• La mayoría admite que, actualmente, la salud pública prevalece sobre los derechos individuales en lo que respecta al uso de datos sobre el coronavirus.
• Debemos considerar el uso de estos datos y de las tecnologías relacionadas cuando amaine la crisis.
• Las respuestas a las crisis impulsadas por la tecnología deben sustentarse en los derechos humanos.
Mientras la COVID-19 sigue propagándose por todo el mundo, varios gobiernos, científicos y especialistas en tecnología han estudiado cómo podría utilizarse la tecnología, incluida la inteligencia artificial, para ayudar a «aplanar» la curva del nuevo coronavirus.
Hasta la fecha, los ejemplos más destacados de soluciones tecnológicas a la pandemia se han centrado en mejorar la vigilancia de la salud pública. En todo el mundo y en países como China, India, Israel, Singapur y en toda Europa, los gobiernos han recurrido a medidas de emergencia para recopilar datos de cámaras de videovigilancia, teléfonos móviles y transacciones con tarjetas de crédito, con el fin de rastrear a los pacientes infectados, sus desplazamientos y sus contactos.
La información recopilada sobre la exposición a la enfermedad puede utilizarse para aplicar —y hacer cumplir— medidas específicas de distanciamiento social basadas en el nivel de riesgo percibido. Sin una justificación convincente de salud pública, esto puede tener un impacto negativo desproporcionado en los derechos humanos. En circunstancias habituales, los gobiernos necesitarían el permiso de una persona o una orden judicial para obtener datos de usuarios de empresas de telecomunicaciones o tecnológicas.
En el contexto actual de la pandemia, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce —y la mayoría de nosotros admitiría de buen grado— que las limitaciones temporales de la privacidad y la libertad de circulación pueden ser necesarias para proteger la salud y la seguridad de cientos de millones de personas. Gobiernos, universidades y empresas han estado trabajando para facilitar las pruebas de detección de la COVID-19 y el rastreo de contactos en las comunidades. Estos esfuerzos parten de la convicción de que, si comprendemos mejor quiénes se han infectado y quiénes han estado muy cerca de personas infectadas, podremos limitar la propagación de la enfermedad de forma más eficaz y eficiente. Sin embargo, antes de desplegar ampliamente las herramientas tecnológicas relacionadas, debemos comprender y abordar los enormes riesgos que pueden entrañar.
La cuestión que tenemos ante nosotros no se limita al beneficio para la salud pública que aportan una mayor vigilancia y la pérdida de privacidad durante las emergencias pandémicas. También debemos considerar cómo limitar el uso y el uso indebido de los datos y las herramientas asociados una vez que amaine esta crisis. Si no actuamos con sumo cuidado, la amplia aceptación social de soluciones tecnológicas que comprometen la privacidad durante una emergencia puede dar lugar a nuevas herramientas para que los gobiernos rastreen y sigan los desplazamientos y las interacciones de la ciudadanía en tiempos normales, con consecuencias profundas y duraderas para los derechos humanos y el funcionamiento de nuestras democracias, así como la creación de nuevos sistemas de poder gubernamental. Creemos que es esencial que las tecnologías desplegadas hoy para facilitar las pruebas y el rastreo de contactos incluyan límites estrictos a la recopilación y el almacenamiento de datos y a la forma en que estos pueden utilizarse (especialmente de maneras que puedan perjudicar o poner en desventaja a una persona, por ejemplo, mediante su uso en la aplicación de la ley). Además, se necesita un uso sólido de tecnologías de cifrado robustas (en caso de que los datos se extravíen o sean robados) y límites temporales estrictos para los usos permitidos, a fin de que la protección que reciben hoy los ciudadanos no se convierta en su tormento cuando la COVID-19 haya quedado atrás.
Por eso necesitamos reglas claras sobre lo que se puede y no se puede hacer con información sensible, como los datos de salud o de vigilancia, durante situaciones de emergencia.
Para garantizar que las respuestas a la COVID-19 impulsadas por la tecnología respeten los derechos humanos, y en apoyo de las numerosas recomendaciones de la comunidad mundial de derechos humanos, el Consejo Global del Futuro sobre Derechos Humanos y la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial recomienda:
1. Los Estados deben reconocer el derecho internacional de los derechos humanos como fundamento de la gobernanza tecnológica
El marco del derecho internacional de los derechos humanos proporciona la base normativa para comprender los riesgos y desafíos asociados al diseño, el desarrollo y el despliegue de tecnologías digitales. Es aún más importante subrayarlo cuando los gobiernos consideran utilizar tecnologías digitales para limitar derechos y libertades.
