El debate sobre el comercio en Estados Unidos ha tomado un rumbo desafortunado. En lugar de discutir en profundidad los asuntos concretos y sus méritos, la administración del presidente Barack Obama ha optado por enfatizar la necesidad de procedimientos de vía rápida (también conocidos como autoridad de promoción comercial, o TPA) para negociar cualquier acuerdo comercial. La administración quizá gane esa batalla, pero el resultado podría causar un daño real.
La disputa actual gira en torno al contenido preciso de la Asociación Transpacífica, un complejo acuerdo de libre comercio entre 12 países. Lamentablemente, las disposiciones del TPP siguen siendo secretas, lo que significa que los miembros del público no pueden verlas ni debatirlas. (Los miembros del Congreso pueden leer el texto técnico en condiciones restringidas, pero no tienen permitido describir su contenido en detalle).
A cualquiera que plantee inquietudes legítimas sobre algún aspecto del acuerdo del TPP se le tacha inmediatamente de «proteccionista». La postura de la Casa Blanca es la siguiente: el TPP reducirá las barreras a las exportaciones estadounidenses y, por tanto, aumentará el empleo y los salarios. Desde este punto de vista, todo lo demás es una distracción.
De hecho, el TPP hará poco por las exportaciones, y por una razón evidente. Estados Unidos ya tiene acuerdos estándar de reducción de aranceles con casi todos los países participantes.
Los aranceles sobre el comercio entre Canadá, México y Estados Unidos prácticamente han desaparecido: ese fue el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En virtud de los acuerdos de libre comercio con Australia y Singapur, también se han eliminado casi todos los aranceles sobre los productos estadounidenses vendidos en esos países. Los productos de Estados Unidos entran en Chile sin aranceles desde el 1 de enero; y la mayoría de los aranceles impuestos por Perú ya se han eliminado gradualmente.
El TPP equivaldrá a un acuerdo de libre comercio con Brunéi Darussalam (con una población inferior a 500.000 habitantes) y Nueva Zelanda (menos de cinco millones). Sin duda, es deseable fomentar las exportaciones a estos países, pero es improbable que el impacto económico en Estados Unidos supere un error de redondeo.
Quedan tres países más grandes cuyos asuntos son más complejos: Japón (unos 125 millones de habitantes), Malasia (alrededor de 30 millones de habitantes) y Vietnam (90 millones de habitantes).
Japón se resiste a reducir los aranceles de importación sobre cientos de productos agrícolas, incluida la carne procedente de Estados Unidos. Además, las barreras no arancelarias han obstaculizado durante mucho tiempo, por ejemplo, la exportación de automóviles fabricados en Estados Unidos al mercado japonés. Sigue sin estar claro hasta qué punto el TPP abrirá realmente el mercado japonés a los productos relacionados con el sector automotor.
Además, Japón tiene antecedentes de intervención cambiaria: mantiene bajo el tipo de cambio del yen para impulsar las exportaciones y desalentar las importaciones, con importantes consecuencias negativas para Estados Unidos, entre otros. Actualmente, Japón no lleva a cabo tal manipulación de divisas, y el TPP representa una buena oportunidad para pedir a los japoneses que se comprometan a abandonar esa práctica. Lamentablemente, la administración Obama ha rechazado este camino: la manipulación de divisas está fuera de la mesa, según su postura.
En cuanto a Malasia, han surgido importantes cuestiones relativas al trabajo forzoso en el sector exportador, y debería exigirse el pleno cumplimiento de las normas laborales antes de firmar el acuerdo del TPP. Hay algunos motivos para el optimismo en este ámbito, pero rara vez se cumplen las promesas de aplicar cambios en las normas laborales después de la entrada en vigor de un acuerdo comercial.
En Vietnam, sería sensato fijar como objetivo que las grandes subvenciones concedidas a empresas estatales pasen a basarse en criterios mensurables y de mercado. Los derechos de los trabajadores también son una cuestión importante. Los indicios apuntan a que las negociaciones del TPP avanzan poco, aunque, una vez más, los detalles clave y los posibles acuerdos siguen siendo altamente confidenciales.
Además del comercio, el TPP incluye importantes disposiciones relativas a la inversión, entre las que destacan las relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Aunque Obama afirma que el TPP es el acuerdo comercial más progresista de la historia, Sander Levin, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes —y alguien con acceso pleno al texto—, discrepa. Afirma que, por ejemplo, se restringirá el acceso a medicamentos de bajo costo en los países pobres. Médicos Sin Fronteras, la organización humanitaria galardonada con el Premio Nobel de la Paz, está de acuerdo. (Estos y otros asuntos relacionados se plantearon en un acto reciente en el Capitolio en el que participé).
El TPP también otorgará un estatus especial a los inversores extranjeros, permitiéndoles demandar para obtener indemnizaciones económicas contra las regulaciones de los países anfitriones. Es un misterio por qué querríamos brindar una protección tan diferenciada a empresas no nacionales. Crear un proceso cuasijurídico fuera del sistema judicial ordinario, solo para extranjeros, puede salir mal de muchas maneras.
Como argumentó recientemente Levin en un discurso detallado y convincente, Estados Unidos debería celebrar un debate pleno y abierto sobre estas dimensiones del acuerdo del TPP. Se necesita una deliberación pública y reflexiva sobre las disposiciones incluidas, pues pueden tener consecuencias importantes para Estados Unidos y sus socios comerciales. Lamentablemente, la administración Obama prefiere evitar el debate público sobre cuestiones de fondo y limitarse a insistir en aplicar los procedimientos de vía rápida de la TPA a cualquier acuerdo que se alcance en el marco del TPP.
Eso es un error. Si la administración consigue un acuerdo comercial y este sale mal —en materia de derechos de los trabajadores, acceso a medicamentos, subvenciones estatales o cualquier otro asunto—, ¿cómo beneficia eso al comercio, a los socios extranjeros de Estados Unidos o a la economía estadounidense?
Este artículo se publica en colaboración con Project Syndicate. La publicación no implica que el Foro Económico Mundial respalde estas opiniones.
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Autor: Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, es profesor en MIT Sloan, investigador sénior en el Peterson Institute for International Economics y cofundador de un destacado blog de economía, The Baseline Scenario.
Imagen: Un buque portacontenedores sale de Burrard Inlet, en Vancouver, Columbia Británica, el 6 de marzo de 2009. REUTERS/Andy Clark.
