A medida que la crisis económica más profunda de nuestra vida se adentra en su séptimo año, la mayoría de los países de la OCDE siguen teniendo un desempeño inferior. Este año, se prevé que el crecimiento del PIB de las economías avanzadas del mundo promedie el 2%, frente al 3,2% a nivel mundial. Y 2016 se perfila igual de difícil: la producción de la OCDE crecería un 2,5%, mientras que el PIB del resto del mundo se expandiría a una tasa del 3,8%, cercana al promedio anterior a la crisis.
Sin embargo, las perspectivas económicas a largo plazo de la economía mundial en su conjunto son sombrías. A medida que envejecen las sociedades de muchos países de la OCDE y se desacelera el crecimiento de convergencia en las grandes economías emergentes, se prevé que el crecimiento del PIB mundial caiga de su promedio anual del 3,6% en el período 2010-2020 a un 2,4% estimado en 2050-2060.
Esta desaceleración puede ser inevitable, pero es posible mitigarla. Aplicar políticas que faciliten y recompensen las inversiones a largo plazo será fundamental para salir de la crisis actual y aumentar el potencial de crecimiento mundial.
Se necesitan inversiones, tanto públicas como privadas, para fomentar el crecimiento verde, apoyar la innovación y el emprendimiento, contribuir a cerrar las brechas de desigualdad que se han ampliado durante la crisis y ayudar a desarrollar las competencias esenciales para lograr economías más resilientes y sociedades más inclusivas. Y aunque satisfacer estas necesidades exigirá cambios transformadores en el comportamiento de los gobiernos y los inversores, los beneficios serán significativos. En resumen, como sostuvimos durante el Foro de la OCDE y la reunión anual del Consejo Ministerial de la semana pasada, esta vez debemos promover inversiones centradas en las personas y el planeta.
La lista de desafíos estructurales que enfrentan los países de todo el mundo es larga. Sin embargo, las políticas que promuevan inversiones a largo plazo beneficiarían considerablemente los esfuerzos por superar al menos cuatro de ellos: el alto desempleo, el envejecimiento de la fuerza laboral, el cambio climático y las deficiencias de infraestructura.
Para hacer frente a la crisis del desempleo, que ha sido especialmente gravosa para los jóvenes, se necesitará no solo una recuperación sólida, sino también un enfoque renovado en el desarrollo de competencias. Será esencial invertir en educación y formación profesional de alta calidad y en aprendizaje basado en el trabajo. Estos tipos de inversiones siguen siendo beneficiosos a lo largo de la vida laboral de una persona, ya que la exposición a nuevas competencias y conocimientos le permite adaptarse a un entorno tecnológico y empresarial en evolución. Empoderar a los trabajadores de hoy también ayudará a afrontar los desafíos derivados del envejecimiento de la población.
Además, una mayor atención a la inversión a largo plazo ayudará a resolver los conflictos tradicionalmente asociados con la lucha contra el cambio climático y la construcción de infraestructura. Una exige reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; la otra ha tendido a fomentar la quema de combustibles fósiles para el transporte y la energía. La solución es relativamente sencilla, siempre que haya voluntad política: al poner precio al carbono y derogar las políticas que incentivan el consumo de combustibles fósiles, se pueden canalizar las inversiones hacia la creación de una economía baja en carbono, incluida la infraestructura de energía limpia necesaria.
Para alentar a los inversores privados a emprender proyectos responsables y a largo plazo, los gobiernos deben promover políticas y marcos coherentes. Además de las incertidumbres inmediatas, los inversores se ven frenados por la escasez de incentivos y el exceso de factores que reducen los rendimientos. Entre ellos figuran regulaciones restrictivas que limitan la capacidad de las empresas para emprender nuevas actividades o entrar en nuevos mercados, especialmente a través de las fronteras. La versión actualizada de la OCDE del Marco de políticas para la inversión ofrece un plan para promover la inversión y una conducta empresarial responsable.
Los gobiernos también tendrán que facilitar la participación de los inversores institucionales. El desafío de la inversión a largo plazo no puede resolverse sin atraer fuentes de financiación más diversas y privadas. En 2013, solo los inversores institucionales de los países de la OCDE poseían activos por más de 57 billones de dólares, y los fondos de pensiones recaudaron alrededor de 1 billón de dólares en nuevas aportaciones.
Entre las herramientas que podrían utilizarse para movilizar las inversiones institucionales figuran las asociaciones público-privadas para crear carteras de proyectos claras y transparentes para grandes proyectos de infraestructura verde; los bancos verdes y los bonos verdes; y los instrumentos que mitigan el riesgo y mejoran la disponibilidad de crédito. Será necesario examinar las regulaciones sobre contabilidad y financiación internacionales para identificar políticas que, inadvertidamente, desincentiven a los inversores institucionales a destinar sus recursos a activos menos líquidos y de más largo plazo.
Por último, habrá que fortalecer los mercados de capital público. Los ahorros deben canalizarse hacia las empresas que necesitan capital para la innovación y la creación de empleo sostenible. Sin embargo, hoy en día, la calidad de los marcos de gobierno corporativo en todo el mundo se ve puesta a prueba por la creciente complejidad de las cadenas de inversión y el predominio de estrategias de inversión pasivas y de corto plazo.
En un mundo de interdependencia global, no es posible lograr un sistema financiero y de inversión mejor país por país. Puede que no exista un modelo único de desarrollo económico, pero, sin normas mundiales y regulaciones complementarias, las perspectivas a largo plazo de la economía mundial seguirán siendo sombrías.
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Angel Gurría es secretario general de la OCDE y miembro de la Junta de la Fundación del Foro Económico Mundial.
Imagen: La sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. REUTERS/Ralph Orlowski.
