La regulación tecnológica evoluciona rápidamente, pero sigue fragmentada entre países y regiones.
La gobernanza ágil podría abordar el problema mediante un enfoque regulatorio más dinámico y adaptable.
Pero debemos superar las limitaciones que afronta la gobernanza ágil en la práctica para adoptar esta forma de formular políticas.
Aunque la regulación tecnológica evoluciona rápidamente en el mundo actual, sigue estando muy fragmentada entre países y regiones. La gobernanza ágil podría resolver esta fragmentación al promover enfoques regulatorios más dinámicos, flexibles y adaptables.
Ya se trate de la privacidad, la ciberseguridad, la ciberguerra, la seguridad nacional o los contenidos prohibidos, todos los temas candentes de la gobernanza tecnológica actual parecen preocupar al mundo entero, pero están en manos de legisladores centrados en sus países, que se basan en políticas obsoletas que siguen reforzando la fragmentación de la regulación tecnológica.
Tomemos como ejemplo la protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), propuesto por primera vez en 2012 y vigente desde 2018, es en esencia una ley internacional de privacidad y protección de datos. Se aplica a cualquier organización que trate datos personales de cualquier ciudadano de la UE.
Además de su alcance extraterritorial, ha inspirado iniciativas similares para actualizar y mejorar la protección de datos en otras jurisdicciones, como Japón, Chile, Egipto, y el estado de California, en Estados Unidos.
«Mosaico» de normas sobre datos
Esta oleada de iniciativas inspiradas en el RGPD hizo albergar esperanzas de que la protección de datos se volvería más uniforme con el tiempo. De hecho, existen mecanismos establecidos precisamente para ello. Desde hace más de 20 años, la Comisión Europea concede decisiones de «adecuación» a los regímenes nacionales que cumplen sus estrictas normas de protección de datos, lo que permite que los datos personales circulen sin trabas a través de las fronteras. Sin embargo, solo un puñado de países y territorios ha recibido la decisión de «adecuación» de la Comisión Europea, entre ellos Japón y el Reino Unido.
En otros países no existe una ley de privacidad sistemática e integral que regule a todas las entidades privadas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un mosaico de leyes estatales y federales, la mayoría centradas en sectores específicos, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA), en el sector sanitario, y la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA), para las entidades del sector financiero.
Mientras tanto, las leyes de protección de datos de China se centran en un sólido control gubernamental, el orden público y la seguridad nacional. Entre ellas figuran la Ley de Ciberseguridad de 2017 y la Ley de Seguridad de Datos de 2021, así como la próxima Ley de Protección de la Información Personal. Estas leyes establecen amplios requisitos de localización de datos y tienen efectos extraterritoriales.
Asia quizá haya experimentado la mayor transformación en materia de privacidad de datos durante la última década. Antes de 2020, solo seis países contaban con leyes integrales de privacidad de datos. Entre 2010 y 2020, 20 jurisdicciones promulgaron nuevas leyes de privacidad de datos y siete introdujeron enmiendas. Cinco de estas leyes tienen disposiciones extraterritoriales y, aunque todas comparten elementos similares de protección de datos, difieren entre sí y de las de otras regiones en aspectos importantes.
Además, aunque cumplir con el RGPD equivalga a «sobrecumplir» los requisitos en el sistema de una empresa, una compañía global tendrá que comprobar que sus sistemas se ajustan a los requisitos particulares de protección de datos de 20 mercados solo en Asia.
Sin embargo, la fragmentación regulatoria no solo implica costes para las empresas. También importa porque la mayor complejidad y diversidad entre jurisdicciones hacen que sea menos probable que los consumidores estén bien protegidos. Además, se habla menos de que la fragmentación dificulta la aplicación y el cumplimiento de las normas por parte de los gobiernos. En cambio, con un enfoque uniforme, es mucho más fácil lograr la cooperación interinstitucional y el intercambio de información entre organismos.
