A la ciencia ficción le gusta presentar a los robots como máquinas autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones y, a menudo, de expresar sus propias personalidades. Sin embargo, también tendemos a pensar que los robots son propiedad y carecen del tipo de derechos que reservamos para las personas.
Pero si una máquina puede pensar, decidir y actuar por voluntad propia, y si puede sufrir daños o ser considerada responsable de sus actos, ¿deberíamos dejar de tratarla como propiedad y empezar a tratarla más como una persona con derechos?
¿Y si un robot alcanza una verdadera autoconciencia? ¿Debería tener los mismos derechos que nosotros y la misma protección ante la ley, o al menos algo parecido?
Estas son algunas de las cuestiones que debate la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. El año pasado publicó un proyecto de informe y propuesta de resolución en el que pedía un conjunto de normas de derecho civil sobre robótica que regularan su fabricación, uso, autonomía e impacto en la sociedad.
De las soluciones jurídicas propuestas, quizá la más interesante era la sugerencia de crear una categoría jurídica de «personas electrónicas» para los robots más sofisticados.
El camino hacia la personalidad jurídica
El informe reconocía que las mejoras en las capacidades autónomas y cognitivas de los robots los convierten en algo más que simples herramientas, y que las normas habituales sobre responsabilidad, como la contractual y la extracontractual, no bastan para abordar su caso.
Por ejemplo, la directiva vigente de la UE sobre la responsabilidad por los daños causados por robots solo abarca los daños previsibles derivados de defectos de fabricación. En esos casos, el fabricante es responsable. Sin embargo, cuando los robots pueden aprender y adaptarse a su entorno de maneras imprevisibles, al fabricante le resulta más difícil prever los problemas que podrían causar daños.
El informe también se pregunta si los robots suficientemente sofisticados deberían considerarse personas físicas, personas jurídicas (como las sociedades), animales u objetos. En vez de incluirlos en una categoría existente, propone que resulta más apropiado crear una nueva categoría de «persona electrónica».
Sin embargo, el informe no aboga por medidas legislativas inmediatas. En su lugar, propone actualizar la legislación si los robots se vuelven más complejos, cuando y si desarrollan una mayor sofisticación conductual. Si esto ocurre, una recomendación es reducir la responsabilidad de los «creadores» en proporción a la autonomía del robot y que un seguro obligatorio de responsabilidad «sin culpa» cubra la diferencia.
Pero ¿por qué llegar tan lejos como para crear una nueva categoría de «personas electrónicas»? Al fin y al cabo, a los ordenadores todavía les queda mucho camino por recorrer antes de igualar la inteligencia humana, si es que alguna vez lo consiguen.
Pero podemos estar de acuerdo en que los robots —o, más precisamente, el software que los controla— son cada vez más complejos. Las máquinas autónomas (o «emergentes») son cada vez más comunes. Hay debates en curso sobre la responsabilidad jurídica por los vehículos autónomos, o sobre si podríamos demandar a cirujanos robóticos.
Estos problemas no son complicados mientras la responsabilidad recaiga en los fabricantes. Pero ¿qué pasa si no es fácil identificar a los fabricantes, por ejemplo, si los vehículos autónomos utilizan software de código abierto? ¿A quién se demanda cuando hay millones de «creadores» en todo el mundo?
La inteligencia artificial también está empezando a hacer honor a su nombre. Alan Turing, padre de la informática moderna, propuso una prueba según la cual un ordenador se considera «inteligente» si, al responder a preguntas, logra que los seres humanos crean que es humano. Ya hay máquinas que están cerca de superar esta prueba.
También hay otros logros extraordinarios, como el ordenador que crea bandas sonoras para vídeos que son indistinguibles de los sonidos naturales; el robot que puede superar CAPTCHA, otro que puede imitar la escritura a mano de forma indistinguible de la escritura humana, y la IA que recientemente venció a algunos de los mejores jugadores de póquer del mundo.
Puede que los robots lleguen a igualar las capacidades cognitivas humanas y cada vez se parecen más a los seres humanos, incluida la capacidad de «sentir» dolor.
Si este progreso continúa, quizá no falte mucho para que los robots autoconscientes dejen de ser fruto de la mera especulación.
El informe de la UE es uno de los primeros en abordar formalmente estas cuestiones, pero otros países también están implicándose. Yueh-Hsuan Weng, de la Universidad de Pekín, escribe que Japón y Corea del Sur esperan que para 2030 vivamos en coexistencia entre seres humanos y robots. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón ha creado una serie de directrices sobre robótica que abordan cuestiones empresariales y de seguridad relacionadas con los robots de próxima generación.
Personas electrónicas
Si otorgáramos algún tipo de personalidad jurídica a los robots, ¿cuál sería? Si se comportaran como seres humanos, podríamos tratarlos como sujetos jurídicos en vez de objetos jurídicos, o al menos como algo intermedio. Los sujetos jurídicos tienen derechos y deberes, lo que les confiere «personalidad» jurídica. No tienen que ser personas físicas: una sociedad no es una persona física, pero está reconocida como sujeto jurídico. Los objetos jurídicos, en cambio, no tienen derechos ni deberes, aunque puedan tener valor económico.
Puede parecer extraño atribuir derechos y deberes a un objeto inanimado o a un programa informático con independencia de sus creadores. Sin embargo, en el caso de las sociedades ya vemos que se conceden amplios derechos y obligaciones a entidades jurídicas ficticias.
¿Podría ser similar el enfoque para los robots al que se aplica a las sociedades? Si el robot (o programa informático) es suficientemente sofisticado o cumple ciertos requisitos, podría recibir derechos similares a los de una sociedad. Esto le permitiría ganar dinero, pagar impuestos, poseer activos y demandar o ser demandado con independencia de sus creadores. Sus creadores podrían tener, como los directores de sociedades, derechos o deberes respecto del robot y de otras personas con las que este interactúe.
Los robots seguirían teniendo que ser tratados en parte como objetos jurídicos, ya que, a diferencia de las sociedades, pueden tener cuerpos físicos. Así, la «persona electrónica» podría combinar la condición de sujeto jurídico y la de objeto jurídico.
El Parlamento Europeo votará la resolución este mes. Sea cual sea el resultado, será inevitable replantearse la relación entre los robots y la ley, lo que requerirá investigaciones complejas en derecho, informática y seguros.
