede anticipar más fricciones y ajustes por venir.
En tercer lugar, es posible que necesiten cada vez más considerar la experimentación institucional para seguir siendo capaces de supervisar a empresas que evolucionan con rapidez y operan sin fronteras jurisdiccionales. Entre estas figuras podrían incluirse formas de supervisión directa que abarquen varias jurisdicciones (si no necesariamente todas) a la vez, basadas en acuerdos jurídicos vinculantes que vayan más allá del «soft law» o de la cooperación voluntaria que prevalece en los organismos financieros internacionales existentes. También aquí, la reciente experiencia de la UE, donde la supervisión supranacional se ha convertido en una realidad aunque durante mucho tiempo se consideró utópica, puede ofrecer orientaciones útiles para futuras iniciativas.
Aun así, la política del sector bancario, al igual que los servicios digitales, sin duda no alcanzará una uniformidad mundial completa. Los términos de los debates sobre estabilidad financiera, competencia y derechos sobre los datos no convergerán en el futuro previsible entre jurisdicciones como China, Japón, la UE y Estados Unidos. Las iniciativas internacionales deberían procurar encontrar el equilibrio adecuado, evitando una fragmentación innecesaria y adaptando sus herramientas a la diversidad de preferencias colectivas y sistemas políticos.