El concepto de gobernanza ágil es una solución a esta fragmentación. El pasado diciembre, Canadá, Dinamarca, Italia, Japón, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido firmaron el primer acuerdo de «Naciones Ágiles» para incorporar los principios de la gobernanza ágil a sus marcos regulatorios.
La gobernanza ágil promueve enfoques de gobernanza más dinámicos, flexibles y adaptables. Se inspira en el desarrollo ágil de software, plasmado en los principios de el Manifiesto Ágil.
La gobernanza ágil no da prioridad al diseño ni a la rapidez de aplicación de las normas, ya que demasiada rapidez puede poner en peligro la inclusión de los procesos o resultados de las políticas.
Por el contrario, la idea de la gobernanza ágil plantea que enfoques más proactivos, inclusivos e iterativos del diseño de políticas pueden crear sistemas rigurosos, más eficaces y representativos que los procesos tradicionales, incluso en plazos reducidos.
Las políticas de datos deben orientarse a los resultados
Una idea central de la gobernanza ágil es que la formulación de políticas debe orientarse a los resultados y basarse en pruebas y, al mismo tiempo, reconocer que los contextos y las necesidades cambian a lo largo de un proyecto de políticas.
Este enfoque requiere una colaboración continua entre una amplia variedad de partes interesadas para garantizar que el conocimiento se incorpore a las políticas de forma eficaz e inclusiva, lo que les confiere mayor legitimidad.
La gobernanza ágil también reconoce que las estructuras y normas que guían nuestro comportamiento —en particular, en el mundo de la tecnología— van mucho más allá de los incentivos, las regulaciones y las leyes creadas por el sector público.
Los modelos de negocio, las políticas corporativas, el software, el diseño de productos y la infraestructura tecnológica pueden influir en el comportamiento de los usuarios y en los resultados para la ciudadanía más que las políticas públicas. Por ello, se necesitan nuevos modelos de gobernanza colaborativa entre sectores para responder a los desafíos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI.
El Foro Económico Mundial ha identificado ocho enfoques y más de 100 ejemplos de gobernanza ágil en todo el mundo. Muchos gobiernos están probando laboratorios de políticas, entornos de pruebas y mecanismos de colaboración colectiva.
Otros ejemplos incluyen nuevas formas de autorregulación impulsada por la industria, el concepto de superreguladores, el establecimiento de principios éticos compartidos, nuevos enfoques para crear y hacer cumplir normas, y la creación de ecosistemas de gobernanza colaborativa entre jurisdicciones.
La gobernanza ágil presiona a los gobiernos para que innoven en la manera de relacionarse con una variedad más amplia de partes interesadas. La mayoría de las instituciones y organismos del sector público necesitarán invertir en las competencias y los recursos para la colaboración intersectorial, así como en enfoques de gestión del conocimiento, pensamiento sistémico y pensamiento de diseño.
Tres limitaciones de la gobernanza ágil
Sin embargo, hay tres limitaciones cada vez más importantes para la gobernanza ágil. La primera es el margen limitado para formular políticas. Las consecuencias jurídicas, económicas y tecnológicas de vivir en un mundo globalizado implican que los Estados soberanos no disponen plenamente de todas las opciones de política pública.
La segunda limitación es la participación de las partes interesadas. Además de anteponer sus propios intereses, estas suelen tener opiniones muy divergentes sobre qué políticas son posibles y cómo sopesar las distintas concesiones, pero involucrarlas es costoso.
Por último, la tercera limitación son las concesiones. Todas las opciones de política pública implican concesiones, que son muy difíciles de evaluar de antemano y pueden ser difíciles de medir una vez aplicadas.
La gobernanza ágil puede ayudar a resolver la creciente fragmentación de la regulación tecnológica. Sin embargo, no podremos aprovechar las ventajas de esta nueva forma de gobernanza y formulación de políticas si no seguimos superando las limitaciones que afronta en la práctica.
