¿Recuerdan cuando los futurólogos nos decían que internet acabaría con la “muerte de la distancia”? ¿Para qué viajar a una reunión o desplazarse a la oficina del centro cuando una conectividad barata y de alta calidad elimina la necesidad de desplazarse? La geografía perdería importancia a medida que avanzara la conectividad digital.
Esa profecía no se ha cumplido, ya que las ciudades siguen siendo centros de comercio y comunidad. Las autopistas y el transporte público masivo siguen congestionados en las áreas metropolitanas de todo el mundo. No solo la geografía sigue siendo relevante, sino que los recientes avances normativos demuestran que su importancia está creciendo.
Dos cuestiones actuales lo ilustran. La primera es el impuesto sobre los servicios digitales, que varios Estados de la Unión Europea están considerando y que el Reino Unido ha propuesto. Al especificar umbrales de ingresos y beneficios, así como líneas de negocio, el impuesto está diseñado para que las empresas tecnológicas asuman su carga.
El impuesto grava los ingresos de los servicios prestados en una ubicación concreta porque, según defienden sus partidarios, existe un “desajuste en la creación de valor”. Los usuarios de servicios digitales contribuyen a su valor (por ejemplo, cuando los datos de los usuarios ayudan a vender publicidad segmentada), mientras que los beneficios de esos servicios recaen en empresas cuyas operaciones se realizan en otro lugar.
Los partidarios del impuesto digital sostienen que el desequilibrio puede corregirse gravando los ingresos de los servicios digitales en los lugares donde las empresas tecnológicas los prestan. El impuesto introduce la geografía en el código fiscal de las empresas tecnológicas de una nueva manera.
Por un lado, el impuesto estabiliza una base fiscal local que podría erosionarse si las empresas tecnológicas desplazan a los proveedores de servicios locales. ¿Por qué no deberían las empresas tecnológicas, como los proveedores locales, sostener los servicios municipales que permiten a los clientes ser productivos y a las comunidades prosperar? Al fin y al cabo, muchos atribuyen el aumento de los locales comerciales tapiados en las ciudades, que reduce la base impositiva del gobierno, a la competencia de los vendedores en línea.
El segundo ejemplo en el que la ubicación resulta determinante es el despliegue de infraestructura para los servicios inalámbricos 5G. Estos servicios requieren una red densa de antenas para la transmisión, así como extensas redes de fibra óptica para el transporte de datos.
El despliegue de la red requiere acceso a los derechos de paso públicos en las ciudades, y tradicionalmente las ciudades y las operadoras han negociado las condiciones de acceso a estos activos públicos. Sin embargo, en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado normas que establecen estándares nacionales para el despliegue del 5G, eliminando a las ciudades del proceso de negociación con las operadoras.
Las ciudades no están contentas al respecto. Quieren tener un lugar en la mesa de negociación como custodias de los bienes públicos de sus comunidades y como medio para financiar programas para los residentes de la ciudad que aborden los efectos de la conectividad de banda ancha.
Existen otros ejemplos de los efectos de la banda ancha específicos de cada lugar en las comunidades locales. Hace diez años, pocos alcaldes recibían solicitudes de reunión sobre la necesidad de hacer inteligentes sus ciudades. Hoy, las “ciudades inteligentes” son un asunto político que surge constantemente para los alcaldes.
La calidad de la infraestructura de banda ancha es otro tema relativamente nuevo que los responsables locales deben considerar. Algunos el 75 % de los responsables locales de Estados Unidos afirmaron en una encuesta de 2016 que la infraestructura de banda ancha es una prioridad alta o muy alta para ellos. No es de extrañar que muchos municipios estén construyendo sus propias redes urbanas, a pesar de los debates sobre si es el uso adecuado de los fondos públicos.
La creciente dependencia de las herramientas digitales también ha situado en primer plano las cuestiones de igualdad en muchas ciudades. Esto se debe a que la pobreza suele concentrarse geográficamente. Los responsables municipales son cada vez más conscientes de los barrios con un gran número de personas sin acceso en línea. Esto ha convertido la “inclusión digital” en una prioridad política.