Las medidas impuestas por los gobiernos que limitan los derechos humanos y las libertades solo pueden justificarse si son necesarias y proporcionales a la necesidad. Las medidas que cumplan estos criterios en el contexto de las medidas de emergencia por la COVID-19 deben reconocerse y explicarse al público. Además, cuando se utilicen sistemas digitales para orientar las políticas de distanciamiento social, debemos ser transparentes acerca de la función que desempeñan al ayudar a decidir qué personas o comunidades pueden ejercer determinados derechos, como la libertad de circulación o de reunión, o el derecho al trabajo.
2. Las respuestas a la COVID-19 deben basarse en las mejores prácticas internacionales
Las orientaciones para la gobernanza de datos y tecnologías en los casos de uso relacionados con la COVID-19 deben basarse en las mejores prácticas, incluida la Declaración de Toronto —una respuesta de la sociedad civil mundial que promueve el derecho a la igualdad en la IA— y directrices más recientes, como las recomendaciones de Access Now para una respuesta a la COVID-19 que respete los derechos digitales y las directrices de la Comisión Europea sobre el uso de la tecnología y los datos para combatir la crisis de la COVID-19 y salir de ella. Las organizaciones deben utilizar estos marcos y compartir públicamente lo aprendido.
Se necesitarán normas para la recopilación, el uso, la clasificación, el intercambio y el análisis de datos en las iniciativas de respuesta a la COVID-19. Estas deben incluir medidas claras y exigibles de minimización de datos, para garantizar que la recopilación de información personal se limite a lo pertinente o necesario para cumplir el propósito declarado, así como reglas sobre la desidentificación o anonimización de la información personal.
3. Minimización de datos y limitación de la finalidad
Las iniciativas dirigidas por organismos gubernamentales o por administraciones y autoridades de salud pública deben atenerse estrictamente al principio de minimización de datos. Este principio garantiza que las entidades solo recopilen y procesen datos estrictamente pertinentes y adecuados para fines de salud pública y de investigación, y que no se reutilicen con fines publicitarios o de mercadotecnia. Las autoridades de salud pública también deben brindar protección especial a los datos sensibles de los niños. Asimismo, debe fijarse una fecha de caducidad para todas las tecnologías de vigilancia implementadas como respuesta a la emergencia, basándose en indicadores concretos; por ejemplo, el fin de una crisis (y los factores que indiquen que esta ha terminado deben especificarse claramente), pero también el momento en que se determine que la intervención es mínimamente eficaz o ineficaz, de modo que no cumpla los requisitos expuestos anteriormente.
4. Transparencia en la comunicación y el seguimiento
Al tomar medidas de gran trascendencia para combatir el virus —como restringir los desplazamientos entre ciudades, imponer políticas de «confinamiento en el hogar» y cerrar las fronteras nacionales—, los gobiernos pueden aumentar la confianza en las instituciones o trabajar activamente para destruirla. La transparencia al informar sobre estas medidas, sobre cómo se toman las decisiones y en función de qué datos, y sobre cómo se rastrean los casos, es fundamental para evitar el pánico y aumentar la confianza. En Corea del Sur, donde la curva se aplanó pese a un aumento repentino de los casos, el ministro de Asuntos Exteriores, Kang, también explicó que es de vital importancia ser abiertos con la población y ganarse su confianza. «La clave de nuestro éxito ha sido la transparencia absoluta con el público: compartir cada detalle sobre cómo evoluciona el virus, cómo se propaga y qué está haciendo el gobierno al respecto, con sus virtudes y sus defectos».
¿Qué está haciendo el Foro Económico Mundial ante el brote de coronavirus?
Según el Open Data Institute, hay tres razones adicionales por las que los gobiernos deben ser abiertos y transparentes sobre los modelos y los datos que utilizan para determinar las respuestas adecuadas al virus. En primer lugar, la gente necesita comprender por qué los gobiernos toman las decisiones que toman. Una vez más, esta comprensión genera una mayor confianza entre la ciudadanía y el gobierno. En segundo lugar, los científicos deben poder examinar estos modelos para mejorarlos. Por último, compartir los modelos podría ayudar a otros gobiernos de todo el mundo, en particular a los que tienen menos capacidad, a responder con mayor eficacia.
Por último, es fundamental que los gobiernos sigan respetando el derecho a la libertad de expresión y apoyen el periodismo abierto sobre el virus.
