Mil millones de personas viven en la pobreza de datos: quedan excluidas de servicios porque no pueden demostrar quiénes son
Las personas deben estar facultadas para disponer de buenos datos sobre sí mismas y también para utilizar esos datos para avanzar en sus propios objetivos
La capacidad de ejercer muchos de nuestros derechos y privilegios más básicos (votar, conducir, ser propietarios de bienes y viajar) requiere información estandarizada para determinar quién es elegible para qué. Sin embargo, en la era de los datos digitales, existe esperanza para los mil millones de personas en todo el mundo que carecen de dicha información.
Mientras gran parte del mundo desarrollado se preocupa, con razón, por los innumerables abusos contra la privacidad cometidos por las grandes tecnológicas, y exige y logra para las personas un «derecho al olvido», muchas personas en todo el mundo se plantean una cuestión muy distinta: ¿qué pasa con el derecho a ser visto?
Basta con preguntar a los mil millones de personas que quedan excluidas de servicios que damos por sentados, como una cuenta bancaria, la escritura de una vivienda o incluso una cuenta de telefonía móvil, porque carecen de documentos de identidad y, por tanto, no pueden demostrar quiénes son. En la práctica, son invisibles como consecuencia de una mala gestión de los datos.
La capacidad de ejercer muchos de nuestros derechos y privilegios más básicos (como el derecho a votar, conducir, ser propietario de bienes y viajar al extranjero) está determinada por grandes agencias administrativas que se basan en información estandarizada para determinar quién es elegible para qué. Por ejemplo, para obtener un pasaporte suele ser necesario presentar un certificado de nacimiento. Pero ¿qué ocurre si no se tiene un certificado de nacimiento? Para abrir una cuenta bancaria se requiere un comprobante de domicilio. Pero ¿qué pasa si su casa no tiene dirección?
La falta de esta información básica es un obstáculo para la estabilidad, la prosperidad y las oportunidades. Las personas invisibles quedan excluidas de la economía formal y no pueden votar, viajar ni acceder a prestaciones sanitarias y educativas. No es que no merezcan estos derechos ni que no reúnan los requisitos, sino que son pobres en datos.
En este contexto, el rico registro digital que proporcionan nuestros teléfonos inteligentes y otros sensores podría convertirse en una poderosa herramienta para el bien, siempre que se reconozcan los riesgos. Estos dispositivos, que se han vuelto fundamentales en nuestra vida social y económica, dejan un rastro de datos que, para muchos de nosotros, es la materia prima que alimenta lo que la profesora de Harvard Shoshana Zuboff denomina «capitalismo de la vigilancia». Nuestro historial de ubicaciones de Google muestra exactamente dónde vivimos y trabajamos. Nuestra actividad de correo electrónico revela nuestras redes sociales. Incluso la forma en que sostenemos nuestro teléfono inteligente puede revelar indicios tempranos de la enfermedad de Parkinson.sostenemos el teléfono inteligente puede revelar indicios tempranos de la enfermedad de Parkinson.
Pero ¿y si los ciudadanos pudieran aprovechar el poder de estos datos para sí mismos, para hacerse visibles ante los guardianes administrativos y acceder a los derechos y privilegios a los que tienen derecho? Su rastro virtual podría convertirse entonces en una prueba de hechos físicos.
Esto ya está empezando a suceder. En India, los habitantes de barrios marginales utilizan los datos de ubicación de sus teléfonos inteligentes para aparecer por primera vez en los mapas de la ciudad y registrarse en direcciones que luego pueden usar para recibir correspondencia y tramitar documentos de identidad gubernamentales. En Tanzanía, los ciudadanos utilizan el historial de sus pagos móviles para construir sus calificaciones crediticias y acceder a servicios financieros más tradicionales. Y en Europa y Estados Unidos, los conductores de Uber luchan por acceder a los datos de sus viajes compartidos para defender sus prestaciones laborales.
Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, cuando las tormentas destruyen viviendas, las víctimas suelen no pueden acceder a las ayudas para la reconstrucción porque no pueden demostrar que son los propietarios o los ocupantes. Sin embargo, podrían utilizar su historial de ubicaciones de Google para demostrar a las autoridades que durante los últimos cinco años pasaron la noche exactamente en el lugar donde se encontraba la vivienda. Podrían presentar sus registros de pagos móviles para demostrar que pagaron para instalar un tejado nuevo en la casa o una valla alrededor del jardín. O podrían presentar una serie de fotografías de Facebook con geoetiquetas de ellos mismos y de su familia en el salón de su casa.
Ninguno de estos datos individuales es concluyente por sí solo, pero en conjunto construyen un rico entramado de pruebas. En lugares donde no existe ningún otro registro, o donde el registro ha sido destruido por un conflicto o un desastre, esta prueba digital puede cambiar la vida de las personas.
La cuestión crucial, por supuesto, es cómo equilibrar los riesgos de un Estado de vigilancia con el poder de la tecnología para prestar servicios y proteger los derechos fundamentales. Dicho de forma más sencilla, no es que quienes desean utilizar sus datos para el bien quieran sacrificar su privacidad; quieren tener el poder de controlar ese equilibrio por sí mismos, en lugar de estar a merced de gigantes corporativos y agencias gubernamentales.
La respuesta reside, al menos en parte, en empoderar a las personas para que utilicen sus propios datos a fin de demostrar hechos vitales sobre sí mismas, defender sus propios intereses y avanzar en sus propios objetivos. Este enfoque de abajo arriba trastoca las estructuras tradicionales de poder, en las que los gobiernos y los agentes comerciales recopilan grandes cantidades de datos para avanzar en sus propios objetivos. Es un poderoso igualador.
El Center for Data Innovation ha señalado que «para aprovechar [las innovaciones basadas en datos], las personas deben tener acceso a datos de alta calidad sobre sí mismas y sobre sus comunidades». Esto es absolutamente cierto, y pone de relieve el problema de la pobreza de datos y las desigualdades sociales y económicas que resultan de la falta de recopilación o uso de datos sobre determinados grupos de personas. Pero debemos dar un paso más: las personas deben estar facultadas para disponer de buenos datos sobre sí mismas y también para utilizar esos datos para avanzar en sus propios objetivos.
Los defensores de la privacidad lideran importantes esfuerzos para permitir que los ciudadanos controlen quién utiliza sus datos, para qué y en qué circunstancias. Estos esfuerzos nos permiten decir «no» a la vigilancia y a la sobreexposición. Pero también debemos facultar a las comunidades para decir «sí» a utilizar sus datos como elijan y a cosechar los beneficios.