En Estados Unidos, varias ciudades, como Seattle, Austin, Filadelfia y Chicago, han creado ‘fondos de inclusión digital’ para cerrar las brechas de acceso y ayudar a las poblaciones de bajos ingresos a mejorar sus niveles de educación y su preparación para el empleo.
En el Reino Unido, el gobierno ha creado un Fondo de Innovación en Competencias Digitales para ayudar a personas de bajos ingresos y a personas con discapacidad a adquirir formación para obtener empleos que requieran competencias tecnológicas.
Desarrollar la capacidad para tomar mejores decisiones
Las crecientes consecuencias geográficas de las tecnologías digitales exigen nuevas responsabilidades a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno. Es evidente que hace falta reforzar su nivel de conocimientos sobre estas cuestiones, y cada una de las cuestiones políticas locales planteadas anteriormente se beneficiaría de un escrutinio analítico adicional.
El impuesto sobre los servicios digitales, por su incidencia en un único sector, plantea problemas de eficiencia. Además, no es difícil imaginar que expertos fiscales ingeniosos empleados en empresas tecnológicas encuentren la manera de utilizar un código tributario ya complejo para eludir uno nuevo.
Las ciudades inteligentes prometen una mejor prestación de servicios, ciudadanos más satisfechos y comunidades más equitativas. ¿Cumplen esas promesas? La inclusión digital es un objetivo loable, pero sería conveniente saber si los modelos de inclusión que han surgido son eficaces y replicables.
Sería útil contar con una mayor capacidad de análisis de las iniciativas tecnológicas, pero, al menos en Estados Unidos, hay pocos motivos para ser optimistas en este frente. Las recientes audiencias del Congreso sobre Facebook y sobre cómo la plataforma social está afectando a las elecciones y al discurso cívico demostraron los límites de la comprensión de las tecnologías digitales de muchos miembros.
El resultado fue que observadores pidieron al Congreso que actualizara su base de conocimientos tecnológicos. Una propuesta que reaparece periódicamente —que el Congreso restablezca la Oficina de Evaluación Tecnológica — es un paso en la dirección correcta.
La perspectiva a nivel estatal y local no es mejor. La mayoría de las grandes ciudades cuentan con oficinas que se ocupan de las cuestiones de concesión de televisión por cable, pero la discrecionalidad de las ciudades en este tema se ha reducido. Las ciudades también tienen funcionarios encargados de las necesidades tecnológicas del gobierno municipal, pero estos funcionarios no siempre analizan cuestiones de política más amplias.
Los grupos de defensa, las asociaciones, los centros de estudios y la industria realizan a menudo un buen trabajo para cubrir estas lagunas, pero eso no equivale a que las ciudades tengan la capacidad interna para analizar las opciones políticas. Los estados de Estados Unidos contaron con capacidad de planificación de la banda ancha financiada por la administración Obama, pero esos fondos se agotaron hace tiempo.
Mejorar la capacidad del gobierno para comprender la tecnología es una tarea a largo plazo, y redunda en interés de la industria tecnológica que esta capacidad mejore. ¿Quiere mejores decisiones sobre la creciente lista de políticas tecnológicas en todos los niveles de gobierno? Entonces apoye la creación de experiencia dentro del gobierno para comprender los matices de las opciones políticas.
Este esfuerzo debe ser amplio en su alcance. Los responsables políticos deben conocer no solo los efectos de la tecnología, sino también sus interacciones con ámbitos políticos afines, como la fiscalidad, la sanidad y los servicios sociales.
Para las empresas tecnológicas, la “muerte de la distancia” ha llegado, pero de forma irónica. Las potentes tecnologías digitales implican que los desafíos políticos descienden hasta el nivel comunitario y siguen a las empresas tecnológicas en todas partes.
Mejorar la capacidad de los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno para afrontar estos desafíos debería ser una prioridad para todas las partes interesadas.
